1 de marzo de 2016 00:00

Proyecto elimina el aporte estatal para cesantía

Ayer (29 de febrero del 2016) arrancó el debate de las reformas laborales en la Comisión de Derechos de Trabajadores de la Asamblea. Foto: Paúl Rivas/ El Comercio

Ayer (29 de febrero del 2016) arrancó el debate de las reformas laborales en la Comisión de Derechos de Trabajadores de la Asamblea. Foto: Paúl Rivas/ El Comercio

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Carolina Enríquez

La posibilidad de que el trabajador que ganaba poco se beneficie de un aporte del Estado al pedir su cesantía cuando se quede sin trabajo desaparecerá si se aprueba, tal como fue redactado, el proyecto de Ley de Optimización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo. El Ejecutivo presentó hace una semana este documento, con el carácter de económico urgente, a la Asamblea.

La propuesta contiene reformas laborales e incluye un mecanismo de protección mensual a la persona que quede en el desempleo. Sin embargo, incluye la derogatoria de los tres artículos innumerados que le siguen al artículo 283 de la Ley de Seguridad Social.

El segundo establece el Régimen Solidario de Cesantía por parte del Estado y establece que “en el caso de que el fondo acumulado en la cuenta individual de cesantía (del afiliado) sea inferior al doble de la remuneración que percibía el afiliado/a en el último mes anterior a la fecha del cese, la diferencia hasta completar las dos remuneraciones será financiada por el Estado con cargo al Presupuesto General”.

Este beneficio está vigente y está dirigido a las personas que hayan sido despedidas de su puesto de trabajo.

El monto para completar las dos remuneraciones de las que habla el artículo antes mencionado no puede superar las dos canastas básicas con base en el valor de diciembre del año anterior a la fecha de pago (USD 1 346,42).

Para acceder a este beneficio, las personas despedidas tienen que presentar ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) un documento, firmado por el inspector de trabajo, certificando su situación. No se benefician del mecanismo aquellos trabajadores despedidos por cuestiones disciplinarias.


Para Marco Proaño Maya, experto en temas de seguridad social, la desaparición de este mecanismo significa un impacto para el trabajador que, por condiciones de tiempo de aseguramiento o salario, tenía acumulado una pequeña cantidad en su fondo de cesantía y podía beneficiarse de un aporte del Estado para completar al menos dos remuneraciones.

Ahora solo contará con el seguro de desempleo, que lo financiarán los mismos trabajadores. Desde que se apruebe la reforma, el 1% que aporta el patrono ya no será para que el trabajador lo acumule en una cuenta individual de ahorro sino para conformar un fondo solidario del cual saldrá el dinero para pagar dicho seguro.

Una posición similar es la de Édgar Sarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), quien asegura que “se está endosando a los trabajadores” una protección que debería salir del mismo Estado.

Proaño Maya considera que el Ministerio de Finanzas debiera indicar qué monto ha desembolsado en estos casi siete años por concepto del Régimen Solidario de Cesantía en el país. Este Diario solicitó ayer este dato a Finanzas, pero no se recibió respuesta hasta el cierre de esta edición.

El tema será uno de los que se analicen en la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea, la cual comenzó a tramitar el proyecto desde ayer.

Fausto Cayambe, miembro de la mesa y legislador de Alianza País, explicó que no se está eliminando la responsabilidad del Estado en la seguridad social. “Tiene que seguir subsidiando todas las prestaciones de seguridad social (...) tenemos que definir cómo participa en el seguro de desempleo”. Aseguró que el régimen solidario se va a mantener y que debe regularse, no eliminarse. Esto será parte del debate de la reforma.

La Comisión prevé tener listo el informe para primer debate el sábado próximo.

Hoy continúa la revisión al texto con la participación de organizaciones sindicales y cámaras empresariales.

La Asamblea no es la única instancia en la que se analiza el documento. Ayer se realizó la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios en la que sus miembros indicaron que revisarán el contenido.

Oswaldo Chica, representante de los trabajadores, apoya el proyecto en tanto se logre acuerdos. Mientras que Rodrigo Gómez de la Torre, vocal de los patronos, aseguró que hay apertura para el diálogo.

Sindicato tendría voz sobre jornada

El proyecto establece que, en caso de crisis, las empresas pueden reducir sus horas de trabajo de ocho a seis. En este caso, los trabajadores ganarán por el tiempo efectivamente trabajado.
Para esto, las partes deben llegar a un acuerdo. Pero el legislador Fausto Cayambe asegura que es necesario fijar ciertas reglas alrededor de este tema.

Considera que si las empresas tienen más de 30 trabajadores, la negociación debe hacerse a través de un sindicato. Si la mayoría, es decir, la mitad más uno acepta, entonces se aplica la medida.
La minoría que no esté de acuerdo deberá sumarse. Si la mayoría no acepta y la crisis de la empresa continúa, ­esta tendría que liquidarlos a todos.

En la mesa también se aclaró que una compañía no puede seguir produciendo la misma cantidad con menos horas de trabajo. “Es precarización”.

El límite del seguro se debe aclarar

En el documento se determina que el monto a recibir por seguro de desempleo no podrá superar el valor de dos canasta básicas, del último diciembre: un total de USD 1 346,42.

Para el exrepresentante al Biess, Omar Serrano, no está claro si ese límite se refiere a un monto total de la prestación (total de los cinco meses que dura el seguro) o es mensual. Serrano cree que ese tema debe ser aclarado durante el debate.

Para Cayambe, tal cual está redactada la Ley, el límite se refiere al monto total, que considera un rubro muy bajo, por lo que debiera revisarse.

Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IESS, dijo que el techo de la prestación que especifica el proyecto de Ley se refiere a un valor mensual.

Asegurar a jóvenes con inversión

El asambleísta Fausto Cayambe explicó que el Estado tiene USD 5 300 millones de inversión establecidos en el Presupuesto y que parte de ese dinero podría servir para financiar el tema del aseguramiento de los jóvenes de entre 18 y 24 años.

De acuerdo con sus cálculos, se requería “al menos USD 23 millones” para tal fin. Con el dinero, el Estado podría pagar el 11,15% del aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que le corresponde al patrono.

El proyecto de Ley establece, precisamente, este último mecanismo con el fin de sostener el empleo de estas personas. También incluye que el número de estos trabajadores no podrá superar el 20% de la nómina.

Además, la regulación aclara que el Estado solo financiará el total de los aportes al IESS si la persona joven gana hasta dos salarios básicos unificados.

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