5 de enero de 2018 00:00

La falta de 84 psicólogos debilita la investigación

Vicente Costales / EL Comercio Alexandra Montalvo es una de las psicólogas que están acreditadas como peritos especialistas de la Fiscalía.

Alexandra Montalvo es una de las psicólogas que están acreditadas como peritos especialistas de la Fiscalía. Foto: Vicente Costales / EL Comercio

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Fernando Medina

Los psicólogos que están acreditados como peritos de la Fiscalía son insuficientes para atender a los usuarios. La entidad admite esa situación, pues en el país operan 48 especialistas, pero se necesitan 84 más.

La falta del personal es un problema que se arrastra desde el 2014. Ese año entró en vigencia el Código Penal y, con la nueva normativa, la violencia psicológica pasó de ser una contravención a un delito.

Con este cambio, los fiscales requieren de un análisis para determinar el grado de afectación de las víctimas y para verificar el delito cometido.

Ahora, los usuarios -en su mayoría mujeres afectadas por la violencia- tienen que esperar hasta cuatro meses para ser atendidos.

Por ejemplo, en mayo, Laura llegó a la Fiscalía de Pichincha y denunció a su pareja por los “constantes gritos y humillaciones” a los que la sometía.

La Fiscal del caso solicitó una valoración urgente. Pero el análisis no se concretó sino hasta inicios de agosto.

Lo mismo ocurrió con Ana, que en octubre del 2017 denunció a su esposo por tratarla mal.

A ella le dieron cita para que un perito la atienda dos meses después. Esto hace que los procesos tarden y hay personas que abandonan los casos.

En el 2017, los 48 profesionales atendieron 40 000 denuncias de violencia psicológica. Pero ellos no trabajan únicamente en este delito, sino también en denuncias relacionadas con agresiones sexuales y además levantan perfiles de los agresores investigados.

En Pichincha, hasta noviembre pasado, trabajaban siete profesionales. Cada uno realizaba entre dos y tres pericias al día. Pero además acudían a las audiencias para exponer sus análisis y tomaban los primeros testimonios a las víctimas.

Por eso, en diciembre se contrataron 10 especialistas más y ahora esperan que la carga de trabajo se reduzca, aunque todavía falta personal.

La fiscal de Pichincha, Thania Moreno, asegura que la falta de peritos ha hecho que exista una cooperación entre Fiscalías. Por ejemplo, a Quito viajan semanalmente de tres a cuatro personas afectadas que viven en la Costa, Sierra o Amazonía. Les envían a la capital, para que de alguna forma les agiliten los exámenes.

Eso ocurrió con Anthony, un niño de 8 años que fue abusado por un vecino. Los primeros análisis los hicieron en su natal Esmeraldas, pero para el juicio el juez pidió que se evaluaran las secuelas psicológicas. Su madre viajó a Quito tres veces para los estudios.

Para la Fundación María Guare, dedicada a la lucha contra la violencia, esto es preocupante, pues los viajes implican gastos adicionales. En esta institución se conoció el caso de una mujer de Galápagos.

“Ella tenía que viajar a Guayaquil para una pericia. Eso le significaba pasaje de avión (ida y vuelta), hospedaje y comida. “Solo vino una vez”, recuerda su presidenta Beatriz Bordes.

El fiscal Carlos Baca asegura que mientras se realicen los concursos para peritos se puede recurrir a contratos ocasionales. La entidad requiere de USD 2,6 millones para completar la planilla necesaria de psicólogos en el país.

La Fiscalía asegura que para cumplir la demanda de usuarios también se apoyan en los peritos de la Judicatura o de organismos privados.

Eso se practica en el Guayas. La fiscal provincial, Patricia Morejón, admite problemas.

En esa provincia actualmente operan 11 psicólogos. Hasta antes del 2016 eran cuatro.

Cada uno atendía 4 000 denuncias por violencia psicológica, que se presentaron desde el 2014. Ahora, para no afectar a los usuarios, acuden a profesionales del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam).

Ellos les ayudan con las terapias para las víctimas o realizan los análisis de las secuelas.

Como una forma de optimizar el tiempo de los peritos y para que cubran la mayor cantidad de tareas, la Fiscalía ha coordinado con la Judicatura para que no asistan físicamente a las audiencias, sino a través de videoconferencia.

Cepam dijo a la Fiscalía que es necesario mejorar la atención y que se contrate cuanto antes a los profesionales.

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