10 de noviembre de 2016 11:32

Quito Cables: el Municipio busca diálogo y acuerdos

Los moradores de San ­José del Condado se oponen a la construcción.

Los moradores de San ­José del Condado se oponen a la construcción. Foto: Julio Estrella/El Comercio

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Evelyn Jácome
Redactora (I)
njacome@elcomercio.com

Más de 200 000 beneficiarios, 40 barrios con un nuevo sistema de transporte, una reducción de más de 30 minutos en el tiempo de traslado de la gente, una inversión de USD 44 millones y 35 expropiaciones para lograrlo. Estas cifras resumen el proyecto Quito Cables, que unirá La Roldós con La Ofelia, y que ­-según el Municipio de Quito- será la solución para la movilidad de quienes viven en el noroccidente de la ciudad.

Para llevarlo a cabo, en el norte de Quito se deberán realizar 35 expropiaciones. De ellas, 14 serán en lotes sin construir, 16 en edificaciones, una vivienda en etapa de construcción y cuatro a lugares donde funcionan negocios particulares.

Darío Tapia, secretario de Movilidad del Distrito, explica que se manejarán dos tipos de expropiaciones: totales y parciales. Así, nueve predios se verán afectados solo en algunos metros, mientras que 26 serán expropiados en su totalidad. Se realizarán expropiaciones en tres barrios: Rancho San Antonio (donde la mayoría de predios son lotes sin construcción), La Roldós y San José del Condado. En este último se niegan a salir de la zona y optaron por levantarse contra las autoridades. Allí, según información proporcionada por el Municipio, siete viviendas se expropiarán en su totalidad y nueve de manera parcial.

Allí no hace falta un temblor ni la posible erupción de un volcán para que las alarmas del barrio comiencen a sonar. Basta que un carro del Municipio pise una de sus calles, o algún funcionario se acerque a los terrenos, para que una sirena comunitaria empiece a sonar y la gente salga a las calles. El temor de estas personas es perder sus casas.

Hace 13 semanas que la gente protesta para pedir el freno de la obra y que se escuchen sus propuestas. Jorge Cuesta, morador del sector desde hace 35 años, cuenta que les llegó información extraoficial de que sobre la manzana ubicada entre las calles Fernando ­Daquilema, Sagalita y San José del Condado se va a construir una estación multimodal, donde se podrá acceder a las canastillas. El Municipio les dijo que serán 16 casas expropiadas, pero en esas 16 casas, dice Cuesta, existen 33 cartas prediales, más de 60 familias.

El Condado es un barrio populoso, donde muchas de las casas están adosadas a ambos lados y dan la impresión de estar apretadas. En terrenos de 200 metros se levantan dos, tres y hasta cuatro pisos, y dos habitaciones bastan para acomodar a una familia entera. En una casa de 250 metros viven hasta cuatro familias, es decir, unas 20 personas.

En la manzana que va a ser expropiada, y en los lotes individuales donde se levantarán los pilones -dicen los moradores- hay más de 200 perjudicados. Los vecinos piden más información, pero se niegan a dejar pasar a funcionarios municipales al barrio.

Ese es, precisamente, el mayor problema, según explica Tapia. El Municipio ha buscado formas de acercarse a la comunidad para actualizar datos y recoger información con miras a realizar una expropiación más justa, pero no tiene acceso. “Si no nos dejan entrar, no podemos tener un avalúo más justo. Si nos dejan ingresar, podremos ver detalles como, por ejemplo, si ha tenido doble fundición entre piso y piso, determinado tipo de acabado, que se han hecho ampliaciones y se revaloriza el bien. Mientras más cercana esté la gente, el precio por la expropiación será más justo”.

Tapia habló incluso de buscar alternativas que vayan acorde con los pedidos de la comunidad. Por ejemplo, sería posible llegar a acuerdos para que, en caso de no querer salir del barrio, se pueda buscar otro predio en el sector y construir allí con el dinero de la expropiación. Tapia indicó que el Municipio podría facilitar los trámites de aprobación de planos, etc. Incluso, en caso de expropiaciones parciales que afecten, por ejemplo, una parte de la vivienda, podría llegarse a un acuerdo para que se expropie toda la casa y no perjudicar al propietario.

Una de las mayores preocupaciones es la expropiación al Colegio Andrés Bello. Manolo Cuesta, vocal del comité central de padres de familia, comentó que la torre pasará por el medio del patio. Teme, además, que el establecimiento pierda el Bachillerato Internacional.

Tapia lamenta la desinformación y asegura que los datos que maneja la comunidad son erróneos. Explica que la pilona pasará por el muro del colegio, no por el patio, y la expropiación será menor: solo siete metros. De allí la importancia, insiste, del diálogo.

Aun así, Antonio Baquero, morador de la zona, no da el brazo a torcer. “Nosotros somos pobres y quieren quitarnos la única herencia que vamos a dejar a nuestros hijos”, dice empecinado.

Expropiaciones Quito Cables
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