10 de March de 2012 00:04

La polémica por auditoría en el Cabildo continúa

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

Continúa la polémica desatada por la difusión de un informe final de la Dirección General de Auditoría Interna del Municipio a los ingresos y gastos de la Empresa de Desarrollo Urbano de Quito (EPMDUQ) , durante la administración anterior.

Según el informe, ex autoridades de la Empresa dejaron de cobrar arriendos en varios locales propiedad del Municipio, y firmaron contratos en otras áreas sin cumplir con pasos y requisitos de la Ley de Contratación.

En una de las partes medulares del examen se señala que varios restaurantes que operan en locales del Cabildo no pagaron los arriendos de acuerdo al canon legal establecido, por lo cual hubo un perjuicio económico significativo.

No obstante, el oficio No 011786-4054-10, enviado al gerente de la Empresa, Raúl Ayala, el 22 de diciembre, pone en duda los valores cobrados a esos locales, pues establece que se debería cobrar arriendos más bajos. Ese documento está en poder de Diego Vivero, propietario de PizzaSA, que es señalada como una de las empresas que supuestamente no canceló mensualmente USD 971, durante cinco años, es decir que adeudó al Cabildo USD 16 251. No obstante, según Vivero, él siempre canceló los valores fijados por la Empresa de Desarrollo, lo cual está respaldado por recibos y facturas. Y que los créditos que otorgó a los empleados de esa empresa fueron cubiertos por la Empresa, que descontaba los consumos en los roles a sus funcionarios.

“Todos los convenios que tuvimos con la Empresa, los concretamos de buena fe, nunca hubo un pago de favores, toda nuestra actuación es transparente”.

El documento que el dueño del local usará como parte de su defensa para impugnar la glosa está firmado por Mario Vívero, jefe de la Unidad de Gestión de la Propiedad del Inmueble, y se refiere al canon de arrendamiento que el Municipio debe cobrar. Respecto a PizzaSA indica que la tarifa debe ser USD 215. “Imagínese, ese documento del propio Cabildo deja sin piso la determinación de que pagamos menos; por el contrario nos han estado cobrando mucho más, pues mensualmente yo pago USD 700. Evidentemente alguien se estuvo enriqueciendo ilícitamente, a costa nuestra que cumplimos con todas las obligaciones legales”.

Otro de los locales mencionados es el Mea Culpa, que funciona en el Palacio Arzobispal.

Rodolfo Walther, propietario del restaurante, aseguró que los consumos de funcionarios de la Empresa Urbana fueron cancelados en función de convenios vigentes de manera legal. “Sí había un cruce de cuentas, porque o me pagaban con cheque o de alguna forma les tenía que cobrar. El Municipio era un cliente más”. Walther sostuvo que sí daba crédito a esta entidad, pero que no se regalaba nada. “Les cobré hasta el último centavo. Me pagaron eso sí, cruzando cuentas como cualquier negocio”.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)