25 de April de 2011 00:00

Para qué la justicia

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La crisis en la administración de justicia es innegable pero no es nueva. La acumulación de miles y miles de causas, lentitud en sus trámites, negligencia, corrupción, impunidad, inestabilidad, falta de una escuela judicial y la injerencia político partidista con el solo cambio de color y actores, han sido causas que le tienen sumida a la Función Judicial en un estado de putrefacción.

Si existen grandes causas pendientes, qué decir de los procesos que llevan a cabo humildes ciudadanos, madres y padres de familia, en demanda de juicios de alimentos o casos laborales, que tienen que esperar más de un año solo para las audiencias. El problema de los viejecitos, abuelos, tías o familiares, que deben responder hasta con cárcel por la irresponsabilidad de los hijos o nietos si no tienen recursos para sostenerles. Qué decir de las fallas en las indagaciones previas fiscales, fundamentales para el inicio de las causas penales y de lo que poco o nada se habla.

Lo grave de todo es que se quiere otra vez meterle mano en la justicia, lo que significa terminar con el principio de la independencia de funciones. El país vivió un trauma reciente cuando el régimen del presidente Gutiérrez estableció el 2004 la Pichicorte (“corte temporal”, como anunciara ese día el mandatario, en entrevista con Ecuadoradio) y empezó su caída.

Hubo una firme campaña en contra de esa acción, con Participación Ciudadana y representantes de otras organizaciones como Projusticia, que protestaron y ahora guardan silencio cómplice tras haber sido ministros y siguen en cargos públicos. Ya se olvidaron de defender esos principios y de las dimensiones para un correcto desempeño judicial: autonomía, independencia, honestidad, eficiencia y eficacia, rendición de cuentas y accesibilidad a sus servicios. Cuánto le costó al país restaurar las cosas con el apoyo de la ONU y su delegado Leandro Despouy, sin que se haya resuelto el problema por la inestabilidad institucional.

Ahora con el voto de los ecuatorianos esperan cambiar otra vez sin que existan garantías para la solución del principal problema actual: la inseguridad ciudadana. Para qué quieren meterle mano a la justicia? Para cubrirse la retirada algún día? Por lo menos ahora no necesitan cuando la casi totalidad de fallos de jueces y juezas en diversas instancias en los que han tenido interés el régimen y sus autoridades, salvo honrosas excepciones, han sido favorables, mientras la corrupción y la impunidad siguen galopantes. Solo 3 casos, señalados por la Fiscalía: la libertad de un violador de una menor, sentenciado a 16 años; las irregularidades en la compra de ambulancias para el Ministerio de Salud y los famosos “come cheques” del Ministerio del Deporte, a la cabeza el ministro de la actual revolución, que no pasó nada y están libres.

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