2 de March de 2011 00:00

El informe pericial financiero de la Cooperativa Pisullí está listo

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La Cooperativa de Vivienda Pisullí entra en una fase decisiva de su accidentada vida de 27 años.Este capítulo se abre con un extenso informe de Tania Moreno Lucero, perito acreditada por el Consejo de la Judicatura para el caso nro. 10 01 12033, que analiza los movimientos económicos de los tres últimos períodos –entre el 2002 y 2008- que presidió Édgar Coral Almeida, uno de los promotores de la ocupación, en 1983. El informe de Moreno está dirigido a Luis Ramiro Sánchez León, Fiscal nro. 9.

La Fiscalía General del Estado emitió sendos oficios a varias instituciones solicitando información bancaria, de seguridad social y de rentas. Entre otras, se requirió al IESS, Banco del Pichincha, Unibanco, Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil, Ministerio de Inclusión Económica y Social –MIES-, Servicio de Rentas Internas.

Moreno reunió 5 436 hojas para su informe que se presenta en el contexto de un juicio planteado a Édgar Coral por Segundo Campoverde en su calidad de procurador común de 200 socios del Comité de Desarrollo Comunitario 1 de Mayo, de Pisullí.

Campoverde, residente en Pisullí, dice que Coral no ha presentado balances de ningún año.

“Queremos saber -dice- cuál fue el destino del dinero recaudado, en los últimos seis años, en Pisullí”. “No pedimos cuentas de los otros años, todo ya prescribió”.

Molesto, califica a Édgar Coral de “traficante de tierras y de aprovecharse de las necesidades de la gente humilde”.

El informe contiene un cuadro de las cuentas en los ingresos: fecha, institución bancaria, quién giró el cheque y el valor pagado.

En el informe se menciona que el Gerente habría recibido USD 33 042,72 por salarios.

Según Moreno, Édgar Coral no mantuvo, en su administración, una adecuada organización financiera porque la Cooperativa Pisullí, en liquidación, “no me entregó ningún documento financiero”. “Se estableció que únicamente las Declaraciones de Impuesto a la Renta corresponden a 2004 y 2005 por lo que se cancela las multas de USD 709,80 y USD 541,62, respectivamente”.

En una oficina del MIES, que ocupa la cooperativa, el doctor Luis Valenzuela, liquidador desde el 28 de junio del 2010, coincide en que en 26 años no se entregó la totalidad de las escrituras, -la razón de ser de una cooperativa- ni balances, documentos ni libros económicos de los últimos ocho años. Valenzuela se apoya en un informe de la Dirección Nacional de Cooperativas. Dice que en el último año han entregado cerca de 1 000 escrituras, frente a las casi 300 de la gestión de Coral. Valenzuela añade que existen 160 terrenos baldíos y que Coral dio paso a su ocupación.

Sostiene que legalizarán a los primeros posesionarios, del 2009, ya que los lotes otra vez son reinvadidos. “La gente duerme ahí para cuidarlos”. Cuestiona a Coral porque al parecer no calificó a 600 socios, un paso clave para legalizar los lotes. “Aquí recién los calificamos”. “También -según Valenzuela- parte de las áreas verdes del parque ecológico Curiquingue han sido invadidas. 

Édgar Coral: sí entregué los balances

Édgar Coral afirma que se está hablando de un proceso de orden judicial en el que no ha sido notificado.

“Se entiende que este informe es parte de una indagación previa y, desde el punto de vista de lo que establece la normativa jurídica vigente, el Código Procesal Penal establece que un proceso de esta naturaleza debe estar en conocimiento de las dos partes y tiene un carácter reservado”.

Coral se ampara en el artículo 215 de dicho código que establece la reserva de estos documentos (el informe del Consejo de la Judicatura). “No me han notificado, eso es atentar contra el buen nombre y el honor de las personas”.

Además -dice- el Banco Pichincha ha irrespetado la figura jurídica del sigilo bancario, pues la información que guarda es personal y privada.

De sus ingresos (2002-2008), explica que es absurdo que el banco haya permitido “que yo tenga egresos superiores a USD 40 000; jamás pedí crédito al banco como para decir que he hecho egresos superiores a mis ingresos”. Sobre los montos de su gestión, señala que la perito no establece que la diferencia -USD 132 079- sea un faltante. “Ella habla de diferencias entre ingresos y egresos”. Coral dice que sí entregó balances a la Dirección de Cooperativas.

Muestra copias notarizadas con fecha de recepción del Ministerio de Bienestar Social, del 2003, 2004 y 2005, 2006 y 2007. Niryan Valencia, asesora en contabilidad, sostiene que los 33 042,72 era el rubro de salarios de los seis empleados. Coral exhibe un documento notarizado (2006) que inculpa a Andrade de tres delitos contra la propiedad.

Andrade tiene un certificado policial (2011), el cual dice que no registra antecedentes penales.

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