14 de October de 2014 20:40

La secuela de la protesta afecta a 110 alumnos de cuatro ciudades

Ayer, en el Colegio de Abogados, padres de familia se reunieron para hablar de la denuncia. Foto: Alfredo Lagla /  EL COMERCIO.

Ayer, 14 de octubre del 2014, en el Colegio de Abogados, padres de familia se reunieron para hablar de la denuncia. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO.

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Javier Ortega. Redactor

Tenía una prueba, pero antes de iniciar la profesora le pidió que saliera de clase. El estudiante regresó a casa temprano y ahora acompaña a su mamá a las reuniones diarias que un grupo de padres mantiene en el Colegio de Abogados de Pichincha, en el centro de Quito.

Hoy, Esteban cumple 3 días sin asistir al Instituto Nacional Mejía. Es uno de los 110 estudiantes que están suspendidos mientras se desarrollan las investigaciones académicas.
Los alumnos pertenecen a siete planteles educativos de cuatro ciudades (Ibarra, Quito, Portoviejo y Ambato). Este dato lo dieron voceros de la Federación de Estudiantes Secundarios (FESE).

Contra ellos se abrieron procesos disciplinarios por su presunta participación en las manifestaciones del 17 y 18 de septiembre pasados. Entre los jóvenes investigados hay menores y mayores de edad.

Dos estudiantes del Mejía hablaron ayer, 14 de octubre del 2014, de las consecuencias que ven a corto plazo por la inasistencia a clases. No quisieron revelar sus nombres, pero aseguraron que temen les suspendan en los exámenes de la Senescyt, un requisito para ingresar a las universidades del Estado u obtener una beca.

“No es lo mismo estudiar en el colegio que hacerlo en la casa. No tenemos una guía. Ya es el último año y para graduarnos debemos asistir a las aulas”, comentaba uno de jóvenes, en los exteriores del Colegio de Abogados de Pichincha.

Sobre esto, el Ministerio de Educación señaló que garantizará que “los estudiantes inmersos en los procesos disciplinarios reciban tareas dirigidas y cuenten con un tutor para garantizar que, aún suspendidos, no pierdan clases”.

Para mañana, los alumnos deben presentarse en la institución y recoger los deberes y entregarlos una semana después.
El proceso, según anunciaron autoridades del plantel a los padres, se prolongará 15 días, pero entre los estudiantes hay incertidumbre.

Luego de la notificación de la apertura del proceso disciplinario, el rector de cada plantel debe definir día y hora para que los jóvenes y sus representantes exhiban las pruebas de descargo. Tras este primer proceso, las autoridades remitirán los expedientes de los alumnos a la Junta de Resolución de Conflictos, organismo encargado de la disposición.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, hay dos tipos de sanciones que la Junta puede aplicar en caso de comprobar que los jóvenes cometieron faltas disciplinarias. La primera es la suspensión temporal por no más de 30 días y la segunda consiste en la reubicación del alumno a otra institución educativa.

Hace una semana, Fanny Guananga, madre de uno de los menores suspendidos, entregó las pruebas para demostrar que su hijo no participó en las manifestaciones. Entre estas consta el testimonio de un profesor.

Según la mujer, la Policía sacó a su hijo del interior de la institución mientras esperaba que las protestas concluyeran. El día que exhibió las pruebas, las autoridades le notificaron que el estudiante ya no podría ingresar a las aulas hasta que finalizara la investigación. “Le dije que saliera con la frente en alto porque no mató a nadie. Tampoco es un tirapiedras como el Gobierno trata a nuestros hijos”, relata Guananga.

No obstante, la versión oficial es otra. En un parte policial, donde consta el aislamiento de 57 menores, dos oficiales aseguran que “grupos de personas se encontraban agrediendo entre sí con objetos contundentes (palos y piedras) causando daños materiales en la propiedad pública y privada”. De ahí que -añaden los agentes- intervinieron y detuvieron a los sospechosos en el exterior e interior del centro educativo.

Junto a Guananga, otras madres de familia también criticaron las medidas que han tomado con los estudiantes. Elizabeth Piñán habló de la situación por la que atraviesan los jóvenes. Psicológicamente -dijo- están acabados. A su hijo, al igual que a Esteban, le pidieron el lunes que saliera de clases. Llegó a la casa y se encerró en su habitación. “No quiso saber nada más. Está ‘bajoneado’. Solo queremos que piensen en ellos. No está bien que les nieguen el derecho de estudio”.

Ayer, en los pasillos del Colegio de Abogados también estaba Nancy Toasa, madre de otro alumno suspendido. Su hijo está desde el primer curso en el Colegio Mejía. Para ella, en caso de que se lo reubicara sería un golpe para él. “Se moriría. Él ama a la institución”.

Analizan denuncia

Mientras tanto, el gremio de abogados de Pichincha prepara una denuncia contra cuatro oficiales de la Policía Nacional por los presuntos abusos que se cometieron contra los estudiantes. En esa lista también está una perito y una paramédico.

Hasta ayer, 22 representantes de los alumnos firmaron el documento que entregarán en los próximos días en la Fiscalía.
Gonzalo Realpe, abogado que asesora a los padres, explicó que la profesional que dio los primeros auxilios a los chicos no denunció las supuestas agresiones contra los jóvenes. De ahí que se la incluyó en la denuncia. También está en análisis una posible queja legal contra el Comandante General de la Policía y el ministro del Interior, José Serrano.

En los días posteriores a las manifestaciones, esa Secretaría de Estado señaló que hubo 17 agentes heridos por “la fuerte arremetida que sufrieron”. Y añadió que la mayoría de las lesiones las recibieron en el rostro, cabeza, piernas y tórax.

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