Una gruesa puerta de madera se abre y se cierra en cuestión de segundos. Hay personas que entran y salen apresuradas. Miran a los dos lados de la vía y aceleran el paso al caminar. Algunas lo hacen por la misma vereda o se cambian a la acera del frente.
Así es una escena cotidiana en la tradicional calle Venezuela, en el centro. Eso sucede, específicamente, en la primera cuadra de la transitada vía, que comprende el tramo entre las intersecciones con las calles Loja y Ambato.
Allí, cerca de la plaza 24 de Mayo, se puede escuchar a los vecinos aconsejando a los turistas, nacionales o extranjeros, a no avanzar por esa calle para evitar robos.
Los vecinos cuentan cómo es convivir en este sector del Centro Histórico, con la única condición de que no se publiquen sus nombres ni sus datos.
“El peligro está en una de esas casas donde entra y sale gente de todo tipo. Hay rumores de que allí se venden drogas”, cuenta Andrés T., de 36 años.Él vive en el sector desde hace dos décadas. Recuerda que hace seis años se reubicó la Unidad de Policía Comunitaria y la inseguridad aumentó en el lugar. Por esta zona, a pesar de los continuos patrullajes, hay robos todos los días.
Incluso, en los negocios se colocaron puertas metálicas. Los dueños atienden a los clientes detrás de las rejas. Hay habitantes que identifican a las casas donde se presume que hay venta de drogas como el lugar de los ‘polveros’.
Ningún vecino dice conocer al propietario de la vivienda que genera desconfianza entre los moradores del sector. La fachada es de arquitectura colonial. Adentro, las paredes están destruidas.
Curiosamente, a las 11:32 de ayer, los policías recorrían las calles de la zona. Ellos tampoco se identifican, pero cuentan que el patrullaje no alcanza para custodiar todas las vías del centro. “La tarea se complica. Les perseguimos a los presuntos ladrones y se esconden en viviendas. Allá no podemos ingresar sin orden de un Juez o de la Intendencia”.
Eso ocurre, por ejemplo, en la calle Espejo y Montúfar. En la intersección de estas dos vías hay inmuebles que abren sus puertas para que las trabajadoras sexuales que permanecen en las veredas ingresen con sus clientes.
En el lugar, a diario, se reportan riñas callejeras o asaltos, especialmente por las noches. Según un informe del Observatorio Metropolitano de Seguridad, hay viviendas que se han convertido en guaridas y puntos de comercialización de droga.
La deteriorada infraestructura de las casas influyó para que fueran descuidadas y deshabitadas por sus propietarios. Muchos de esos inmuebles son parte de los bienes Patrimoniales Inventariados, según el registro de 1990.
Tomando como base ese informe, el Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural trabaja en la actualización de las fichas arquitectónicas, en los 4 868 inmuebles, aproximadamente.
Uno de ellos está ubicado en la calle Rocafuerte, entre Venezuela y Guayaquil. Otros están levantados cerca de la plaza de Santo Domingo. En La Recoleta, los vecinos muestran mucha cautela a la hora de hablar sobre la inseguridad que se esconde en algunas casas patrimoniales.
“Pasadas las 21:00 es frecuente la compraventa de droga. Hay robos. Muchas de estas casas son arrendadas a personas desconocidas. No hay control. En algunas viviendas se arriendan cuartos por USD 5, 7 ó 10 la noche. Eso genera inseguridad”, cuenta Rafael M., vecino de la Montúfar.
Para identificar los inmuebles que generan inseguridad entre los vecinos hay que recorrer las 281 manzanas de los 16 barrios del Centro Histórico.
Según el mapa del instituto, la casa ubicada en la Venezuela es parte del registro que cuenta con una ficha patrimonial, que deberá ser actualizado. En su momento, sus ocupantes tendrán que responder las características técnicas y arquitectónicas de las edificaciones. Además, si se han hecho modificaciones.
Entrevista
Lauro Nina
Director de Inventario
‘El inventario se actualizará hasta junio’
¿Porqué hubo demoras en la actualización del inventario de las casas patrimoniales?
No tengo conocimiento de eso. Esta oficina funciona en esta administración. Antes no teníamos los medios informáticos. Ahora, el inventario va a ser permanente y digital. Eso permitirá mejorar el control con comisarías y planificación en las construcciones.
Quiere decir que la información estaba en papel…
Claro. No había medios electrónicos. Habían fichas. El inventario se conservaba y eso sirvió para hacer proyectos, pero no tenían un uso continuo. Con los nuevos elementos, queremos un mejor procesamiento.
¿Qué información contendrá el inventario?
Algunas, pero básicamente las características del inmueble, los datos generales, investigación sobre el período en el cual fue construido, a quién pertenece, el estado en el qué está y su conservación y los valores arquitectónicos. También estudiamos las amenazas y la vulnerabilidad de los bienes.
¿Cuánto cuesta y quién realiza el estudio?
Actualizar el Inventario de los 16 barrios del Centro cuesta USD 600 000. Estamos trabajando con el Colegio de Arquitectos de Pichincha. En febrero estará lista la primera etapa. Empezamos por La Tola, San Marcos, La Loma Grande, La Recoleta y San Sebastián. En junio estará el informe final.
¿Qué se hará con toda esa información?
Principalmente, nos permitirá saber cómo está el patrimonio de la ciudad. También tendremos al alcance un registro fotográfico. Con todo este diagnóstico se podrán tomar medidas para la preservación.