Los "taxirrutas" seguirán con su protesta

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Los usuarios de los taxirrutas afirman que utilizan el servicio por ahorro de tiempo y comodidad. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

El tema legal de los taxirrutas provoca controversia. Por un lado está la prohibición expresa para que funcionen unidades no autorizadas para el transporte de pasajeros y, por el otro, está la necesidad de un servicio que gana clientela. Los usuarios prefieren subirse a las unidades por mejores condiciones en comparación con el transporte público.

Estefanía Núñez, empleada bancaria, dice que al tomar un taxirruta se ahorra 60 minutos cada mañana. Ella resalta la comodidad de viajar sentada y pagar un dólar. En caso de que tuviese que tomar una unidad regular, el costo bordearía los USD 15.

La noche del lunes 12 de octubre, Jorge Moreno hizo una fila de 20 personas durante cinco minutos. Él se subió a una furgoneta amarilla para ir a Carapungo. Dice que usa estos vehículos desde hace ocho años. Él pide que se legalice el servicio al que califica como bueno.

En Carapungo existen cuatro sitios desde donde salen las unidades: En los exteriores del colegio Buonarroti, a las afueras del colegio Cooprogreso, en el sector de Las Canchas y cerca de la pizzería Che Farina. En total, serían unos 600 carros que cumplen con las rutas.

Todos llegan al sector de Iñaquito. Las frecuencias empiezan a las 05:30 hasta las 22:30, aproximadamente. Como no son un servicio regularizado, no hay la garantía de que se cumpla un horario fijo. Tampoco hay normas para responder a los usuarios en caso de abusos o mal servicio.

El concejal Eddy Sánchez, presidente de la Comisión de Movilidad, mencionó que no existe proceso de regularización para este servicio. “Esa es una farsa de estafadores, gente que les vende ilusiones”. Aseguró que se realizará un estudio para saber si hay demanda de clientes. Esto se realizará después de abril del 2016. Indicó que los controles y las sanciones a quienes infrinjan la norma continuarán.

Existen cuatro cooperativas que buscan regularización. No todos los dueños de vehículos que cumplen el servicio están asociados. Muchos de ellos son oficinistas que van desde sus casas hasta sus trabajos y prefieren llevar a pasajeros. Cobran un dólar para “las colas” o la gasolina del día. Las leyes de tránsito prohíben a las personas que no tengan licencia profesional y no pertenezcan a una cooperativa legal cobrar por este tipo de servicio.

La mañana del lunes 12, se dio una manifestación en la entrada de Carapungo, en el norte de Quito. Varios conductores y dueños de vehículos dijeron que estaban cansados de la supuesta “persecución” de agentes de tránsito y de las excesivas multas. El cierre de la vía se dio desde las 06:00 hasta las 10:00 aproximadamente.

Los taxistas prometieron realizar una medida de hecho similar la mañana del martes 13 de octubre. Piden dialogar con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, para exponerle su problemática.

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