6 de febrero del 2015 00:00

Proyecto Llurimagua divide a los pobladores de Intag

Íntag

A lo largo de la carretera de ingreso al valle de Íntag, en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, hay leyendas y rótulos con posiciones a favor y en contra del proyecto minero. Foto: José Mafla / EL COMERCIO

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Washington Benalcázar (I). Coordinador
wbenalcazar@elcomercio.com

Un grupo de obreros, con chalecos reflectivos y cascos, abre un camino 300 metros antes de la comunidad de Junín, en el valle de Intag.

El ramal de 1,5 m de ancho llegará hasta la zona donde la Empresa Nacional Minera (Enami) instalará plataformas de perforación, para verificar la presencia de cobre y molibdeno en el extremo occidental del cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura.

Estos trabajos, que forman parte del proyecto Llurimagua, iniciaron una vez que la Enami recibió la licencia ambiental para desarrollar la exploración, el 16 de diciembre último.

Sin embargo, la supuesta riqueza mineral ha sido la causa de la discordia entre los 15 000 habitantes, desde hace dos décadas. Así rememora Antonio Culqui, quien llegó a Íntag desde Colombia hace 40 años.

“Primero estuvieron los japoneses, luego los canadienses y ahora los técnicos de la Empresa Nacional Minera”.

El campesino avanza por una vía de lodo que termina en Junín, un poblado de cabañas de madera y cemento, en donde habitan 260 personas.

Desde Cotacachi a la última comunidad, el viaje en vehículo dura tres horas. A lo largo de la vía, que tiene el mayor tramo lastrado, es posible leer rótulos a favor y en contra de la actividad minera, en medio de loscentenarios árboles de copal, cedro, canelo, yalte...

Un ave, de plumaje negro y rojo, revolotea en la copa de unos árboles, mientras los obreros trabajan con picos y palas.“Ese pájaro es un carpintero”, explica Culqui.

El inicio de las obras de exploración ha agudizado las diferencias entre la población, asegura Silvia Quilumbango, presidenta de la organización Defensa y Conservación de Íntag. Esta agrupación fue creada hace 19 años, para enfrentar los posibles problemas que provoca la actividad minera, afirma.

El miércoles último, por ejemplo, señaló que los habitantes de Junín denunciaron que habría ingresado sin permiso un camión con equipos para abrir la vía hacia la zona de exploración.

Junín refleja la división que se replica entre los vecinos a lo largo de Intag. En esta comunidad, incluso, ahora funcionan dos directivas, tras la detención de Javier Ramírez, el 9 de abril del 2014, acusado de presuntamente haber agredido a funcionarios de la Enami.

Ramírez, quien era presidente de Junín, continúa detenido. El próximo martes, precisamente, se reanudará la audiencia de juzgamiento en Ibarra.

El vicepresidente de Junín, Lauro Lucero, sustituyó a Ramírez y fue posesionado por el alcalde de Cotacachi, Jomar Cevallos. Mientras que Jaime Sánchez, que también aparece como presidente, fue designado por las autoridades de la parroquia de García Moreno, a la que pertenece Junín.

Sin embargo, no todos están en contra de la actividad minera. Culqui espera conseguir trabajo en el proyecto, como ya lo hizo antes con los japoneses. “Abrimos senderos. Luego llevamos las perforadoras... Después aparecieron grupos opositores que detuvieron los primeros trabajos”.

Javier Córdova, viceministro de Minas, descarta que durante la fase de exploración se produzcan impactos significativos.

“Las actividades de perforación se desarrollarán en lugares puntuales de las 4 839 hectáreas de la concesión. Se trata de áreas de alrededor de 2 x 2 km, donde los sondajes (pozos) estarán distribuidos sistemáticamente. Mientras que para el próximo mes se ha programado perforar 15 000 metros”, según un comunicado de Enami.

Luego de esta etapa exploratoria, que permitirá determinar las reservas del posible yacimiento, explica Córdova, iniciará la fase de evaluación.

Esta determinará si el proyecto Llurimagua es económica y técnicamente viable.

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