Quito

El ajuste del Impuesto Predial está en suspenso

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21 de December de 2011 11:03

La jueza Elizabeth Cárdenas pidió la suspensión de las reformas a las ordenanzas que facultan al Municipio la revisión de las tarifas y el reavalúo de los predios

La jueza adjunta del Juzgado Primero de Trabajo de Pichincha, Elizabeth Cárdenas Coronado, otorgó las medidas cautelares solicitadas por Antonio Ricaurte, ex candidato a Alcalde de Quito.

El 13 de diciembre pasado, él presentó una acción constitucional en contra del Municipio de Quito, por la reformas a las ordenanzas para el reavalúo de los 750 000 predios registrados en el Distrito y para el ajuste del Impuesto Predial.

La Jueza avocó conocimiento de la acción y fijó una audiencia entre las partes para mañana, a las 08:30, “para que los involucrados presenten todas las pruebas pertinentes sobre el proyecto de reformas al régimen impositivo tributario y los lineamientos de política tributaria a implementarse”.

Además, en su pronunciamiento, la Jueza explica que “se conceden las medidas cautelares solicitadas, conforme los señala el artículo 87 de la Carta Magna y 26 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, por lo que se ordena la suspensión de las ordenanzas”. La Jueza solicitó que se oficie al Registro Oficial y se notifique al Procurador General del Estado.

En un comunicado oficial, las autoridades municipales rechazaron ayer el pronunciamiento de la Jueza, argumentando que “se extralimitó en sus competencias”. “Ordenó la suspensión de las ordenanzas, cuestión que nunca fue solicitada por el accionante, además dichas ordenanzas ya fueron publicadas en el Registro Oficial, antes de la providencia”, se explica en el documento.

Las autoridades municipales insistieron en que la Jueza incurrió en responsabilidades civiles, penales y administrativas, por lo que el Cabildo tomará las acciones legales correspondientes. Hasta la tarde de ayer (15:00), la providencia de la Jueza no fue notificada oficialmente al Municipio de Quito.

Para Ricaurte, el propósito de la acción constitucional, a parte de suspender la publicación de las reformas a las ordenanzas en el Registro Oficial, busca generar una reflexión: “Se cobra un impuesto cuando hay obras. En Quito hay obras inconclusas y problemas no resueltos”.

El 9 de diciembre pasado, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó en segundo debate las reformas a las ordenanzas para la revalorización de los predios en la ciudad. Según la explicación de Rubén Flores, administrador del Municipio, los propietarios del 75% de los inmuebles no pagarán más de USD 16 de incremento en el Impuesto Predial del próximo año. El 25% restante sí asumirá incrementos que van desde USD 35 hasta USD 10 700.

En la reunión del Concejo, el alcalde Augusto Barrera explicó que para el próximo año, en ningún caso, los propietarios de los predios tendrán que pagar más del 30% de incremento. La mayoría de ediles votó para que el ajuste sea cada dos años.

La propuesta de reavaluar los predios y fijar nuevas tablas para el pago del Impuesto Predial fue presentada por la Comisión de Presupuesto y Finanzas del Municipio de Quito, presidida por la concejala María Sol Corral. Ella, aseguró que solo están cumpliendo con un mandato establecido en el Código de Ordenamiento Territorial (Cootad), puesto que desde el 2005 no se han registrado ajustes en el predial.

Con la revisión de las ordenanzas, el Cabildo aspira a recaudar unos USD 14 millones más el próximo año, por concepto del Impuesto Predial. También se modificó la ordenanzas para la obligatoriedad de la Patente Municipal. Hasta este año solo es obligatorio para quienes realizan actividades comerciales, desde el próximo también lo harán quienes desempeñan actividades profesionales en el Distrito.

Dentro de la propuesta de la Comisión de Presupuesto y Finanzas, además, constaba un impuesto al rodaje para los 450 000 vehículos que están registrados en el Distrito Metropolitano. El alcalde Barrera no dio paso al debate de este planteamiento y pidió que se lo archive.

La decisión tomada por el Concejo Metropolitano generó debate en la ciudad. La Cámara de la Construcción advirtió que las medidas podrían afectar al desarrollo de la construcción y pidió más flexibilidad en la fijación de las nuevas tarifas. En Quito,

56 000 predios quedaron exonerados del pago del Impuesto Predial, por tener un avalúo menor a USD 6 600.

Luego de la audiencia fijada para mañana a las 08:30, se conocerá si el pronunciamiento de la jueza Elizabeth Cárdenas sigue en firme. El Municipio de Quito tiene previsto iniciar desde el 1 de enero con el cobro del nuevo Impuesto Predial. Esos ingresos ya fueron considerados para la elaboración del presupuesto del próximo año (USD 669 230 000).

Por lo menos, el 34% de ese monto será destinado para las obras de movilidad en el Distrito. El alcalde Barrera ha insistido en que el próximo será un año intenso en el desarrollo de obras en la ciudad. El mejoramiento de las principales vías es prioridad.