26 de May de 2012 00:02

El cierre de 19 minas alivia a San Antonio y golpea a la construcción

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Una montaña de vetas rosadas resalta en el paraje gris y ardiente de San Antonio de Pichincha.

La montaña contrasta con el verdor de Perucho y Guayllabamba, al oriente. El río Guayllabamba es una cinta café que corre entre algarrobos y pumamaquis.

En esta zona árida hay la sensación de que todo es estático. Pero no es así. El juego de colores y matices es camaleónico: en cada rincón, en cada pliegue de las laderas trizadas por la extracción de materiales de construcción; en las arrugadas y secas colinas, donde 19 minas han sido cerradas por disposición de la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito, el pasado 28 de marzo.

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Según una serie que publicó Últimas Noticias en esta semana, 5 000 familias viven de las canteras de San Antonio.

Los trabajadores, como Walter Ortiz, de la mina El Guabo, se desesperan por la falta de trabajo.

“Pasamos los días limpiando la maquinaria y mejorando los taludes, haremos los cambios que las autoridades nos pidan”.

Otro sector golpeado es el de la construcción, porque los materiales básicos -como ripio y arena- acusan una subida sin precedentes. Eduardo Castro, gerente general de Eco y Arquitectos, una de las constructoras más grandes de Quito, dice que en las minas de San Antonio 1 m³ de arena y ripio se cotizaba, antes del cierre, a USD 3. “Hoy, en las ferreterías de Quito se consigue a USD 21; una volqueta -carga 8 m³ de material- se vendía en USD 40 en las minas; en el centro-norte de Quito (entre San Carlos y Miraflores está a USD 65; y al sur, USD 130 y hasta 150 por el costo del viaje)”.

Ahora, el material viene de las minas de Píntag y de Otavalo.

El arquitecto Castro explica que el cierre, además de subir los precios, alarga el tiempo de la construcción. “En nuestros proyectos, como Ciudad Serrana -1 400 casas de interés social, en el sur- los 68 obreros se impacientan, el ripio y la arena llegan más tarde”.

Otro contraste: la gente de San Antonio, de 60 000 habitantes, tiene un respiro, ya que el polvo de las minas afecta la salud.

Eso dice Ofelia Dávila, presidenta de la Junta Parroquial.

Dávila pidió, mediante oficio N. 173-2012-Gpsap, ingresado al Ministerio de Recursos No Renovables (2 de marzo del 2012), un análisis de la operación de las canteras de San Antonio, del área de San Catequilla, y el cierre técnico definitivo.

A su vez, la Agencia de Regulación y Control Minero -Arcom- hizo el análisis de las 19 canteras (ver tabulado).

En el documento, al que accedió este Diario, se destacan los puntos críticos: varias minas no han afiliado al IESS a su gente, no hay planos de perfiles topográficos, las reservas minerales no están actualizadas, no hay charlas de capacitación y faltan permisos del Ministerio del Ambiente.

En su oficina de la confortable casa de la Junta Parroquial, Dávila dice que solo nueve canteras están registradas, “no conocemos el número exacto de las ilegales, operan sin permisos”.

Dávila reconoce que hubo diálogos con mineros y volqueteros (600 volquetas trabajan).

Ella solicitó el informe al Ministerio de Recursos No Renovables.

En las 19 minas estudiadas hay carencias: algunas no trabajan con terrazas y taludes, otras no pagan los impuestos; unas cumplen ciertos pasos, otras no.

[[OBJECT]]La funcionaria exige que todas estén en regla. “No entiendo por qué se concesionan minas por 30 años, las montañas están casi acabadas, la concesión debiera ser provisional, por cuatro años, para ver cómo trabajan”.

“Aquí se ha hecho -sostiene- lo que les da la gana, se dañó el paisaje, hay una grave contaminación, un exceso de partículas nocivas -los males comunes, rinitis, rinosinusitis, fibrosis pulmonar”.

Dávila pide que los mineros cumplan con los planes de regulación ambiental, que los choferes usen carpas en las volquetas, pues saltan las piedras, provocan accidentes y dañan la autopista. “Todos deben someterse a la ley”.

Mientras tanto, el ambateño Walter Ortiz, de la mina El Guabo, se convierte en guía de la zona minera, en la vieja y polvorienta vía a San José de Minas.

A Ortiz se suma Javier Angos, dueño de la concesión minera Rosita, que opera desde hace 10 años, el mismo tiempo de El Guabo. Los dos culpan a los mineros ilegales de meterlos en el mismo saco. “No es justo -coinciden- ellos nos hacen quedar mal; nosotros pagamos impuestos, una patente semestral (de USD 5 000 o más, según la producción, al Ministerio de Recursos No Renovables); estrictas normas técnicas, mediante taludes que estabilizan la explotación, afiliación al IESS para los obreros –alrededor de 15 por mina-, y reforestación”.

“El color rosado de aquella montaña proviene de la lava petrificada del vecino volcán Pululahua, esa arena es muy cotizada”, dice Ortiz, de 49 años.

Desde el filo del camino, abajo, se ven El Guabo y Rosita, como las ruinas circulares de una ciudad devorada por el polvo.

Píntag es verde por los cuatro costados. La zona minera está a 11 km al oriente del pueblo. Las volquetas pasan a cada instante: se ve que aprovechan el cierre de las minas de San Antonio. El camino empedrado cruza por bosques y pastizales para ganado.

Sana Envidia 1 y 2 es una vasta ladera de piedras de hasta 10 m de alto y de 2 cm. El trabajo arranca de 07:00 a 18:00.

35 volqueteros pagan USD 25 por 8 m3 de ripio y arena y en las ferreterías de Los Chillos y Amaguaña venden a USD 11el 1 m³.

De Píntag viene el ripio  

El trabajo en Píntag, parroquia quiteña, es intenso. Alrededor de siete minas trabajan para abastecer la demanda de Quito, Sangolquí, Amaguaña, Tumbaco.

Francisco Morales, despachador de Sana Envidia 1, dice que los papeles están en regla. Allí trabaja la Asociación Barrio Concepción (Los Chillos). Un volquetero cobra hasta USD 100 por viaje a Los Chillos, hacen 2 ó 3.  

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