13 de December de 2009 00:00

Los puentes de Tony el Suizo unieron a las comunidades

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El terremoto de 1986, cuyo epicentro se registró en la Amazonia ecuatoriana, fue el inicio de un proyecto que integró a los moradores de la zona y a un suizo. Tony Rüttimann llegó al país con  una meta: construir puentes que unieran a los pueblos. Y con ese fin se hospedó en las comunidades.

En un  inicio, las personas no podían creer que solo con la unión y la esperanza se podía levantar un puente, incluso en un solo día. Tony gestionó ante Petroecuador para que le donara tubos que ya no usaban. Estos eran la base de la estructura, el reto lo puso la comunidad a través de mingas.  En la primera etapa, este extranjero, conocido como Tony el Suizo o ‘El Puentero’, logró edificar 150 puentes. 

Sin embargo, su salud degeneró por el  síndrome de Guillain-Barré  (un trastorno en el que el sistema inmunológico  ataca a parte del sistema nervioso). Él volvió a su país, pero desde ahí seguía alimentando la idea de hacer puentes. Retornó al Ecuador  en 2004 y se asoció con Walter Yánez, ambos han levantado unos 350 puentes hasta el momento.

El plan de los puenteros sigue y Tony recibió, hace dos años,  un reconocimiento por ayuda humanitaria. Ya no trabaja con la misma intensidad de antes, pero sigue cumpliendo su sueño.


ENTREVISTA

XAVIER FLORES
ABOGADO  y CATEDRÁTICO  UNIVERSITARIO

Redacción Guayaquil

¿En una sociedad como la nuestra, debe existir una Ley de Comunicación?

Sí. Pese al discurso de ciertos medios de comunicación privados en el que se dice que la mejor ley de comunicación es la que no existe.  No solo al poder público se lo debe regular, los poderes privados también merecen regulación. La Ley no se tiene que hacer pensando en beneficios para el Gobierno o en contra de los medios con un tinte político,  sino en  un beneficio para todos.

Pero, esa  regulación de los medios, ¿bajo qué principios debe darse?

Bajo  el principio fundamental de la libertad de expresión. Debe hacerse entendiendo que ese derecho comprende dos partes, el derecho de cualquiera, incluido los medios a expresarse y, el derecho de toda sociedad a estar bien informada.  La posibilidad de acceder a expresarte no debe ser una cuestión de influencias o de dinero. Pensar que solo los que tienen esos atributos merecen expresarse, distorsiona la idea  de ese  derecho y lo hace ver como un privilegio.

¿La última versión del proyecto de ley de Comunicación recoge esta visión?

No creo que lo haga de la forma más idónea. Hay  aspectos que recogen eso, pero se debe trabajar en instancias más precisas. Por ejemplo, debe haber regulación en materia de distribución del espacio radioeléctrico y esta debe ser equitativa: 33% comunitario, 33% privado y 33% público. De esa forma se garantiza una pluralidad en el debate. También  debiera   desarrollarse más la interacción con los ciudadanos.
 
La creación del Consejo Nacional de Comunicación se vuelve polémica al asumirlo como un ente regulador de la comunicación,  ¿es necesaria  su existencia? 

El Consejo de Comunicación  per se  no es negativo. Es malo que tenga   atribuciones desproporcionadas o inadecuadas  como la clausura de un medio o la regulación de   los contenidos. Pero como regulador de aspectos de la administración de la comunicación  tiene que existir. Además existe en todas partes del mundo. En EE.UU. está la Federal  Commission Comunications; en España,  ese consejo  es parte  del Ministerio de Industrias y en Italia lo nombra el Primer Ministro.
  
¿Por qué un Consejo tiene que establecer sanciones administrativas cuando hay  la justicia ordinaria?

El  argumento de que por    una sanción administrativa no se puede juzgar dos veces a la misma persona es absurdo. Trámites administrativos hay un montón, no se lo está  inventando con el proyecto de  Ley. Eso no quiere decir que luego  no se pueda presentar un trámite ante la justicia ordinaria, se surta el proceso y eso no es doble juicio.   

Cuando en el art. 12 se habla de que el principio de la divulgación de la información   se elimina, al considerarse  secretísima, ¿éste  se vuelve una  limitante a la libertad de expresión?

Estamos ante un problema de definición, pero por sí misma la inclusión del término no está mal. En  los instrumentos internacionales, la seguridad nacional y los secretos de Estado son excepciones mínimas a la divulgación, por eso hay que ponerlo en la Ley. No decirlo es más irresponsable.

Sin embargo,  esto pudiera caer en la doble interpretación y en su  mala aplicación

Evidentemente, eso puede generar problemas en su  aplicación, pero no es un problema del diseño de la ley. El punto está en qué tipo de administrador tenemos para que esas excepciones se cumplan sin  afectar un derecho. Si las excepciones   mínimas  se amplían a otros ámbitos es porque  hay una mala administración.

Al referirse al tema de la profesionalización del periodista, ¿este proyecto de Ley     se enmarca dentro de los principios establecidos en normas internacionales, como la Carta Fundamental de los DD.HH.,  y el Pacto de Costa Rica?
 
Es contradictorio con las obligaciones del Estado de la forma como lo   interpretó la Corte Interamericana de DD.HH. cuando,  en 1985, dictó una opinión consultiva sobre  la anticonvencionalidad de la colegiación obligatoria. No hay un derecho fundamental a ser abogado pero sí a expresarse. Por eso, reglamentar un derecho  excluyendo  a unos de la opinión, por razones que no tienen que ver con la expresión en sí  misma, ya es una restricción.  

¿Esta ley abarca temas de franjas publicitarias, de publicidad electoral, de  regulación y sanción a  los medios, ¿es práctico que se busque    regular  tanto a la vez?

Por una cuestión política  mínima hay que  meter todo en el mismo saco. Segmentar el debate es abrir demasiados frentes. Incluso en la misma Ley  debiera incluirse temas como la administración  los medios públicos, sus atribuciones, etc. En el actual proyecto eso no se  contempla.

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