La Ordenanza que regula el transporte escolar en Quito se aprobó ayer por unanimidad de los concejales que asistieron a la sesión del Concejo Metropolitano. Fueron 14 votos en total, incluido el del alcalde Augusto Barrera.
El concejal Eddy Sánchez, vicepresidente de la Comisión de Movilidad, informó que se prevé que el proceso de regularización concluya sin complicaciones.
La Ordenanza estipula que los transportistas en proceso de legalización que no tengan licencia profesional no podrán conducir los buses. “Tienen que delegar esa función hasta que obtengan el documento”.
En el tema tarifas, se respetó lo que define el acuerdo ministerial sobre el servicio: los planteles educativos no podrán retener más del 10% del valor total que paga el padre de familia. Según Patricio Ubidia, presidente de la Comisión de Movilidad, hay denuncias contra planteles que suben los precios del servicio a los estudiantes, pero el transportista no recibió el incremento.
Sánchez indicó que la norma no fija valores. “Estos se definen en una relación contractual entre los padres, autoridades de los establecimientos educativos y transportistas”.
Además, en la sesión se indicó que de acuerdo con el Régimen Transitorio, mientras dure el proceso de legalización, no se aplicará el pico y placa para los inscritos.
Sandra Pozo, titular de la Asociación de Transporte Escolar, agradeció por la aprobación de la norma y enfatizó que son 1700 familias las que tendrán un trabajo seguro. En total, dijo Ubidia, se inscribieron 2720 personas. Se prevé que el proceso concluya a mediados de septiembre. Sobre las licencias, Pozo aseguró que un 28% de los transportistas ya asiste a los cursos.