19 de June de 2015 21:12

Publicidad engañosa afecta a 7 554 compradores de casas

Patricia Alvarado (derecha) espera desde el 2013 que la inmobiliaria le devuelva su dinero. Foto: Gabriel Proaño / El COMERCIO

Patricia Alvarado (derecha) espera desde el 2013 que la inmobiliaria le devuelva su dinero. Foto: Gabriel Proaño / El COMERCIO

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Sara Ortiz

Una casa con los “mejores acabados” fue la promesa de la inmobiliaria. Pero la vivienda que Irene Y. recibió hace un año tiene fisuras en las paredes, las baldosas están trizadas por la humedad y carece de los servicios básicos.

La mujer pagó USD 47 000 por este inmueble, ubicado en el sur de Guayaquil. Ahora la promotora de viviendas está en liquidación. Es decir, la ‘Súper’ de Compañías decidió disolverla por “irregularidades en el manejo económico”.

La razón fue que de los 1 400 contratos que tenía, solo entregó 50 y todas sin servicios básicos. Para esta mujer, de 75 años, la única forma para abastecerse de agua es comprar cada tres días 50 litros a un tanquero.

Su propiedad está llena de cubetas y bidones en donde almacena el líquido que usará para lavar, cocinar, bañarse, asear, etc. La compañía le prometió un jardín junto a la vivienda, pero esto tampoco recibió.

Por ello, presentó su caso a la Defensoría del Pueblo. Dijo sentirse engañada y víctima de una publicidad falsa. Esta institución ha recibido 854 casos relacionados a estafas inmobiliarias por esa modalidad.

Las denuncias van desde julio del 2014 hasta el 6 de junio de 2015 en Guayas, Pichincha, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos. Los problemas que más se repiten son el incumplimiento en los materiales, la falta de entrega de los inmuebles y hasta la no devolución del dinero cuando un cliente desiste de un proyecto.

En Quito también se registró un caso de estafa por ofertas engañosas. El fiscal de Pichincha, Alejandro Alemán, detectó que se utilizó un estand en una feria de vivienda para promocionar casas, pero se trataba de un engaño. Él determinó que esa era la forma de operar de la empresa. El dueño de esta compañía recibió prisión preventiva el miércoles 10 de junio del 2015, pero desde el 2014 se encuentra prófugo de la justicia por supuesta estafa.

En la investigación, la Fiscalía determinó que el sospechoso prometía viviendas a bajos costos en el sector de Marianitas (Calderón), sin entradas ni garantías. En las hojas volantes se ofrecía crédito directo con bancos y “excelentes” materiales de construcción. La realidad era otra. La compañía tenía un capital de USD 800, lo que no solventaba ningún proyecto habitacional, según la Superintendencia de Compañías, que inició un proceso de liquidación de la empresa en el 2013. Pero nunca entregó las casas a nueve personas.

La publicidad falsa es un mecanismo para configurar la estafa, porque induce la compra”, dijo Alemán en la audiencia.
Otra perjudicada es Aída Quishpe, quien pagó USD
7 500 y Clara Salcedo entregó 10 235. Las dos recuerdan que los agentes de ventas les mostraron las maquetas, unas casas en miniatura que se asemejarían a las suyas. Incluso recibieron fotos y planos de sus futuras viviendas.

Visitaron dos casas modelo y les dieron un listado de los materiales para que escogieran con qué querían que se realicen los acabados. Ellas guardan los folletos como prueba de que nada de lo descrito se hizo realidad.

En cambio, Irene Y. recuerda que cuando firmó con la empresa les solicitó que las puertas de su casa sean de madera y que para evitar el ruido usen un vidrio grueso. Las ventanas están mal colocadas y por las uniones entra brisa. La pintura de las puertas se resquebraja.

Del 2013 al 2014, la Fiscalía de Pichincha recibió 6 700 denuncias por estafas originadas a través de publicidad engañosa. Sumados a los casos de la Defensoría, los perjudicados son 7 554. La Fiscalía señaló a tres inmobiliarias. Ahora, siete dueños y gerentes están sentenciados con penas que van desde el año y medio hasta cinco de prisión. Entre las tres empresas, la Fiscalía determinó un perjuicio mayor a USD 56 millones.

Solo en un caso, la fiscal de Pichincha, Ruth Castillo, asegura que para captar clientes la compañía usaba páginas de Internet y las marcas de comida y equipos de fútbol. Además, los precios de los inmuebles eranirreales. Iban desde los USD 25 000 a 45 000 por viviendas de 70 a 110 metros. Siempre se lo exhibía en folletos, en ‘brochures’, en camisetas y banners.

Jaime Rumbea
, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador, asegura que las estafas a causa de ofertas irreales se dan sobre todo en aquellas que operan desde la “informalidad”, sin los controles suficientes. “Hay muchas empresas que se han aprovechado de la gente pobre y esto debe ser penado de manera frontal”, dijo. El representante no quiso dar más detalles, pero aseguró que la Fiscalía debería hacer una distinción entre “la formalidad y la informalidad, porque también hay gente seria que no recurre a engaños”.

Martha es otra afectada. La mujer, que vive en Venezuela hace 42 años, nombró a su hermana Patricia Alvarado como su apoderada para adquirir una vivienda a una inmobiliaria guayaquileña. El 8 de febrero del 2011 inició los pagos mensuales de USD 400. La empresa ofrecía propiedades con jardines, tres dormitorios, seguridad privada y áreas comunes.

Tras un año de abonar los pagos, la empresa decidió cancelar el proyecto. “Pensamos que nos iban a devolver el dinero, pero hasta ahora nos dan largas”. Además, le dijeron que ya no tendría jardín, ni tres dormitorios, sino dos. Ahora su madre y hermana esperan que pronto les devuelvan el dinero.

Xavier Macías también denunció su caso en la Defensoría del Pueblo de Guayaquil. En su expediente asegura que en el 2012 contrató un proyecto inmobiliario. Durante ocho meses pagó cuotas de USD 800 aunque siempre que pedía conocer el terreno le daban alguna excusa.Cuando lo visitó, se dio cuenta que era una zona periférica de la urbe. Trató de cancelar el contrato, en el 2013, pero hasta ahora no le devuelven los USD 8 322 que pagó. Lo último que le dijeron es que le entregarían la casa en el 2017, pero le costaría USD 14 400 más.

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