18 de February de 2012 00:03

Reforma al transporte aún sigue en espera

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El segundo debate de la ordenanza que establece el Régimen Jurídico del Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros fue suspendido por falta de quórum. La sesión de Concejo del pasado jueves terminó con la presencia de siete concejales.

Faltaron Manuel Bohórquez, Elizabeth Cabezas, Eddy Sánchez, Macarena Valarezo, Fabricio Villamar, María Sol Corral, Pablo Ponce y Luisa Maldonado.

Por más de tres horas, cientos de representantes del transporte público esperaron en los exteriores del Municipio. Entre ellos, Pablo Romero, quien acudió para constatar que las propuestas sean aprobadas. “Queremos que el tema se defina. No sabemos qué va a pasar, esperamos que nos beneficie a nosotros y a los pasajeros”.

El concejal Patricio Ubidia, presidente de la Comisión de Movilidad, expresó su disconformidad al señalar que es una falta de respeto para los transportistas que esperaron durante horas. “Hay que tomar en cuenta que hay personas que han esperado bajo la lluvia para que se defina la ordenanza que va a ordenar el transporte en la ciudad”.

La sesión de Concejo fue suspendida después del segundo llamado de atención del alcalde Augusto Barrera, por la inasistencia de los ediles.

Barrera aseguró que el debate se retomará en una sesión de Concejo extraordinaria, que aún no tiene fecha. “En estas condiciones no puedo someter a votación porque la ordenanza quedaría invalidada. Si no hay nueve votos favorables, la resolución es cuestionada”. El Alcalde agregó que es un tema que está avanzado y pidió paciencia a los representantes del transporte público.

El proyecto plantea tres alternativas: definir la autoridad administrativa del Municipio sobre el sistema de transporte, así como la participación del sector privado y el derecho de los usuarios a un servicio de calidad.

También propone integrar la operación de los tres sistemas de transporte de pasajeros bajo la administración del Municipio: el Metro de Quito, los corredores troncales y el servicio convencional. Y la apertura de la caja común, es decir que todo el dinero que genere el sistema de transporte entre a un fondo común y luego sea dividido equitativamente entre los transportistas.

El proyecto de ordenanza estipula un plazo de dos años para la aplicación de este modelo en el Distrito Metropolitano.

Según las autoridades municipales, el propósito es evitar que los choferes de los buses compitan por pasajeros en las calles y avenidas de la ciudad, como ocurre ahora. Además, organizar de mejor manera las rutas y frecuencias, teniendo en cuenta los horarios y la demanda del servicio.

Los representantes de las cooperativas de transporte siguen a la espera de la resolución.

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