16 de marzo de 2018 00:00

Puente a la isla Santay, en Guayas, estará listo en mayo del 2018

Los trabajos de reparación implican reconstruir unos 145 metros de la estructura. El costo final de la obra se determinará una vez que se aprueben los planos de reconstrucción. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Los trabajos de reparación implican reconstruir unos 145 metros de la estructura. El costo final de la obra se determinará una vez que se aprueben los planos de reconstrucción. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Jorge González

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Los trabajos de reconstrucción del puente peatonal que une a Guayaquil con la isla Santay avanzan. Las tareas de reparación de la estructura son visibles en el río Guayas. En el afluente, a la altura de la intersección con la calle El Oro, se visualiza una gabarra, desde donde labora una grúa.

En octubre del 2017, el barco pesquero Patricia impactó a la estructura derribando un tramo de 145 metros, justo donde se iniciaba el puente en el lado guayaquileño.

Metain, empresa a cargo de la readecuación, informó días atrás que el resto de la estructura que se mantiene en pie está en buenas condiciones. Se hizo una inspección y se descartó un debilitamiento.

Los pilotes de soporte que se están colocando tienen 42 metros de longitud y son de acero. Cuando termine esa etapa, se realizará el montaje del nuevo tramo. Está previsto que la obra finalice en mayo del 2018.

El Servicio de Contratación de Obras (Secob), entidad pública que administra el puente, a través de un comunicado a este Diario, informó que el costo de la obra debe definirse una vez que el fiscalizador apruebe los planos de reconstrucción. El valor fluctuará entre los USD 2 y 3 millones.

Pero con los trabajos de reconstrucción resurgió la oposición respecto de que el puente continuara en la misma ubicación. La Federación de Cámaras Provinciales de Turismo (Fenacaptur), la Cofradía Oceánica del Ecuador, la Asociación de Prácticos de Guayaquil, entre otras instituciones, enviaron una carta de exhorto al presidente Lenín Moreno.

El documento señala que en marzo del 2013, la Asociación de Prácticos advirtió al entonces titular de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea), Carlos Vallejo, que la edificación inaugurada en junio del 2014 iba a disminuir “casi en su totalidad” la navegabilidad y maniobrabilidad de los buques. El escrito cita que la Dirnea en esa época no dio el aval respectivo.

Los firmantes de la carta sugieren que en vez del puente, embarcaciones transporten a los turistas a Santay. El Secob recibió una comunicación similar de los gremios e indicó que no es competente para evaluar la factibilidad de mantener el basculante en el sitio.

La institución gubernamental y Alcelsa, empresa dueña del barco, firmaron un convenio para la reconstrucción del puente en noviembre del 2017. Pero el proceso judicial contra la compañía y el capitán de la nave, Joao D., siguió. Apenas ocurrió el accidente, la Fiscalía del Guayas inició una investigación por el presunto delito de daño a bien ajeno.

El 1 de febrero, el juez Roberto Calderón, de la Unidad Judicial Penal Valdivia, absolvió a la empresa pero sí llamó a juicio al capitán. Esto se dio en la audiencia preparatoria de juicio contra el capitán y Alcelsa.

El dictamen expresa que el barco Patricia, de 1 113 Toneladas de Registro Bruto (TRB), no tenía permiso de zarpe y tampoco contaba con un práctico. Según una resolución del Ministerio de Transporte expedida en el 2014, las embarcaciones de más de 500 TRB deben contar con un práctico durante sus maniobras.

El magistrado concluyó que “no hay explicación lógica” para ese incumplimiento, y el capitán tuvo una “acción deliberada” al no acatar esos requisitos.

También hay sanciones administrativas en el ámbito fluvial.
Cuando ocurre este tipo de accidentes, la Capitanía de Puerto de Guayaquil conforma un jurado de capitanes, para que investiguen el hecho y determinen la responsabilidad en la parte técnica y profesional.

En su resolución del 4 de enero, el jurado concordó que el capitán fue negligente y estableció la suspensión de su matrícula para laborar por seis meses.

El jurado también deberá emitir recomendaciones, según Ronny Cobos, asesor jurídico de la Capitanía. “La entidad administradora del puente debe establecer un protocolo en el que se determinen los procedimientos para la apertura y cierre del puente basculante”, dijo Cobos en referencia a una de las observaciones.

Además, se sugiere el uso de radios para mantener una comunicación entre los operadores del puente y las tripulaciones. Debe colocarse señalización visual y lumínica e implantar un sistema de registro de requerimientos de las naves para pasar por el puente.

El gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, afirmó que en mayo estará listo el puente y que, mientras se realizan los trabajos, se ha evitado afectar al turismo en la comunidad de la isla. “Nunca se paralizó el turismo, siempre se coordinó con el Ministerio a través de botes y lanchas”.

En contexto

El 12 de octubre del 2017 un buque colisionó con el paso peatonal. El choque ocasionó que se derrumbaran, sobre el río Guayas, 145 metros de la estructura que conecta a Guayaquil con la isla turística de Santay. La firma Metain está a cargo de los trabajos.

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