23 de febrero de 2017 00:00

Quito ya tiene un diagnóstico sobre resiliencia urbana

El documento Evaluación Preliminar de Resiliencia analiza las necesidades y oportunidades de la ciudad en cinco áreas: movilidad, territorio, sociedad, economía y ambiente. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Patricia Carolina González

Terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones son algunos eventos catastróficos a los que se expone la ciudad de Quito. A su vez, es vulnerable a tensiones crónicas como el desempleo o deficiencias en el sistema de trasporte público. La capacidad para afrontar, e incluso salir fortalecido, de este tipo de eventos o tensiones crónicas se denomina como resiliencia urbana.

Desde el 2015, Quito forma parte del programa 100 Ciudades Resilientes, patrocinado por la Fundación Rockefeller, cuyo objetivo es la construcción de resiliencia urbana. La Fundación no solo brinda asesoría técnica, también financia por dos años a un director de resiliencia en cada ciudad. En Quito se creó este cargo en el Instituto Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU) y su titular es David Jácome.

La primera fase del programa consistió en una evaluación, a cargo del IMPU, en la cual se presenta un diagnóstico de la ciudad en cinco áreas: territorio, movilidad, ambiente, sociedad y economía, que están integradas entre sí. Quito es una de las primeras ciudades en presentar el informe.

En relación al territorio, el informe evidencia que uno de los mayores problemas es su expansión, “producto de una planificación poco efectiva (…) y de la ocupación informal del suelo”. En el Distrito hay 430 barrios regularizados, pero el déficit cualitativo de viviendas asciende a 103 503 unidades.

“La ciudad no puede seguir creciendo de manera descontrolada. Debe haber una planificación que tome en cuenta la dimensión del riesgo”, señala David Jácome, director de Resiliencia en Quito.

Jacobo Herdoíza, secretario de Territorio y Hábitat, advierte que el riesgo de las edificaciones informales es latente y elevado por la ubicación geográfica de Quito, siendo estas vulnerables a movimientos telúricos. “Una prioridad en términos de resiliencia es la incorporación de un vehículo normativo que permita incrementar poco a poco la resistencia de estas edificaciones, bajo parámetros técnicos de análisis estructural y reforzamiento del comportamiento de las estructuras”, indica.

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Herdoíza considera que una tarea pendiente es mejorar el control sobre los asentamientos irregulares, para lo cual sugiere la incoporación de tecnología satelital. “Al mismo tiempo, utilizar el mecanismo de la regularización barrial y del reconocimiento de las construcciones informales para exigir cumplimiento de normativa sísmica y de riesgo”, añade.

En movilidad, el documento detalla que el sistema de transporte público se ha convertido en un problema crónico. La construcción de la primera línea del Metro se presenta como un factor clave para una ciudad más resiliente, que no solo reducirá los tiempos de traslado, sino que favorecerá al desarrollo urbano de la ciudad.

“Estamos pensando en una estrategia de desarrollo orientado al transporte, que permitiría incrementar el rendimiento urbano entorno a las estaciones, con una mayor concentración de actividades, viviendas e inversiones. Esto es parte de una estrategia de cofinanciamiento con el Banco Mundial”, explica Herdoíza.

En el área económica, el director de Resiliencia resalta que a la ciudad le favorece el bono demográfico, cuando la población en edad de trabajar supera a la dependiente (niños y adultos mayores).

No obstante, como señala el informe, el desempleo afecta en mayor medida a jóvenes entre 15 y 29 años. Alfonso Abdo, gerente de la Agencia de Promoción Económica ConQuito, aclara que el Estado no está en capacidad de entregarles oportunidades laborales a todos, por lo que se deben “generar las condiciones para que se creen emprendimientos y empresas que puedan contratar a más personas”.

Fortalecer la participación ciudadana para la toma de decisiones es la prioridad en lo social. “Empoderar a los ciudadanos y fortalecer el tejido social es clave dentro de una estrategia de resiliencia de la ciudad”, subraya Jácome.

Desde el área ambiental, la ciudad cuenta con un importante patrimonio natural: 55% del territorio está cubierto por vegetación y 35% pertenece a áreas protegidas y de conservación. Para el director de Resiliencia, el desafío está en la gestión adecuada de ese patrimonio, que provee de recursos ecosistémicos a la ciudad.
“Mantener la infraestructura verde lo mejor posible es la mejor manera de ser resilientes ante el cambio climático”, añade la secretaria de Ambiente, Verónica Arias.

La segunda fase del proyecto consistirá en el desarrollo de la estrategia de resiliencia, mientras que la tercera se enfocará en la implementación, que comenzará en el 2018. “La intención de la Fundación es que una vez que la ciudad empiece a trabajar en resiliencia, durante dos años, tenga una evidencia clara de sus beneficios y lo adopten como su forma de trabajo”, señala Isabel Beltrán, directora adjunta para América Latina del programa.

Beltrán añade que uno de los beneficios del programa es el intercambio de experiencias y la búsqueda de soluciones a problemas comunes con otras ciudades del mundo.

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