28 de octubre de 2014 00:00

Juicio en caso Mejía no fue el único por protestas

Uno de los investigados dice que se siente perseguido por oponerse a la minería. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Uno de los investigados dice que se siente perseguido por oponerse a la minería. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 52
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 9
Contento 1
Diego Bravo. Redactor (I)

Nueve activistas, obreros y universitarios son investigados por ataque y resistencia. En la San Francisco, una plaza céntrica de Quito, se escuchaban gritos y golpes. La noche había caído y el 17 de septiembre se enfrentaban policías y manifestantes convocados para protestas contra un supuesto incremento de los pasajes y por los derechos laborales.

Las bombas molotov explotaban al chocar contra el pavimento. Los policías tomaban por el brazo a los detenidos y forcejeaban. Estas escenas aún las recuerdan Christian A., José P., Alexis N., Héctor P., Mauricio C., Orlando M., Gregorio M., Luis C. y José P. Los nueve fueron apresados ese día y ahora la Fiscalía los investiga por presunto ataque y resistencia.

De comprobarse el delito, el grupo podría ir a la cárcel de seis a dos años, según lo establece el Código Penal (art. 283). Si el delito se comete en grupo y de forma planificada, los procesados podrían recibir una pena de hasta tres años.

Ellos no son estudiantes del Colegio Mejía y sus casos no se conocieron pese a que estuvieron detenidos en el edificio de Flagrancias. En la audiencia de formulación de cargos, les dieron medidas sustitutivas y por eso ahora todos se presentan cada semana en el Juzgado. Por esa medida judicial tampoco pueden salir del país.

Luis C. cursa un posgrado. Dice que lo apresaron porque trató de ayudar a una mujer que era supuestamente maltratada por uniformados y lo golpearon. Es activista ecológico y asegura que lo persiguen por “oponerse a la minería”.

Lo trasladaron al Regimiento Quito 2 y allí se conocieron los nueve detenidos en San Francisco. Luego los llevaron al edificio de Flagrancias en donde contaron a lo que se dedican: Luis es radiotécnico y repara electrodomésticos, Alexis se dedica con su padre al comercio de madera, José estudia sociología, Gregorio hace malabares y arte callejero. Los otros están en la universidad.

Ellos coincidieron que fueron aprehendidos en situaciones y sitios diferentes en esas marchas del 17 de septiembre. Alexis contó que viajó desde Alluriquín para apoyar la marcha oficialista e incluso llevaba puesto una camiseta de Alianza País. “Me detuvieron al comprar una hamburguesa”.

Christian asegura que estaba con su novia. Tras despedirse, bajó al lugar de las protestas, donde lo aprehendieron. José contó que en medio de las manifestaciones trató de proteger a una señora y una niña, pero “me inmovilizaron”. A Héctor lo llevaron preso por ayudar a la misma señora que Luis trató de proteger. Orlando dijo que solo quería “colaborar con la paz”, pero lo arrestaron.

Pero después de esas protestas, 16 policías llegaron al hospital de la institución con contusiones, traumatismos, golpes. Ese dato lo difundió el Ministerio del Interior: “Agresiones graves produjeron sobre la integridad de los policías un efecto cortante e hiriente, generando traumatismos en rostro, brazos, piernas...”.

Un afectado con fractura de cadera fue sometido a intervención quirúrgica. “A los familias (de los gendarmes afectados) les vamos a respaldar en lo que haga falta y sostendremos los procesos legales. Ya tenemos un equipo para determinar y sancionar a los responsables de la violencia, el desacato y la agresión a la autoridad”, dijo entonces Karina Argüello, subsecretaria de Seguridad.

Después de las protestas también aparecieron piedras arrancadas de la plaza. De hecho, el presidente Rafael Correa llegó al lugar en donde se produjeron los desmanes: “Son chicos acostumbrados a esto y manipulados por agitadores”.

Los nueve apresados aseguran que no lanzaron piedras, tampoco que cometieron desmanes. Una prueba aquello -afirman- son los videos en los que no aparecen causando daños. Por eso, la Fiscalía ordenó diligencias como el reconocimiento del lugar, pericias de audio y video, de identidad humana, recepción de versiones. También, fueron llamados a declarar 500 policías que colaboraron en los operativos.

La etapa de instrucción fiscal por este caso todavía no concluye y los nueve procesados esperan que les den una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

En tanto, ellos trabajan para pagarse un abogado. Héctor P. organizó una comida solidaria para juntar USD 1 000. También ahorra de lo que le pagan por dictar clases particulares de física y matemáticas.

A Alexis N. y José P. les ayudan familiares que son abogados. El primero cuenta que tiene problemas económicos y le preocupa que, si es detenido, no tendrá dinero para mantener a su hijo de cuatro meses.

Para trasladarse a Quito paga USD 60 y hacerlo cada semana se la hace difícil porque su salario es bajo. Luis C., en cambio, recibe el apoyo de su familia y el dinero que le llega de la beca universitaria no es suficiente para el abogado. Todos dicen que padecen problemas psicológicos tras lo ocurrido el 17 de septiembre. Ahora solo esperan la audiencia para conocer qué va a pasar con ellos.

En contexto
En el caso del Colegio Mejía, al menos 15 personas quedaron detenidas y fueron condenadas pero con trabajo comunitario. La defensa de los chicos arrestados apeló el fallo, pero los jueces negaron esa petición. La semana pasada, los familiares pidieron la liberación.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (1)
No (0)