6 de marzo de 2018 00:00

97 familias salieron de las zonas de riesgo en el Distrito Metropolitano de Quito

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Evelyn Jácome

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Tres veces se le vino encima la pared. En la misma casa, junto a la misma quebrada, pero en tres inviernos distintos. Rosa Folleco vivió 10 años junto a una pendiente en El Comité del Pueblo. La mediagua se la levantó un vecino. Era de bloque y cemento, pero no tenía una sola columna. Tenía dos cuartos, cocina y baño. Allí vivía junto a sus cuatro hijos, su nuera y sus dos nietos.

Abandonar esa zona de riesgo le fue difícil. Despedirse del terreno, de sus vecinos, fue duro, pero -dice- valió la pena. En Quito, desde el 2014, 97 familias fueron reubicadas. La mayoría salió de La Bota, Santa Teresita, El Guabo y Oyacachi.

Quito es una ciudad rodeada por quebradas. La Secretaría de Seguridad ha identificado 152 zonas de riesgo: 60 susceptibles a inundaciones y 92 propensas a movimientos en masa como derrumbes, deslizamientos de tierra, flujos de lodo y hundimientos de terreno. Cerca de 500 000 personas viven en zonas de riesgo.

Juan Zapata, secretario de Seguridad del Distrito, explica que una familia es relocalizada cuando el sector donde vive se considera de alto riesgo no mitigable. Formar parte del Plan de relocalización emergente implica que el Municipio y el Gobierno le ayuden a financiar una casa de interés social.

Rosa fue beneficiaria. A sus 53 años, dice, puede dormir tranquila en una casa fuera de peligro. Fue relocalizada en la manzana 19 de Ciudad Bicentenario. Los 21 vecinos que habitan en su bloque también salieron de zonas de riesgo.

Ella trabaja en quehaceres domésticos. El departamento le costó USD 20 000, ella pagó USD 5 800. Hoy tiene dos cuartos, sala, comedor, baño, cocina y lavandería. Sin embargo, dice, extraña su casa antigua.

Antes, tenía un terreno donde vivían sus dos perros. En Ciudad Bicentenario no le permiten tener mascotas. Extraña tener más independencia, pues tiene restricciones.

En la manzana 19 de Ciudad Bicentenario (norte) fueron reubicadas 21 familias. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

En la manzana 19 de Ciudad Bicentenario (norte) fueron reubicadas 21 familias. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Zapata indica que para ser beneficiaria, una familia debe cumplir con varios requisitos, por ejemplo, que sea propietaria o arrendataria por más de cuatro años del predio, que se encuentre en situación de pobreza, que el valor del predio donde habita no supere el valor de la vivienda básica de interés social, que ninguno de los miembros de la familia sea propietario de otro predio, y que desee, voluntariamente, formar parte del programa.

Ese es uno de los punto más conflictivos, según Zapata, porque no se los puede obligar.

A la gente le cuesta abandonar sus casas. María Alangasí, de 63 años, por ejemplo, se niega a abandonar una mediagua en la que vive en Toctiuco.

Su casa es de bloque y techo de cinc y se asienta sobre una pendiente. Una vez, recuerda, hubo un desprendimiento y la tierra cayó sobre sus cuyeras. 10 animales murieron. Aún así, no quiere mudarse. Ya está acostumbrada, dice, a sus gallinas, a la tierra y a sus vecinos. Además, no tiene dinero.

Para este año, el Municipio tiene presupuestada una inversión de USD 32,2 millones en el plan lluvias. Pero el financiamiento para el Plan de relocalización no consta en ese rubro, sino en el Presupuesto Operativo Anual de la Secretaría de Seguridad que este año destinará USD 123 000 para ayudas humanitarias y bonos de vulnerabilidad especial.

El Plan de relocalización desde el 2011 contó con una inversión de USD 11,6 millones para la ejecución de los cinco conjuntos habitacionales: La Mena, y Victoria del Sur, en el sur; y Bellavista de Carretas, Pueblo Blanco y Ciudad Bicentenario, en el norte.

Este año está pendiente la reubicación de 182 familias en el conjunto Victoria Sur. Esas familias son de varios sectores de riesgo: nueve de la zona centro, cuatro de Eloy Alfaro, dos de la zona norte, uno de la delicia y uno de Quitumbe. Zapata advierte que el problema que ahora la ciudad enfrenta es el resultado de más de 60 años de falta de control. Es lo que él llama: una herencia dolorosa.

El problema empezó en los años 60, cuando el flanco occidental del Pichincha comenzó a ser poblado por asentamientos irregulares, explica Alejandro Terán, experto en riesgos.

Una vivienda considerada en riesgo es aquella que fue construida de manera artesanal, sin planos ni estudios, ni estabilización. Usualmente están junto a laderas y no tienen alcantarillado.

Otras están en orillas de quebradas que años atrás tenían caudal pequeño, pero que por el incremento de viviendas el caudal creció. Eso ocurre, por ejemplo, con el río Monjas y el Machángara. La fuerza del río socava los taludes en la parte interna de la pendiente.

A lo largo del río Monjas, advierte Terán, hay socavamiento de taludes y erosión por el viento. Eso pasa en La Pampa, en Pomasqui. Según Terán, no hay el presupuesto para relocalizar a todas las familias en riesgo, por lo que los trabajos de mitigación son fundamentales. Zapata indicó que el año pasado se invirtió USD 6 millones en obras de mitigación.

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