Hace 11 años se constituyó en Quito la organización Diabluma. En sus estatutos se identifica como una organización política no electoral de izquierda radical.
Desde sus inicios, los integrantes fueron jóvenes de las diferentes culturas urbanas, principalmente roqueros, que buscaban por medio de la música participar de forma activa en los procesos sociales y políticos que se realizaban en el país. Así lo recuerda Cristian Pérez, activista de la agrupación Diabluma.
Una de sus banderas de lucha fue en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC), que les dio protagonismo en el 2004, año en el cual buscaron una vinculación con el movimiento indígena.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) permitió su acceso a las asambleas. Miembros de la organización activista tuvieron voz, más no voto. Ellos dicen que por ello, la alianza no tuvo resultados. Para las elecciones del 2006, la organización buscó unirse con los sectores de izquierda del país. Sin embargo, por discrepancias ideológicas no llegaron a un acuerdo definitivo.
Ninguno de sus integrantes participó como candidato en las elecciones. Para la segunda vuelta, realizada el 26 de noviembre del mismo año, hicieron campaña en contra del empresario y ex candidato presidencial Álvaro Noboa, y por consecuencia a favor del actual presidente Rafael Correa.
Para la elaboración de la nueva Constitución, que fue aprobada en el referendo de septiembre del 2008 y fue publicada en el Registro Oficial el 20 de octubre de ese mismo año, enviaron sus propuestas hasta Montecristi.
Para Dayanara Sánchez, otra activista, fue un triunfo que fuera acogido su principal planteamiento, ahora consagrado en el artículo 31 de la Constitución. Hace referencia al reconocimiento de las culturas urbanas en el Ecuador.
Desde antes de su consolidación como organización política, Diabluma ya realizaban protestas “abolicionistas” en las afueras de la plaza de toros Monumental Quito. En el 2011, el presidente Rafael Correa llama a consulta popular. La pregunta con referencia a la prohibición de los espectáculos que tuvieran como finalidad la muerte de un animal fue incluida. Sin embargo, este año no se suspendió la Feria Jesús del Gran Poder, por una ordenanza municipal que solo prohíbe la muerte del toro en el ruedo.
Ante lo que ellos consideran un irrespeto a la Constitución, retomaron las protestas. El jueves pasado marcharon por el Centro y el día de la elección de la Reina irrumpieron en el escenario.
Esa actitud fue rechazada por el Concejo Metropolitano. Los ediles lo calificaron como un acto de agresión y una muestra intolerancia. Para Milton Calahorrano, presidente de la Asociación de Toreros, la posición de los antitaurinos es muy radical. “Hay arte y cultura detrás de la fiesta”.
Entrevista a Felipe Ogaz/ Vocero de la organización Diabluma
‘Nuestro fin es abolir la fiesta brava en Quito’
¿Con qué finalidad se crea Diabluma?
Diabluma es una organización política y una propuesta de identidad en constante transformación y cuestionamiento. Su finalidad es cambiar el modo convencional de producción y, por ende, la relaciones entre los seres humanos y su relación con los animales.
¿ Son una organización política aliada al Gobierno?
Más allá de ser un grupo aliado, somos una organización que apoya las buenas propuestas, más no a una persona. Hicimos campaña de apoyo a la nueva Constitución, porque reconoce a las culturas urbanas y su derecho al espacio público. De la misma manera apoyamos la consulta popular, principalmente la pregunta 8.
En la pregunta 8, el 50,8% de los quiteños dijo sí a la prohibición de espectáculos que tengan por fin la muerte de un animal. ¿En su opinión por qué siguen las corridas?
El Municipio creó una Ordenanza especial para seguir realizando la feria. Esta decisión es un insulto al pueblo quiteño. El alcalde Augusto Barrera en su afán de quedar bien con nosotros y los taurinos generó conflicto entre las partes y permitió que se irrespete la voluntad popular.
Frente a esto, ¿qué acciones han realizado?
A más de la marcha multitudinaria del 1 de diciembre, día de Rumiñahui, presentamos una demanda de inconstitucionalidad para la Ordenanza 127 que es la que reemplaza a la 106 y permitió el desarrollo de la feria.
Este año continuó la muerte del animal y la fiesta brava quedó inconclusa. ¿Quien ganó?
El objetivo es hacer prevalecer los derechos de los animales y, sobre todo, la voluntad del pueblo. No descansaremos hasta conseguir la abolición.