Con 11 votos a favor, fue aprobada ayer, en segundo debate, la Ordenanza sobre licencias urbanísticas de habitabilidad y edificación en el Distrito. Esta normativa permitirá retomar el procedimiento para la aprobación de planos y el control de construcciones.
Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio, explicó que con esta normativa no solo se necesitará registrar los planos. También deberán pasar por un proceso de revisión exhaustivo. Para esa revisión se incorporó la creación de entidades colaboradoras de carácter privado, que pueden ser empresas, colegios, gremios profesionales, etc.
A estas entidades se les encargará el proceso de revisión, que incluirá el análisis del estudio de suelos, aspectos constructivos, arquitectónicos, entre otros. “Hasta la aprobación, el proceso no tardará más allá de 45 días”. Pero no se delegará la facultad aprobatoria. Es decir, una vez cumplido este proceso, los informes pasarán al Municipio para su validación.
Según la propuesta aprobada, se establece un plazo de 180 días para estructurar los sistemas tecnológicos y operativos para iniciar el procedimiento. Mientras tanto seguirá vigente el sistema actual que solo implica el registro de planos.
Otro cambio importante está en el control. Actualmente, las comisarías de la construcción funcionan en las administraciones zonales. Según Cabezas, el hecho de que el mismo ente autorice y supervise una obra generaba un cruce de responsabilidades. Con la aprobación de la norma, será la Agencia Metropolitana de Control el ente encargado de la supervisión de las construcciones.
Las funciones, tarifas, responsabilidades y sanciones para las entidades colaboradoras que incumplan el procedimiento de revisión serán parte de un reglamento de cooperación. “Además tienen que entregar garantías a favor de la Municipalidad sobre la eficiencia y eficacia del trabajo”.
El debate sobre las construcciones se activó a raíz del derrumbe de un muro, el 1 de noviembre. Ocurrió por una falla en el procedimiento constructivo en el anclaje de los muros de claveteado, en el proyecto del edificio Carolina Milenium, en la Andrade Marín y Eloy Alfaro. Eso, según Fernando Lara, administrador municipal de la zona norte.
Eddy Sánchez, de la Comisión de Territorio, dijo que más allá de las inspecciones solicitadas por los constructores, se deben ejecutar supervisiones permanentes y preventivas como se establece en la ordenanza vigente.
Ayer, el arquitecto Édison Defaz supervisaba los trabajos de reanclaje de los muros, en la calle Andrade Marín. Personal de la Epmmop trabaja en un levantamiento topográfico del sector.
El miércoles, el Municipio, a través del procurador Ernesto Guarderas, demandó civilmente a Gonzalo León, de GLS Constructores, responsable de la construcción del edificio Carolina Milenium. El documento se presentó ante la jueza de Contravenciones de Pichincha, Gladys Angos.
La demanda se basa en el artículo 606, numeral 4 del Código Penal, sobre la afectación a vías públicas por excavaciones u otras obras. Entre las afectaciones que constan en la demanda están el derrumbe de un 80% de la calle Andrade Marín y la fisura en parte de la Eloy Alfaro y el pavimento de los edificios cercanos. Además, los daños a las redes de agua potable y alcantarillado.
El martes, en un operativo se suspendió la construcción de dos edificios en el norte: Catalina Parc y Cristal Park. El responsable de la construcción del primero, Tommy Schwarzkopf, dijo que tienen todos los documentos exigidos en regla.
Los nuevas licencias
En la Ordenanza aprobada ayer se establecen cinco clases de Licencias Metropolitanas Urbanísticas (LMU) en el Distrito.
Para las licencias de edificación habrán tres procedimientos. Un simplificado para construcciones de hasta 40 m2. El ordinario para intervenciones mayores y un procedimiento especial para edificaciones en áreas patrimoniales, proyectos de vivienda, entre otros.
En 6 meses, a partir de la promulgación de la Ordenanza en el Registro Oficial , los organismos competentes deberán completar el proceso de acreditación de los servicios de las entidades colaboradoras para la revisión.