17 de June de 2010 00:00

Las multas por romper los sellos del Cabildo se analizan

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Redacción Quito

El Municipio busca intensificar el control en los locales de tolerancia que funcionan en el Distrito. La Comisión y la Secretaría de Seguridad del Cabildo analizan un proyecto de ordenanza reformatoria, que apunta a respetar el uso de suelo y a aumentar las sanciones para los infractores. Según el concejal Norman Wray, vicepresidente de la Comisión, el propósito no es combatir el trabajo sexual, sino los delitos que pueden camuflarse dentro de los locales de tolerancia.El proyecto fue presentado por la Secretaría de Seguridad. Uno de los puntos que se plantea es que los comisarios metropolitanos puedan imponer multas a quienes no respeten los sellos de clausurado. Para Wray, este es un punto importante, ya que la rotura de sellos, después de las clausuras, son frecuentes en la ciudad. Recuerda que luego del operativo realizado el 21 de mayo último cerraron dos cabarés en la ciudad. “Sin embargo, estos abrieron sus puertas pocas horas después, tras destruir los sellos municipales”.Romper sellos y abrir un local pese a una prohibición es un delito. Según el Código Penal, esta acción, que se conoce como desacato a la autoridad, se sanciona con seis meses a dos años de prisión.Otra de las reformas es imponer una multa de USD 1 000 para quienes destruyan los sellos y de USD 3 000, para quienes reincidan. El proyecto de ordenanza también busca sancionar a los propietarios de los locales, que generalmente arriendan los negocios o predios a los administradores. Actualmente se sanciona solo a los arrendatarios de los inmuebles. “Es tan responsable quien realiza la actividad como quien lo arrienda. Los dueños o representantes legales deben dar la cara frente a las ilegalidades”, añade el concejal Wray. En Pichincha hay 214 prostíbulos catastrados y otros 200 sin registro, según la intendenta de Policía, Lourdes Garcés.Para ella, la solución a este problema va más allá de las clausuras a estos negocios. “La solución no está en cerrar los locales. Por experiencia sé que las trabajadoras suelen salir y se ubican en las calles, lo cual genera un problema mayor” En su opinión, la solución es que el Municipio establezca una zona de tolerancia, en condiciones adecuadas. Eso, incluso permitiría un mayor control para las autoridades locales”.Margarita Carranco, ex concejala quien impulsó este tema en la administración de Paco Moncayo, sugiere que se reactive una mesa permanente para analizar esta problemática.“Tenemos que aprender a convivir y, para ello, se debe reactivar una mesa permanente”. La ex funcionaria cree que debe haber una legislación conjunta entre todas las autoridades. Así se evitaría que si el Municipio clausura un local no lo abra la Intendencia o el Ministerio de Salud.Se aspira a que el proyecto de ordenanza municipal sea analizado por la Comisión de Seguridad del Municipio. El propósito es que máximo en dos semana entre a primer debate en el Concejo Municipal. Wray dice que la nueva normativa debe ser aprobada máximo en dos meses.

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