6 de agosto de 2015 18:44

Municipio y Policía investigan a los carros que resultaron favorecidos en la revisión vehicular

Policia Judicial dio una rueda de prensa sobre el caso de los 23  funcionarios revision vehicular detenidos la tarde del 5 de agosto de 2015. Foto: Eduardo Terán / El Comercio

La Policía Judicial dio una rueda de prensa sobre el caso de los 23 funcionarios de la revisión vehicular de Quito, detenidos la tarde del 5 de agosto de 2015. Foto: Eduardo Terán / El Comercio

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Diego Bravo

La Secretaría de Movilidad del Municipio solicitó que se realice una auditoría informática a la base de datos en la que se ingresó información sobre los vehículos que aprobaron la revisión técnica vehicular en Quito. Así lo anunció el director de esa dependencia, Darío Tapia, la tarde de este jueves 6 de agosto del 2015.

Esto ocurrió luego de que la Policía Judicial detuviera ayer (5 de agosto) a 23 funcionarios de una firma privada que se dedicaba a la revisión vehicular en tres sectores de Quito (Guamaní, Valle de Los Chillos y Carapungo). Según los uniformados, ellos supuestamente “lograron determinar que cometían irregularidades en los centros de atención ciudadana. El delito es tipificado como violación de sistemas informáticos y concusión”.

Un alto oficial explicó que existía una red que supuestamente se encargaba de ingresar en el sistema informático a los vehículos que no aprobaron la revisión vehicular. “El negocio consistía en que los carros que no pasaban la revisión eran ingresados al sistema y se los inscribían como aprobados”. También se conoció que “algunos automotores no iban a la revisión”.

Ante esas denuncias, Darío Tapia indicó que se envió una carta en la que se exigió la auditoría, pues así se conocería a quiénes cometieron el ilícito. “Hay empleados de este consorcio privado que lo hicieron, existen obviamente ciudadanos que también se prestaron para este tema y tendrán que, con investigaciones claras, dar cuentas del porqué cometieron este tipo de irregularidades”.

De momento, el funcionario explicó que se levanta información para conocer el número de vehículos en malas condiciones que resultaron favorecidos. También se indaga los montos que se cobraban para que los carros no autorizados sean ingresados en el sistema informático.

Aclaró que de la revisión vehicular se encargan dos empresas privadas a las que se les concesionó este servicio en el 2003. “Venían haciendo su trabajo desde hace 12 años. Estas recibieron información proporcionada por el Municipio de Quito, específicamente de la Secretaría de Movilidad por varias denuncias ciudadanas. Llegamos a presumir que algo raro y grave estaba pasando en los centros ¿cómo era posible que carros viejos circulen por el Distrito Metropolitano?”.

¿Cómo operaba la red que facilitaba el ingreso de carros que no aprobaron la revisión en el sistema informático? En las investigaciones se determinó que tramitadores se ubicaban en los exteriores de los centros de revisión y buscaban a los propietarios de los vehículos que no aprobaron las pruebas técnicas. “Pactaban una nueva cita (...) y se violentaba el sistema de la revisión técnica vehicular. Hacían que estos carros pasen sin ningún tipo de seguridad en el tema ambiental, de seguridad”, manifestó Tapia.

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