1 de julio de 2018 00:00

El Distrito Metropolitano de Quito tiene 160 sitios vulnerables

La Carolina concentra una alta circulación de gente que va al parque y a los ‘malls’. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

La Carolina concentra una alta circulación de gente que va al parque y a los ‘malls’. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome

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Son esos espacios estratégicos o de aglomeración popular donde un atentado podría tener un impacto trágico. Durante dos meses el Comité de Seguridad del Distrito -conformado por entidades gubernamentales y locales- hizo un barrido en la capital y detectó 160 puntos vulnerables.

El Comité trabajó con tres mesas. Juan Zapata, secretario de Seguridad del Distrito, indicó que en la primera mesa se abordaron temas de normativas y política pública, la segunda mesa estuvo encargada de realizar los estudios integrales de seguridad e identificar áreas sensibles y amenazas y la tercera se encargó de la capacitación y concienciación.

Cada una de las dependencias municipales identificó sus zonas de alta vulnerabilidad. La que ubicó más puntos es la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), donde se analizaron espacios como plazas, parques, túneles, parqueaderos, entre otros.

La Plaza Grande, por ejemplo, es una de las zonas más delicadas. De un lado tiene al Palacio Presidencial, y del otro al Municipio de Quito. Es, además, una de las zonas de reunión de jubilados, comerciantes, turistas, predicadores y manifestantes.

Juana Quijos, quien vende caramelos en el lugar, asegura que ya pasaron un susto con una amenaza pasada. “La Policía nos sacó porque encontraron una maleta y pensaron que había una bomba”, recordó.

En el listado también están el parque La Carolina, la Estación Sur del Trolebús y los centros comerciales del Distrito.

Uno de los acuerdos más importantes a los que llegó el Comité tiene que ver con los centros privados de aglomeración, entre los que se encuentran cines, estadios, lugares para conciertos, entre otros.

Zapata explicó que se determinó que este tipo de empresas tiene la obligación de tener infraestructura adecuada para atender ese tipo de emergencias.

También deberán capacitar a sus empleados sobre cómo afrontar esos casos, seguir protocolos y realizar cada año al menos dos simulacros.

Deberán, por ejemplo, colocar sensores en parqueaderos y cámaras de seguridad.

La Epmmop, por su lado, identificó que necesita colocar 120 cámaras más para vigilancia en pasos deprimidos, en el túnel de San Juan, en la avenida Simón Bolívar y en los estacionamientos del Centro. También hay un plan para proteger fuentes de agua, plantas de tratamiento, entre otros.

Zapata aseguró que hay sectores sobre los que ya se tomaron medidas para aumentar la seguridad. Uno de ellos es el parque Guangüiltagua.
El mes pasado se instaló una central de videovigilancia y se ubicaron 15 cámaras para monitorear los espacios más transitados. Cada cámara tiene 3 000 megapíxeles de resolución, lo que permite incluso detectar una cicatriz en el rostro de una persona filmada.

El Centro de Gestión y Control del Sistema de Videovigilancia del parque tuvo una inversión de USD 394 229, y además de permitir monitorear lo que ocurre en 150 kilómetros de senderos, da más tranquilidad a los usuarios.

De eso da fe Carolina Altamirano, quien todos los días va a este lugar a montar bicicleta. Admite que hay sectores peligrosos, pero desde que las cámaras se habilitaron dice sentirse más segura. “Gracias a Dios, las alertas de bombas fueron falsas. No hirieron a nadie, pero lograron quitarnos la tranquilidad, y eso es lo que buscan”, asegura y agradece la intervención de la autoridad.

En lo que va del año, se han atendido solo en Quito 53 amenazas de bomba, la última el jueves. Esas emergencias han significado a la ciudad un desem­bolso de USD 650 000, solo por parte del Municipio.

Este mes, en sesión del Concejo, se analizarán y aprobarán las normativas en las que trabajaron las mesas.

Para Ángel Ríos, experto en seguridad, el haber trabajado en el análisis de la ciudad y en la normativa es un paso gigante que enrumba a Quito en un camino para convertirse en una ciudad segura, sin embargo, sostiene se debe pensar en el financiamiento, caso contrario se volvería letra muerta.

Zapata indica  que en la sesión con el Concejo en julio del 2018 se discutirá el tema económico y se definirán estrategias de acción.

En contexto

Este mes, el Concejo Metropolitano de Quito analizará el informe presentado por el Comité de Seguridad, en el cual, por ejemplo, se recomiendan cambios en la normativa para un mayor monitoreo en espacios públicos y de alta aglomeración en Quito.

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