22 de mayo de 2016 11:48

Tres provincias sienten el éxodo de afectados

Decena de personas buscan información y tramitan demoliciones en el COE de Manta. Foto: Javier Flores/ EL COMERCIO

Decena de personas buscan información y tramitan demoliciones en el COE de Manta. Foto: Javier Flores/ EL COMERCIO

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Elena Paucar
; María Víctoria Espinosa
y Alberto Araujo 

El terremoto del 16 de abril pasado causó un movimiento de población desde las zonas más devastadas a otras ciudades de Manabí y Esmeraldas -con menos daños- y también a otras tres provincias: Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena y Guayas.

Tan pronto como se dio el movimiento telúrico, la Organización Internacional para las Migraciones proyectó que al menos unas 73 000 personas se verían forzadas a salir de sus lugares de residencia, para suplir necesidades básicas como trabajo, salud, educación, seguridad, entre otras. 


El ministro coordinador de Seguridad, César Navas, reconoce que ya se está sintiendo ese desplazamiento de damnificados a esas provincias. “Las autoridades locales lo expresaron en una reunión que tuvimos con el Presidente (Rafael Correa). Hablaron de los requerimientos de empleo, de servicios básicos, alimentación, atención médica y educación”.


Pero Navas no se aventura a dar una cifra de las personas que han cruzado las fronteras provinciales. Lo que sí dice es que no se permitirá que las personas traten de aprovecharse de la tragedia de las familias que se han movilizado.
Esto, a propósito de que los arriendo en las zonas que no fueron tan afectadas de Manabí , y que han recibido a damnificados, subieron de precio luego del terremoto.

En Santo Domingo, en cambio, hay una mayor demanda de matrículas en las instituciones educativas fiscales. Y en Durán (Guayas), los damnificados buscan opciones de empleo para poder subsistir.
 La información detallada que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) recaba con sus brigadas permitirá, según el Ministro Coordinador de Seguridad, tomar acciones más afectivas para dar atención a los diferentes grupos de personas que lo requieren.

“Si han encontrado un lugar seguro donde un familiar, o en un albergue, no queremos que se regresen. Tenemos un plan de reactivación productiva”.
También el Gobierno levanta un registro para entregar bonos de arriendo, alimentación y un incentivo económico para las familias acogientes que abrieron sus puertas a los afectados.


Santo Domingo acogió a 360 nuevos alumnos

El ingreso de sus dos hijos a la escuela se ha convertido en un vía crucis para Mauricio Yarpaz, de 36 años. 
Él está albergado en el recinto ferial de Santo Domingo, junto con 400 personas más provenientes de Pedernales y Jama (Manabí), que evacuaron la zona luego del terremoto.
Hasta ese albergue llegó un equipo del Ministerio de Educación, para asignar cupos a los niños en cuatro unidades educativas ubicadas en las zonas aledañas a ese albergue, y en dos más de la ciudad. 


Hasta el pasado jueves se habían asignado 360 cupos para personas de Manabí y Esmeraldas. Según Paola Solórzano, directora distrital de Educación, los cupos se repartieron en los planteles que tenían capacidad. “Se realizaron talleres con los profesores para que entiendan la situación de los menores y sus padres“.


Yarpaz obtuvo dos cupos para sus hijos Lina y Johan, de 10 y 8 años, respectivamente. Los niños asisten desde hace dos semanas a clases. “Tengo mucha impotencia porque los demás niños ya tienen la lista de útiles y el uniforme y yo no he podido comprar nada”.


Ese sentimiento es compartido por otros padres, en los albergues, que buscan un empleo para obtener ingresos. “Fuimos a recolectar piña y venderla luego, pero no nos pagaron por el trabajo“, señaló José Rodríguez, de 55 años. 
En Pedernales, él pescaba y atendía un pequeño restaurante en el malecón. Cada mañana sale a las calles de Santo Domingo en busca de un trabajo. “Tengo cinco niños en la escuela. Uno de ellos es discapacitado. Me duele no tener ni para el uniforme”.


Paola Castro también tiene seis niños en la escuela. Ella realizó la limpieza de varias oficinas en el centro de Santo Domingo para comprar algunos cuadernos a sus hijos. “Los libros nos dan en la escuela. Estamos tratando de conseguir más trabajo para poder completar la lista”.


Los arriendos de las 
casas se encarecieron

Rosa Cedeño no puede dormir tranquila. Ni siquiera dentro de su vivienda, por el temor de que se le caiga luego de la réplica del pasado miércoles. Ella vive con su esposo y su hija en la Avenida 12 y Calle 2, en el sector de Tarqui, en Manta.


En su cuadra quedan solo tres familias de las más de 10 que habitaban antes del terremoto. La mayoría ha salido a vivir donde familiares, porque arrendar un departamento es casi imposible: el precio de los arriendos se duplicó y hasta triplicó tras el terremoto. 


“No tenemos dónde vivir. No hay departamentos. Arrendar viviendas de dos cuartos, una sala y comedor en esta zona costaba USD 100 al mes. Ahora cuesta hasta USD 300”, 
dice Cedeño .
Una situación similar vive María Chóez, del barrio Santa Clara Nº 1, quien también está viviendo a la intemperie, junto con otras cinco familias.


Ella y sus cuatro hermanos levantaron hace 10 años cinco viviendas para vivir. Todas se cayeron en el terremoto. Son 27 damnificados entre niños y adultos que viven en la vereda, por temor a los saqueos y porque no tienen adónde ir. En su barrio, el alquiler de una casa con un cuarto subió de USD 100 a USD 180.

Y ni siquiera tiene trabajo. Clama por una carpa a las afueras del COE.
Norma García también perdió su casa en el barrio María Auxiliadora. Ahora vive con su hija pero intentó previamente arrendar en el sector. Los alquileres pasaron de USD 100 a USD 200, para una casa de un solo cuarto. No tiene trabajo. Laboraba de forma temporal en el Ministerio de Educación, 
haciendo inscripciones para el comienzo del año.

Trabajó cuatro meses pero solo ha cobrado uno. Le deben tres meses de sueldo y no tiene trabajo. En la misma situación está Lourdes Mero, moradora del barrio Honduras, de Jaramijó, cuya vivienda también cayó y los arriendos en esa zona pasaron de USD 50 a USD 100.


Durán busca opciones de empleo para afectados

Elena Paucar. Redactora (I)
Tuercas, neumáticos y un montón de piezas metálicas son lo poco que Vicente Márquez rescató del taller de bicicletas que levantó en Pedernales (Manabí). 


“Con esto crié a mis hijos, sacando USD 20 al día; ahora hay que empezar de cero”, cuenta, sentado junto a su caja de herramientas, mientras su hijo Cristhian atiende al primer cliente del día. Por parchar una llanta recibió USD 0,50. 
Pocos días después del sismo, la familia Márquez Farías se desplazó a Durán.

Sus 15 integrantes se acomodan como pueden en una villa que un conocido les ofreció en la ciudadela Maldonado, donde hace dos días abrieron otro taller. 
En la vereda hay unos triciclos aparcados que están en venta, y algunos carteles infantiles que los niños elaboraron para promocionar el negocio. Junto a la puerta también pegaron uno que los identifica: “Damnificados de Pedernales”. 


Entre oficios y el comercio estaba el sustento de las 22 familias manabitas registradas por la Dirección de Desarrollo Humano y Gestión Social del Municipio de Durán. Su director, Diego Zambrano, explica que el cantón acoge a más de 100 desplazados de Pedernales, Manta y Portoviejo. 
Para ellos se analizan dos alternativas: otorgarles puestos en mercados municipales, a través de la Dirección de Desarrollo Económico del Cabildo; o hacerlos socios de los proyectos de Economía Popular y Solidaria que están en marcha. 
Katiuska Muentes es parte de esa lista y espera ansiosa una oportunidad.

Vivió 10 años en Venezuela, pero asegura que el remezón de la crisis económica la obligó a regresar. 
Desde octubre vivía con su hijo Nelson, de 13 años, en Cañitas de Charapotó, cerca de Chone. Allí abrió una tienda de sandalias artesanales. 
“Todo se perdió -cuenta llorando-. He buscado un trabajo y solo hay para la noche. Pero después del terremoto no quiero dejar solo a mi hijo”.

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