28 de noviembre de 2017 19:43

La pugna de AP, la consulta popular y la renovación parcial complican al CNE

Los vocales Juan Pablo Pozo, Nubia Villacís, Mauricio Tayupanta y Ana Marcela Paredes aprobaron la resolución. Foto: Mauricio Tayupanta/ El Comercio

Los vocales del Consejo Nacional Electoral esperan el llamado del presidente del organismo, Juan Pablo Pozo para sesionar. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Adriana Noboa
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe garantizar la transparencia en todos los proceso de democracia interna de las organizaciones políticas del país. Ese el argumento de la consejera Ana Marcela Paredes. Por lo que ella está en contra de que se envíe un delegado electoral a la convención convocada por la facción correísta del movimiento Alianza País, el próximo domingo 3 de diciembre.

Estas declaraciones las dio la mañana de este martes, 28 de noviembre del 2017, cuando se suponía que la autoridad electoral debía sesionar para tratar los “comunicaciones” remitidas por la Directiva Nacional de la lista 35.

Sin embargo, esa convocatoria no llegó desde la Presidencia del CNE, a cargo de Juan Pablo Pozo. La sesión del miércoles pasado, llevada a cabo en Guayaquil, no tiene fecha de reinstalación aún.

Paredes convocó a la prensa para dar a conocer su posición personal sobre lo que sucede en Alianza País, dentro del CNE.
Recordó que el pasado 31 de octubre, 9 de 32 miembros de AP intentaron retirar el cargo de presidente nacional del movimiento a Lenín Moreno. Lo cual fue dado de baja por el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe, con una medida cautelar.

Bajo esa decisión del Tribunal, que descalificó todo lo actuado por la facción correísta de AP el 31 de octubre, Paredes recordó además que quienes participaron de esa decisión fueron suspendidos por el Comité de Ética oficialista.

Por esto, considera que el CNE “mal puede enviar a un representante a esta convención nacional”, que está convocada por una persona a quien el Tribunal de Garantías Penales dictaminó que no puede ejercer el cargo.

“Como CNE podemos al menos dar una lectura de lo que está sucediendo ahí” y “si bien no es nuestra competencia administrar temas litigiosos internos, sí lo es dar a conocer a la ciudadanía el tema legal”. Asimismo, advirtió que hace falta debatir el tema dentro del pleno.

En caso de que el CNE envíe un delegado, sería avalar algo ilegítimo, explicó Paredes. Sobre si la crisis interna está afectando el funcionamiento del Consejo, respondió que el único que tiene la potestad para convocar a las sesiones es el presidente, Pozo.

Además, reconoció que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene la potestad de dirimir estos conflictos internos, pero –advirtió- atendiendo el análisis hecho por el Tribunal de Garantías Penales. E insistió en que se debe dejar sin efecto las decisiones del 31 de octubre, a menos evidentemente que el TCE dictamine lo contrario.

El consejero Mauricio Tayupanta, sin embargo, afirmó que el CNE está trabajando normalmente. Pero señaló que, en la sesión suspendida la semana pasada, no se llegó a tratar el tema de AP por lo que no puede pronunciarse sobre si se debe enviar o no un delegado a la convención de Esmeraldas.

Aunque sí coincidió en que la responsabilidad final para dirimir el problema del oficialismo está en manos del TCE. Ya que el CNE se limitó a acatar la decisión del Tribunal de Garantías Penales, que “es un tema administrativo”.

E indicó que un veedor electoral, “en una situación normal”, no necesita la autorización del pleno del CNE, “ya que es un tema eminentemente administrativo que compete exclusivamente al presidente del Consejo”.

Consulta popular

Sobre la demora de la Corte Constitucional para calificar la consulta popular y referendo del Ejecutivo, Paredes dijo que “nosotros no podemos convocar si no tenemos primero el dictamen favorable de la Corte y el Decreto Ejecutivo”.

Pero la consejera afirmó que la crisis dentro del CNE no afectará una posible consulta, ya que la institución tiene la capacidad para llevar adelante cualquier proceso electoral. “Estamos preparando ya todos los elementos necesarios para garantizar una consulta”.

Paredes dijo que si la aprobación de la consulta llegaba hasta el 21 de noviembre, calculaban que podría llevarse a votación el 4 de febrero. Pero que, si llegase hasta la próxima semana, aún podría hacerse hasta el 28 de febrero. Es decir, un año antes de las elecciones seccionales.

Tayupanta no quiso pronunciarse sobre los plazos de la CC, pero dijo que sin el Decreto Ejecutivo no se puede iniciar ningún proceso.

Concurso de renovación parcial

Sobre los problemas que está ocasionando el retraso en la renovación parcial del CNE, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Paredes dijo que se debe preguntar a dicha entidad “cuál es la razón por la que demora el concurso sin dar mayor explicación”, sabiendo que la fecha de renovación era este miércoles 29 de noviembre.

Además, aclaró que la lectura de la Procuraduría está equivocada ya que ella no debe, a su criterio, terminar sus funciones este miércoles, al igual que Juan Pablo Pozo, Nubia Villacís y Paúl Salazar. Pero dijo que no intervendrá en esas interpretaciones y que “es momento de poner a las órdenes (el cargo) al país, lo que la ciudadanía demande”.

Tayupanta dijo que el Decreto 190 permite que los consejeros continúen en funciones a partir del miércoles, que finaliza el periodo de cuatro consejeros, según el análisis de la Procuraduría General del Estado.

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