11 de mayo de 2018 19:12

El proceso de regularización de taxis está en pausa por sesenta días

La Unión de Cooperativas de Taxis de Pichincha anunciaron que se movilizarán hacia el Ministerio de Transporte para pedir que las autoridades controlen el funcionamiento de las aplicaciones Uber, Cabify y Easytaxi. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

La Unión de Cooperativas de Taxis de Pichincha anunciaron que se movilizarán hacia el Ministerio de Transporte para pedir que las autoridades controlen el funcionamiento de las aplicaciones Uber, Cabify y Easytaxi. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

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Ana María Carvajal

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El proceso de regularización para cubrir más de 8 000 plazas de taxis en Quito estará suspendido por 60 días. El Concejo Metropolitano de Quito lo resolvió en su sesión extraordinaria del jueves 10 de mayo del 2018 y esta medida se aplicará mientras se cumple con las recomendaciones que emitió la Comisión Especial de Vigilancia sobre este proceso.

Una de las principales recomendaciones es la de implementar una auditoría externa a lo actuado y determinar si se los certificados de idoneidad que se han concretado cuentan con todo lo necesario para el efecto. Además, se busca determinar si en otros casos había la posibilidad de subsanar errores de forma que permitirían que ciertas unidades puedan seguir avanzando en el camino hacia conseguir un permiso de operaciones en el Distrito.

Según la ex integrante de Alianza País, Luisa Maldonado, quien preside esta comisión, el trabajo se inició en julio pasado, a través de una resolución del Concejo. Sin embargo, el reciente escándalo por supuesta corrupción alrededor de la entrega de nuevos permisos de operación profundizó en la necesidad de vigilar lo actuado y de hacer una auditoría que permita determinar en dónde se han cometido errores administrativos.

La Comisión presentó un informe que señala que es necesario que se separen los problemas administrativos de las denuncias por supuestos delitos, que están a cargo de la Fiscalía y que deberán ser tratados en la Función Juidicial.

Además de la auditoría, esta Comisión pidió que se trabaje con las Superintendencias de Compañías y de Economía Popular y Solidaria para analizar los cambios en las operadoras con respecto de número de socios o de acciones, por ejemplo, con el objetivo de detectar si hubiese irregularidades.

Otras recomendaciones incluyen verificar que el instructivo de este proceso tenga la información correcta, que la Agencia Metropolitana de Tránsito valide y contraste los expedientes individuales para verificar si se cometió errores al inicio, entre otras.

Estaba previsto que el proceso concluyera en julio, pero tomando en cuenta la suspensión de dos meses, Maldonado considera que sería posible que este deba extenderse. Aunque aclaró que no se conoce el tiempo que sería necesario, calcula que podría tomar hasta noviembre o diciembre con el fin de que se sanee lo actuado y se complete en el marco de la legalidad y los procedimientos correctos. Para ello sería necesario que se realice una reforma a la ordenanza 195, que es la que rige la regularización de taxis.

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