8 de September de 2014 00:00

Pugna entre Guayas y Azuay por 607 km²

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Lineida Castillo y
Juan Carlos Mestanza (I) 
ecuador@elecomercio.com

Abdón Calderón es de esos pueblos en los que parece que las campañas electorales nunca terminan. Pero en los carteles en postes y paredes no hay nombres de candidatos sino de provincias y ciudades. “Guayas”, “Balao”, “Azuay”, “Cuenca” se destacan por doquier. Es que este pequeño poblado, de 1 300 habitantes y ubicado en una zona tropical, es centro de una polémica división interna en una disputa de límites.

Allí, el jueves, esa división volvió a generar disturbios. Quienes respaldan la posición azuaya intentaron impedir que maquinaria de la Prefectura del Guayas ingresara para realizar obras de adoquinamiento de calles. Más de 50 policías llegaron para custodiar los trabajos.

Dos generaciones de los Orellana Latacela vieron la historia repetirse. Hace 25 años, Celina Latacela (65) fue arrestada en el más grande enfrentamiento por defender la pertenencia de Abdón Calderón para Azuay.

En aquella ocasión, siete personas permanecieron detenidas más de una semana y hubo heridos con arma blanca. El último jueves ocurrió algo similar: hubo seis arrestados, entre ellos Daysi Orellana, de 38 años, hija de Latacela.

Ella califica esta intervención como un acto de provocación de las autoridades del Guayas a puertas de que fenezca el plazo para que los organismos seccionales resuelvan estas indefiniciones (abril del 2015).

Los habitantes de Abdón Calderón y de otros 21 poblados, asentados en un trapecio de 70 000 m², esperan desde hace 27 años que las autoridades de Cuenca (Azuay); Balao y Naranjal (Guayas) lleguen a una solución definitiva.

En la confrontación de 1989, el actual rector de la Unidad Educativa Abdón Calderón, Gustavo Álvarez, también fue detenido. Dice que hay intereses económicos por los yacimientos mineros de la zona alta.

Según Hólguer Parra, empresario minero, Abdón Calderón está en medio de las estribaciones de la cordillera occidental, que abarca la zona minera de los cantones azuayos de Ponce Enríquez y Pucará. No se conocen cuántas concesiones hay.
Pero la zona también es altamente productiva. Tiene grandes fincas cacaoteras, cafeteras, bananeras y árboles frutales.

El desarrollo en la zona fue fortalecido por la producción bananera. Virgilio Gómez, historiador, cuenta que los terrenos donde se asienta Abdón Calderón eran propiedad de la hacienda San José, que atrajo mucha mano de obra azuaya. “Toda la vida estuvo inscrita en el Registrador de la Propiedad de Guayaquil, parroquia Balao, ahora cantón Balao”.

Jimmy Jairala, prefecto del Guayas, acota que la hacienda quebró y fue intervenida por el ex Ierac (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización) que la lotizó y la entregó a cada trabajador. Entonces “se asentaron familias azuayas pero no por eso es que el área haya sido de Azuay. Siempre fue de la provincia del Guayas”.

Jairala confirmó para mañana, 9 de septiembre, a las 09:00 en Guayaquil, una reunión con Paúl Carrasco, prefecto del Azuay, en un primer acercamiento -que aspira se replique a otras autoridades de dicha provincia- en la búsqueda de zanjar los problemas de límites internos.

Gianina Bravo, moradora, espera que los problemas se solucionen lo más pronto y poder vivir en paz, con tranquilidad. “Cuando los del Guayas vienen a hacer obras, quienes respaldan a Azuay no los dejan trabajar. Siempre supe que esto es del Guayas. En Balao pago mis impuestos y me queda mucho más cerca que Molleturo”.

De hecho, ir desde Abdón Calderón a Balao toma apenas 15 minutos, mientras hacerlo a Cuenca, cerca de 3 horas.
Tal es la división, que el pueblo tiene dos retenes de Policía y dos escuelas, que fueron hechas por autoridades de Guayas y Azuay.

E incluso, los domingos, hay dos misas, una para azuayos y otra para guayasenses. Al ingresar al lugar se encuentran dos letreros de cada provincia que dan la bienvenida en la calle donde se vive entre la calma y la tensión.

En contexto
De los 1 496 km² de diferendos que mantiene Guayas con seis provincias, cerca de la mitad son con Azuay. Si los 40 000 habitantes de los poblados en litigio se quedaran con la segunda, la primera podría dejar de percibir tributos e incluso perdería un asambleísta.

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