La movilización crece en México 
por los 43 jóvenes desaparecidos

Miles de estudiantes de la Universidad de Guadalajara se manifestaron por lo ocurrido con los estudiantes de Guerrero y por la muerte de un estudiante.
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DPA, EFE y AFP (I)
Chilpancingo y Ciudad de 
México

El Alcalde de Iguala y su esposa fueron acusados de haber ordenado a la Policía que dispare contra los estudiantes, cuyo paradero se desconoce desde septiembre.

Personas encapuchadas incendiaron ayer, 22 de octubre, la Alcaldía de la ciudad de Iguala y saquearon comercios en una plaza comercial. El ataque ocurrió después de una marcha en la cual participaron miles de personas para exigir la aparición con vida de 43 estudiantes desaparecidos.

“Este edificio ya no sirve. Todo el aparato que estaba ahí está al servicio del narco”, gritó un manifestante con el rostro cubierto. La sede de la Alcaldía de Iguala había sido prácticamente vaciada el pasado jueves, cuando el sindicato de maestros de Guerrero y otros grupos sociales anunciaron que pensaban tomar el control de las 81 alcaldías de la región.

Guerrero, y el resto de México, siguen indignados por la falta de noticias sobre el paradero de los 43 estudiantes. En distintas ciudades del país hubo ayer paros estudiantiles en universidades, marchas y otras acciones en solidaridad con los desaparecidos, entre ellas en Guanajuato, Cuernavaca y Guadalajara, así como en poblados de las montañas de Chiapas, donde tiene presencia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que está prófugo, fue señalado por la Procuraduría General de la República como el autor intelectual de una serie de ataques a tiros contra estudiantes de una escuela rural del magisterio. También fue implicada su esposa, María de los Ángeles Pineda.

Los disparos fueron perpetrados por policías aliados con criminales el 26 de septiembre y dejaron seis muertos, además de los desaparecidos.

Iguala es una ciudad de 140 000 habitantes que está ubicada 200 kilómetros al sur de ciudad de México, en el estado de Guerrero, en el cual se encuentra también la Escuela de Ayotzinapa, conocida por formar docentes.

Sigue análisis de cadáveres

Tras la detención el 18 de octubre pasado del líder del cartel Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, se ha podido descubrir que el crimen organizado estaba completamente infiltrado en el Ayuntamiento de Iguala. La dependencia recibía del narcotráfico entre 2 y 3 millones de pesos mensuales (entre USD 148 000 y 222 000). Pineda, familiar de dos operadores del cartel, era la encargada de distribuir este dinero, con la complicidad de su esposo y del secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, afirmó el fiscal Jesús Murillo, quien agregó que ya fueron emitidas órdenes de aprehensión en contra de los tres.

Cada mes, al menos 600 000 pesos (unos USD 44 500) eran destinados al control de la Policía local y los propios miembros del cartel eran quienes decidían sobre los nuevos ingresos a la corporación.

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que ya son 30 los cuerpos encontrados en un total de nueve fosas, dos más de los informados inicialmente.

Las pruebas de ADN realizadas a partir de muestras tomadas por la Fiscalía de Guerrero revelaron que los restos no corresponden a los jóvenes desaparecidos, pero ante la posibilidad de “un error” las autoridades están a la espera de los resultados de las muestras tomadas por un grupo de expertos forenses argentinos.

Sobre la noche del 26 de septiembre, Murillo precisó que el primer ataque lo sufrió uno de los cuatro autobuses en los que viajaban los estudiantes. Uno de los jóvenes murió pero el automotor logró escapar.

Los policías emprendieron una persecución y, en medio de la confusión, atacaron a otro autobús en el que viajaba un equipo de fútbol.

Al darse cuenta, los agentes siguieron con la búsqueda y hallaron al primer vehículo, hicieron bajar a los estudiantes y se los llevaron en patrullas a la comisaría de Iguala, de donde fueron “sustraídos” por policías del vecino Municipio de Cocula, que habían acudido a apoyar el operativo.

Estos se llevaron a los estudiantes hasta un cerro ubicado en Pueblo Viejo -donde se han encontrado las fosas- controlado por un lugarteniente de los Guerreros Unidos, conocido con el nombre de ‘Gil’.

Este avisó a Casarrubias de los hechos de violencia, pero los atribuyó a “un grupo delictivo contrario”, por lo que el líder del cartel avaló “las acciones para la defensa de su territorio en Iguala”, señaló el fiscal.

‘Gil’ se encuentra prófugo junto con otros dos miembros del cartel, que presuntamente ejecutaron las órdenes de Casarrubias, y ya están plenamente identificados, por lo que “su detención resulta crucial para la investigación y localización de los estudiantes”, aseguró el Fiscal ayer.

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