Una recurrencia preocupante se evidencia en algunos sectores de la ciudad, cuando estos buscan ser escuchados por la autoridad municipal o, más precisamente, cuando quieren que las autoridades locales, incluyendo a los ediles, decidan en función de sus intereses.
La coincidencia es una sola: la medida de hecho como mecanismo para alcanzar ese objetivo. Esto se expresa con el cierre de vías, suspensión de servicios y marchas. Lo han hecho los comerciantes autónomos, los regularizados, los tricicleros del Mercado Mayorista, los taxistas, los moradores de Guápulo, las trabajadoras sexuales, los dueños de locales del sector de La Mariscal, los transportistas no regularizados que circulan por la avenida Simón Bolívar y los transportistas interparroquiales. Estos últimos fueron los más audaces al suspender un domingo este servicio, lo que afectó a los habitantes de Tumbaco, Los Chillos y Guayllabamba.
Está en ciernes, una gran medida de hecho por parte de los llamados taxistas informales del Distrito. Incluso hablan de una gran protesta en los días de la visita del papa Francisco. Lo conversan sin siquiera medir las consecuencias que esto tendría.
A más de cuestionar el mecanismo para “hacerse escuchar” hay otro factor que queda en evidencia: la poca, ninguna o lenta gestión para abordar cada una de estas situaciones; es decir, administrar la ciudad, dura tarea, como se puede ver, para el Alcalde, administradores zonales, directores municipales, gerentes y demás funcionarios locales.
Entonces, llega el momento cuando las decisiones se toman bajo la lógica del bombero: apagar el fuego a como dé lugar y no en función de políticas o planificaciones. Se logra un acuerdo, sobre la marcha, pero se deja una secuela preocupante: que en el imaginario social y colectivo queda la premisa de que la presión y la amenaza funcionan, mas no el diálogo, los procesos y los acercamientos.
Esto no es nuevo, pero preocupa que vaya cobrando fuerza en la actual administración municipal. Hay procesos por ajustar.