17 de March de 2010 00:00

El quinto poder

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Sebastián Mantilla Baca


Es realmente sorprendente lo que pasa actualmente en el Ecuador. A tres años del inicio de la mal llamada revolución ciudadana, más que avances, comienzan a evidenciarse serios problemas. 
A los casos de corrupción, al uso indebido de los recursos del Estado, al desgobierno, al irrespeto de la norma, al uso arbitrario del poder, a la inexistencia de entidades del Estado que fiscalicen, se suma otro hecho preocupante: el nombramiento de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Digo preocupante porque este proceso, conducido por un Consejo Nacional Electoral, ha estado viciado de principio a fin.

En primer lugar, el problema comenzó con la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Estos, sin que exista de por medio un concurso de merecimientos, fueron nombrados a dedo por asambleístas de Alianza País el 24 de octubre de 2008. Buena parte de sus miembros fueron seleccionados por su cercanía al partido de gobierno. Mela  pregunto: ¿Qué independencia puede existir si el presidente del CNE, Omar Simón, tiene una relación de parentesco con el ex ministro de la Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea? ¿Podemos pedir imparcialidad al vocal del CNE, Fausto Camacho, cuando antes de ocupar este cargo trabajó como asesor del asambleísta de gobierno, Virgilio Hernández?

Si el vínculo de los miembros del CNE con el Gobierno hace que el proceso para el nombramiento de los miembros del CPCCS quede viciado, hay  otros aspectos que contribuyen a ello.
La calificación de las carpetas de los futuros miembros del CPCCS se produjo de manera irregular y poco transparente, más que nada en todo lo referente a la calificación de las carpetas de los postulantes. 

Y pese a que los 7 candidatos seleccionados no son afiliados a ningún partido, sus antecedentes denotan nexos, simpatías y afinidades políticas con miembros de Alianza País, especialmente con el actual canciller Ricardo Patiño.

Lo delicado de todo esto es que los miembros de este CPCCS tendrán que nombrar a autoridades claves del  Estado como Fiscal, al Consejo de la Judicatura, al Procurador, a los superintendentes de Compañías, Bancos y Telecomunicaciones, entre otros.

Si antes la queja era que éstas autoridades eran elegidas por el Congreso, ahora resulta que estos serán nombrados por un Consejo dependiente, sumiso y obsecuente de Correa. Es decir, el manoseo político ya no pasará ahora por el Congreso sino por este impoluto y puro Consejo de Participación que esta muy lejos de ser expresión de la ciudadanía.

En resumen. Esto, todo podrá ser, menos democracia.

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