17 de julio de 2017 00:00

Los dueños de burdeles piden más plazo al Municipio de Quito

En Quito hay 87 ‘night clubs’ que están registrados dentro del proceso de traslado que debía cumplirse el año pasado. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

En Quito hay 87 ‘night clubs’ que están registrados dentro del proceso de traslado que debía cumplirse el año pasado. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

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Daniel Romero

El plazo para que los burdeles salgan de las zonas consideradas residenciales o comerciales termina en ocho días (25 de julio del 2017). Con el tiempo en contra, representantes de las trabajadoras sexuales y de los locales buscan una alternativa para evitar su clausura.

El jueves pasado, 13 de julio, día en que sesionó la Comisión de Uso de Suelo del Concejo Metropolitano, los representantes de esta actividad asistieron a una reunión para definir qué pasará a partir del 25 de julio.

Esta fecha límite de plazo se estableció mediante una transitoria en la Ordenanza 127 que, en julio del 2016, estableció que los ‘night clubs’ tenían un año para salir de zonas en donde el tipo de uso de suelo estaba catalogado como comercial o residencial.

Según Lourdes Torres, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales de Pichincha, los miembros de la Comisión dijeron que ya fue entregado el informe que se solicitó a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, sobre los escenarios de las dos propuestas que este gremio presentó un año atrás para que fueran discutidas en el Cabildo.

Hay dos opciones, dijo Torres: que se amplíe el plazo para salir de las zonas residenciales y establecerse en las zonas industriales (que son las que poseen el permiso de uso de suelo para esa actividad) o que se establezcan permisos para funcionar en los lugares donde actualmente trabajan.

Para Vladimir Cazares, representante de los burdeles del sur de Quito, el problema es que el plazo se vence sin tener lugares que cuenten con las condiciones para el funcionamiento de sus negocios. “Hemos presentado propuestas para el sur. En el norte también hay opciones. Pero se necesita hacer adecuaciones. Debe haber una zona específica para nuestro tipo de negocio”.

Torres y Cazares no se oponen al traslado, pero quieren que el lugar sea rentable para que el cambio les permita recuperar las inversiones.

El informe que realizó la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda no incluye recomendaciones. Se basó en los criterios de las Secretarías de Inclusión Social, la de Seguridad y también de la de Territorio, Hábitat y Vivienda.

“Lo que hace el informe es entregar insumos técnicos para que sea la Comisión de Uso de Suelo la que determine cuál es la mejor opción”, señaló Jacobo Herdoiza, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda.

En el informe se toma en cuenta el hecho de que no hay aún sitios definidos para el traslado. “Hemos puntualizado sobre el esfuerzo que conllevaría encontrar terrenos aptos con uso de suelo industrial, ubicados a distancias donde las personas puedan concurrir y los costos que llevaría dotar de infraestructura”, indicó.

Sobre el segundo escenario, el de permitir su funcionamiento en los actuales lugares, la Secretaría de Territorio planteó que los locales deberían demostrar su preexistencia en esos sitios. Para esto se tomaría en cuenta la presentación de licencias de funcionamiento anteriores.

Tras el informe, la decisión recae sobre la Comisión de Uso de Suelo del Concejo. Su presidente, el concejal independiente Sergio Garnica, puntualizó que en una semana no se alcanzará a tratar este tema para que pase al Concejo, que es la instancia donde se podría modificar la transitoria de la Ordenanza 127.

Garnica comentó que lo que procedería, legalmente, es que se inicien los operativos de control por parte de la Agencia Metropolitana de Control para la clausura de estos locales.

Marco Ponce, concejal de Suma y miembro de la Comisión de Uso de suelo, se mostró inclinado a la posibilidad de que los burdeles continúen funcionando en los lugares actuales. Para la entrega de las licencias provisionales que les permiten funcionar hasta el próximo 25 de julio, Ponce pidió que estos locales incluyan un plan de seguridad.

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