10 de septiembre de 2014 20:07

En El Inca no quieren un centro de detención

Los vecinos de El Inca salen a las calles para pedir que la cárcel salga de su zona. Foto: Jenny Navaro / EL COMERCIO.

Los vecinos de El Inca salen a las calles para pedir que la cárcel salga de su zona. Foto: Jenny Navaro / EL COMERCIO.

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Betty Beltrán

Hay preocupación entre algunos vecinos del barrio El Inca (norte de Quito). Todo por el supuesto traslado del Centro de Detención Provisional (CDP) a las instalaciones del Centro de Rehabilitación Social (CRS), en El Inca.

Los habitantes del sector dicen que, desde el domingo 7 de septiembre del 2014, notan movimientos “extraños” en el exterior de la cárcel y que por la noche ingresan personas con las manos esposadas.

Eso ocurre, dicen, pese a que el 31 de agosto, 662 mujeres del CRS El Inca fueron trasladadas al Centro de Rehabilitación Regional Cotopaxi. Solo 45, quienes viven con sus hijos de hasta 3 años, permanecen en el lugar hasta segunda orden.

La expectativa de que el barrio recupere su tranquilidad y de que se libere del ‘vecino incómodo’ duró poco. Desde el lunes, los dirigentes decidieron realizar plantones, dicen dirigentes y moradores.

Esas acciones que se realizan en los exteriores de la cárcel continuarán todos los días, desde las 19:00, “hasta que las autoridades les indiquen qué ocurrirá con este centro”, dijo Lupe Villacís, presidenta del Comité Pro-Mejoras de El Inca.

Pero un comunicado de prensa que está en la página electrónica del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos señala que: “… la infraestructura del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de El Inca se utilizará para el internamiento de las personas detenidas por apremio y por contravenciones de tránsito…”.

Los vecinos de El Inca salen a las calles para pedir que la cárcel salga de su zona. Foto: Jenny Navaro / EL COMERCIO.

Los vecinos aseguran que no cesarán con sus plantones, ya que no es justo que les “sigan maltratando y exponiendo a la inseguridad”, dice.

Además, piden que se dé un acercamiento por parte de las autoridades, para conocer oficialmente lo que pasará con esa infraestructura. Quienes viven más de 40 años en este sector del noreste de Quito, recuerdan que antes de que se instale la cárcel de mujeres, las autoridades de esos años, inicialmente, les dijeron que un retén se trasladaría temporalmente.

Villas es una de las vecinas más antiguas del sector, se refiere a los 37 años que su barrio ha albergado a estos centros.

Tiempo atrás, cuenta Rosa Condo, de 73 años, El Inca olía a hierbabuena y rosas. Justamente por esa razón escogió este lugar para vivir y echar raíces. “Era un sitio bonito, hasta una capillita había en donde hoy es el centro carcelario”.

Etelvina Simbaña, de 82 años, también hace memoria e indica que en su niñez allí funcionaba una fábrica de jabones, luego un hospital de reposo.

Cambió el barrio cuando trajeron al Retén Sur (desde Chimbacalle), apunta Villacís. Los habitantes se opusieron y hasta dos volquetas de basura echaron en las calles para impedir el paso. Esa fue su manera de protestar, pero no sirvió.
Las autoridades de aquella época convencieron a los vecinos y les pidieron que aceptaran temporalmente al retén. La gente les creyó. No hubo mayor reacción, hoy es diferente ya que se trata de un sector que está más poblado.

Los vecinos de El Inca salen a las calles para pedir que la cárcel salga de su zona. Foto: Jenny Navaro / EL COMERCIO.

Los rumores de que el CDP se trasladaría a El Inca despertaron las alertas y hasta una directiva se nombró, pues creen que una cárcel no debe estar en un sector popular.

Fausto Lincango dice que el barrio necesita un parque y el predio del CRS El Inca puede ser el mejor lugar para construir ese espacio y que la gente se distraiga sanamente.

Adicionalmente se puede construir infraestructura que se pueda usar para aventos y actividades artísticas.

Hasta que eso no se concrete seguirán en su lucha. “No creo que se permita que haya un barrio sufrido y aguantador que siempre esté menoscabado. Con nosotros (los vecinos de El Inca) sí se ha cometido una injusticia por casi 40 años, algunas personas ya estamos muy mayores y no venos el buen vivir”, aclara Villacís.
Ni siquiera pueden cambiar se de barrio, pues nadie desea comprar unas edificaciones que están cerca de un centro carcelario, admite Jorge Córdova, presidente del barrio.

“Creímos que con nuestro empuje y nuestra colaboración este sector sería residencial. Nos equivocamos, tenemos un atraso de 20 años, pues aún estamos con calles sin concluir, no hay obras de infraestructura”, confiesa Villacís.

Córdova reitera que seguirá insistiendo e invitando a la gente a que se sume al plantón de cada noche. El reclamo será pacífico, ya que su lucha es por el bienestar de sus familias y
no quieren a las personas de­tenidas por apremio y contravenciones de tránsito, no quieren nada. Solo una vida en paz y con tranquilidad.

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