Ni las sanciones ni las señales de tránsito son un obstáculo para que a diario decenas de conductores estacionen sus vehículos en lugares prohibidos.
En Quito, este tipo de infracción está tipificada en la Ley Orgánica de Tránsito como una contravención leve de segunda clase y en la Ordenanza 247 como una contravención administrativa.
Un análisis comparativo realizado por el Observatorio de Movilidad evidenció que Quito, con seis conductores sancionados por estacionarse en sitios prohibidos cada hora, tiene el segundo índice más alto de Sudamérica. Lo supera Lima, con un índice de 9. Mientras que en Bogotá se registran 5 y en Santiago 2.
Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio de Movilidad, atribuye estas cifras a la falta de una cultura ciudadana y una política poco clara sobre el uso del espacio público. “No existe una disponibilidad real de plazas de parqueo. Tampoco hay incentivos para dejar de usar el auto”.
El pasado jueves, a las 12:30, una camioneta de la Policía, sin placas y con las luces encendidas, se estacionó sobre la ciclovía de la av. Amazonas, entre Cordero y Colón. Un uniformado se bajó del vehículo del lado del copiloto y por cerca de cinco minutos hizo fila frente a un cajero automático.
Dos ciclistas que circulaban por la vía exclusiva se toparon con el obstáculo. Uno de ellos decidió rodear el patrullero por la calzada y el otro por la acera. “Nadie respeta nada”, concluyó Jorge Calderón, ciclista de 56 años. Para él, la contravención cometida por los uniformados genera un riesgo de accidente y viola sus derechos como ciclista.
Según datos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, entre enero y noviembre de este año hubo 26 883 sancionados por mal estacionamiento. Eso significa una recaudación de USD 3 548 556.
Según Buendía, el dinero que se recauda por el mal uso del suelo debe invertirse en resolver el mismo problema que generó esa actitud ciudadana.
Esa opinión la comparte Karina Gallegos, de la Asociación de Peatones de Quito. En el 2007, esa organización inició una campaña que sancionaba moralmente (con adhesivos sobre los parabrisas) a los conductores que se estacionaban en sitios prohibidos. “También se consiguió elevar la multa de USD 4 a la mitad de un salario básico. “Esos recursos deberían utilizarse en obras que mejoren las condiciones de movilidad de los peatones”.
Pero las multas no disuaden. El pasado jueves, entre las 10:40 y las 11:40, en 15 cuadras del Centro Histórico se contabilizaron 25 carros estacionados en sitios prohibidos. Cecilia Sánchez tuvo que caminar de lado para rodear una moto de la Policía estacionada sobre la acera de la Guayaquil. El uniformado, que no quiso identificarse, dijo que los patrulleros podían parquearse sobre las veredas, en emergencias.
Édison Rodríguez conduce una furgoneta de servicio turístico. “En el Centro hay déficit de plazas de parqueo y además no hay un control adecuado de las zonas exclusivas”. En los pasajes peatonales también es común encontrar estacionados camiones, carros particulares y de uso oficial.
Jesús Gómez, asesor técnico de Aneta, explicó que el parqueo en la vía pública está reglamentado. “La norma indica que la zona de parqueo debe empezar a 12 metros de la bocacalle. Pero en la Zona Azul las plazas de parqueo están a solo 2 metros”. Afirma que parte de la cultura vial es el sentido común. “Por simple deducción, un chofer no debería parquearse frente a un garaje”.
Concluyó que los aspirantes a choferes son educados en las escuelas de conducción, pero esas enseñanzas deben ser consistentes con la infraestructura y los sistemas de movilidad en las vías.