En la mañana de ayer, decenas de taxistas informales se concentraron en la tribuna De los Shyris, norte de Quito. Allí se reunieron para marchar hacia la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).
Durante el trayecto gritaban consignas de rechazo a la eliminación de unidades en el proceso de regularización.
Hasta la fecha, 11 943 aspirantes presentaron la documentación, de los cuales 3 527 han sido eliminados del proceso de forma inapelable.
Antonio Calderón, dirigente de la Asociación de Taxis Informales, señaló que el proceso no ha sido trasparente. “Nos están botando por dos requisitos, los que hemos cumplido a cabalidad, pero la autoridad no valida esos documentos”.
Los dirigentes y taxistas informales eliminados del proceso aseguran que fueron notificados uno a uno de su separación con las especificaciones de las causas, las que no consideran justas.
Las dos principales causas están relacionadas con la Ordenanza 047. La primera, según las notificaciones, es porque los certificados de prestación del servicio no son suficientemente claros para justificar que los aplicantes están dedicados a esa actividad desde antes de diciembre del 2009.
La segunda causa es la propiedad. Hay personas que aplicaron para obtener un cupo sin que los carros estén a su nombre.
De su parte, William Aguguiña, dirigente de la Federación Independiente del Servicio Activo, mostró su rechazo a la movilización convocada por los dirigentes de los taxis ejecutivos. “Lamentablemente, algunas personas quieren hacer protagonismo”.
El martes, los dirigentes de ese gremio mantuvieron una reunión en la Presidencia para respaldar el proceso de regularización, aseguró Aguguiña.
En la reunión se acordó que los casos van a ser revisados, además se abrió la posibilidad de presentar el recurso de apelación de acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), dentro de los cinco días siguientes de haber recibido la respectiva notificación.
Carlos Páez, secretario de Movilidad, afirmó que el Municipio actualmente revisa los reclamos, impugnaciones y recursos interpuestos por las personas que han sido notificadas y que no cumplen con los requisitos de acuerdo con lo estipulado en ordenamiento jurídico actual.
Páez aseguró que el proceso va a buen ritmo, lo que va a permitir cumplir con el plazo que termina el 23 de noviembre con la inspección física de todos los vehículos.
La regularización de los taxis ejecutivos ha tenido repercusiones en el Concejo Municipal, especialmente por los retrasos en el proceso. Hubo ampliaciones para concluir con la revisión física y la Secretaría de Movilidad tuvo que tomar medidas para agilizar la revisión, entre ellas la contratación de más personas.
La regularización de los taxis ejecutivos fue impulsada para frenar la informalidad en el transporte de servicio público que circula en el Distrito.