14 de May de 2010 00:00

Una protesta por los desalojos en Pisullí

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Redacción Quito

Dos carpas se levantaron junto al monumento de Simón Bolívar, en el parque La Alameda. Allí, siete personas protagonizan una huelga de hambre. Se oponen a la intervención en la Cooperativa de Vivienda Pisullí, en el norte. En septiembre del 2009, Luis Atilio Valenzuela fue nombrado interventor, por la pugna desatada de dos grupos de dirigentes barriales. La disposición fue del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (Ineps) y de la Dirección Nacional de Cooperativas. José Malquín, dirigente del Comité Pisullí y uno de los coordinadores de la protesta, informó que la huelga se realiza en rechazo a un plan para derrocar cinco viviendas. Además, para exigir el reconocimiento de la Directiva. “Solo buscamos ayuda. Queremos que el Gobierno reconozca nuestras escrituras. Ya derrocaron ocho casas. No queremos que eso vuelva a pasar”. El 30 de marzo, por orden de Patricia Naranjo, comisaría de Laderas del Pichincha, se desalojó a nueve familias y las viviendas fueron derrocadas. La razón: estaban construidas en el área verde del parque Curiquingue. La resolución de derrocamiento se dictó sobre la base de los informes técnicos presentados por la unidad de Control de la Ciudad y de Catastros de la Administración Zonal La Delicia.Con la huelga se trata de impedir más desalojos y rechazar la intervención en la cooperativa. , gerente de la Cooperativa Pisullí, en defender la legalidad en las escrituras. entregadas en su administración.Las siete personas que se declararon en huelga de hambre son Rosa Cifuentes, Nellia Sarango, Juana Limay, Segundo Montenegro, Eduardo Arciniega, Franklin de la Cruz y Raúl Cevallos. Ellos son los propietarios de las casas que podrían ser derrocadas.Ellos ubicaron colchones sobre tablas. Tienen televisión y radio, pero no energía eléctrica. “No nos importa el calor del día ni el frío de la noche. Tenemos hijos y no queremos quedarnos sin casa”, pide Nellia Sarango. La otra Directiva está a favor de la intervención. Juvenal Andrade, dirigente del Frente Cívico 1 de Mayo, con documentos del MIES y de la Dirección de Cooperativas, denunció que el manejo de la anterior administración (gerencia de Édgar Coral) fue irregular. En su opinión, el interventor está garantizando a los socios la obtención de sus títulos de propiedad reconocidos por la Dirección de Cooperativas. “Algo que no se hizo durante 26 años en la anterior administración”. Al respecto, Coral dice que durante su gestión sí se entregaron escrituras legítimas a los dueños e insistió en que el manejo es transparente. En la página electrónica edgarcoral.ec hay videos de los programas de entrega. Participó el ex alcalde Paco Moncayo.Luis Valenzuela, interventor, coincidió en que la huelga de hambre no se justifica. “En 26 años se entregaron solo 300 escrituras. Lo convirtieron en un negocio”, añadió. Él tiene en su poder fotos, en las cuales se observa la invasión a los espacios verdes del parque Curiquingue y a las laderas del Pichincha. Son 180 lotes. “Los desalojos continuarán. El propósito es recuperar el parque donde el Cabildo invirtió USD 870 000 en obras”. Desde que se oficializó la intervención en la cooperativa, se han entregado 300 escrituras a los 662 socios. El 29 de este mes se entregarán 200 escrituras más, en un acto público. El proceso se realiza depurando una lista de 1835 socios. Los dirigentes y socios del Frente Cívico se reúnen todos los domingos en Pisullí.

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