27 de July de 2009 00:00

Públicas y Privadas

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Carlos Larreátegui

Algunas opiniones vertidas alrededor del controvertido proyecto de Ley de Educación Superior de la Senplades han generado una falsa contradicción y antinomia entre universidades públicas y particulares.

Los dos regímenes educativos son complementarios y resultan indispensables para el desarrollo cualitativo y cuantitativo de la educación superior de cualquier país democrático. Es necesario desterrar esta dicotomía y explorar objetivamente la dinámica virtuosa que genera la coexistencia de establecimientos públicos y particulares.

El crecimiento de la educación particular es un fenómeno planetario. Los países con mayores índices de desarrollo se han apoyado firmemente en un sistema de educación que  favorece el fortalecimiento simultáneo de universidades públicas y particulares.

Resulta sugerente examinar el porcentaje de universidades particulares respecto al total de universidades en ciertas naciones: Chile, 75%; México, 72.7; Brasil, 51.5%; EE.UU., 74.6%; Japón, 73.7%; Venezuela, el 54.2%. Esta eclosión es una respuesta a la creciente demanda estudiantil que los gobiernos no pueden satisfacer y una creación de opciones educativas para la sociedad.

La acción de las universidades particulares ha promovido una sana competencia que beneficia al sistema universitario en su conjunto y permite al Estado concentrar sus recursos en la educación estatal. Es grave, entonces, que la Senplades pretenda vulnerar la estructura administrativa y financiera de las instituciones particulares. El Art. 89 del proyecto exige que las matrículas y pensiones de cada carrera sean aprobadas por el Gobierno bajo estrictos “costos de producción”, ignorando la complejidad de las finanzas universitarias.

Existen carreras con pocos alumnos que no podrían funcionar bajo esta norma legal. Existen también costos indirectos de infraestructura, investigación, financiamiento que no podrían imputarse con exactitud a cada carrera. Adicionalmente, el esquema propuesto por la Senplades impediría un manejo adecuado en épocas de aguda inflación. Sería más lógico, entonces, exigir la reinversión de los posibles excedentes en el crecimiento de la propia universidad. En el campo administrativo y académico la Ley impone un gobierno universitario que terminaría degradando las instituciones particulares bajo el pernicioso juego de la política.

Ninguna de las universidades que la  Senplades menciona como ejemplos, Harvard o Yale, eligen a sus autoridades bajo votaciones directas de docentes, estudiantes, trabajadores y graduados. La duración y  alternancia de autoridades es flexible y basta recordar que en los últimos 100 años Harvard ha tenido 7 rectores titulares y Yale,  6.  La continuidad de políticas es indispensable para construir una universidad de calidad y el cogobierno debe estar articulado por las propias universidades.

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