La propuesta de financiar el plan vial mediante una tasa al consumo de gasolina, extra y súper, pierde respaldo en el Concejo Metropolitano del Distrito .
Los concejales Patricio Ubidia y Elizabeth Cabezas, ambos del bloque de Alianza País (AP), confirmaron ayer que no están de acuerdo con esta alternativa presentada a los ediles por la Secretaría de Movilidad.La negativa al respaldo se suma a otras voces de los concejales que no son de AP. Incluso, Cabezas y Ubidia expusieron su opinión en el taller, a puerta cerrada, realizado el pasado lunes con el alcalde Augusto Barrera. Ambos presentaron otras alternativas.
Los ediles se oponen porque creen que una tasa al combustible tendría impacto en la economía de la gente y sería una medida inflacionaria.
En otro taller, dedicado a la prensa, Barrera anunció que la cantidad que se proyecta recaudar por esa tasa no interesaba mucho. “Es importante que esto (la propuesta) entre a debate. La tasa a la gasolina es el tema más sensible, políticamente hablando”.
En la propuesta de la Secretaría de Movilidad se calcula recaudar USD 40 millones por concepto de una tasa de desarrollo vial; esta consiste en ubicar peajes.
La segunda tasa planteada es por congestión vehicular y que generaría dos ingresos: USD 40 millones por el cobro de una tasa en la matriculación vehicular de los 415 000 autos del Distrito y otra tasa aplicable a la facturación de autos nuevos. Esta última alternativa permitiría al Municipio recaudar USD 22 millones.
En el planteamiento a la tasa por contaminación vehicular, que no es respaldada por los ediles, se proyectó un ingreso de USD 15 millones. El 46% provendría de la súper y el 54% de la extra. El cálculo se hizo con un incremento de USD 0,07 en la primera y de USD 0,20 en la súper.
Ubidia, presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo, asegura que ya ha expresado su oposición a Barrera ante el planteamiento. Él propuso en el debate nuevas alternativas.
Una de esas es trabajar con empresas privadas de la ciudad. Por ejemplo, según Ubidia, hay casas de automotores que tienen más de 40% de su parque en Quito.
La propuesta del edil es buscar la posibilidad de abrir un fideicomiso con empresas privadas y que esos recursos se destinen a las obras viales.
Esta alternativa también se enfoca a buscar financiamiento por un posible apoyo de los centros comerciales, como parte de un costo por beneficio ambiental y se apunta a un cobro por la licencia ambiental en bares, que renueva el Cabildo cada año. Todas las posibilidades permitirían recaudar USD 15 millones, dejando de lado la tasa al combustible.
Otra propuesta que entrará a debate, presentada por Ubidia, apunta al negocio de la telefonía celular. Según la investigación del concejal, en la capital hay 2 000 000 de usuarios que utilizan este servicio, de los cuales el 80% funciona con el sistema prepago y el 20% con tarifas de plan; este último cálculo representa aproximadamente 400 000 usuarios de celular.
“La idea sería que las empresas de móviles aportasen con una parte de sus utilidades, sin que les afecte a la economía ni a los costos de los usuarios del celular”.“Las operadoras -dijo- solicitan incrementar el número de antenas y los permisos ambientales, correcto; así como tienen utilidades millonarias, pedimos corresponsabilidad social a la ciudad”.
Ubidia hizo números y cree que mediante un aporte de USD 2 al 20% de usuarios que está en plan, entregados como un aporte de las operadoras, se lograrían recaudar USD 15 millones.
La figura legal planteada sería la misma de una tasa. El concepto: por responsabilidad social y ambiental con Quito. Una tercera propuesta planteada es un fidecomiso donde los ciudadanos puedan hacer un aporte voluntario para financiar las obras viales.
Hay otras propuestas. Elizabeth Cabezas también mostró otros caminos de financiamiento. Uno de esos es analizar cómo utilizar los recursos urbanísticos que se generan de la inversión pública en propiedades y terrenos.
“Le pongo un ejemplo sencillo. Hay un proyecto de una gran vía. Los lotes y terrenos que están alrededor de la vía suben de precio, por tener mejor accesibilidad. Los costos para la venta del terreno suben, hay un incremento en la plusvalía. Ahí hay un impuesto a la plusvalía que deja al Municipio una cantidad irrisoria”.
Cabezas puso de ejemplo lo que ocurre en ciudades, como Medellín, donde se utiliza este mecanismo. También se debate la alternativa de financiar obras con un sistema de lotería -como la permitiría el Código de Ordenamiento Territorial (Cootad).
Barrera dijo que no había seguridad en el planteamiento porque se desconocía el funcionamiento de las loterías y que tampoco conoce la posición de la Presidencia . “No he podido conversar con el Presidente”.