8 de mayo de 2017 00:00

1 200 efectivos protegen a funcionarios

El presidente Correa es protegido por un grupo de militares cuando inauguraba el parque Zoila Ugarte y Polideportivo en Machala, el 16 de marzo. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El presidente Correa es protegido por un grupo de militares cuando inauguraba el parque Zoila Ugarte y Polideportivo en Machala, el 16 de marzo. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Diego Puente

Dos expresidentes de República coinciden en que no fue necesaria la custodia de agentes policiales y militares cuando salieron del Gobierno.

Rodrigo Borja se despidió de Carondelet en 1992. Aseguró que no enfrentó impases por actividades relacionadas al ejercicio de sus funciones. Durante los siguientes siete años caminó “tranquilo” por las calles de Quito.

También hizo viajes al exterior sin inconvenientes. Sin embargo, en febrero de 1999 tuvo que recibir custodia de dos agentes. Esto, recuerda, por una confusión que hubo de paramilitares que pensaron que él era un nexo de las FARC en Ecuador. Ocurrió luego de que recibiera una visita inesperada de Raúl Reyes, para invitarlo a un congreso al que Borja se excusó de asistir.

Pese a su salida violenta del poder en el 2003, Lucio Gutiérrez, expresidente, también comenta que no ha necesitado seguridad desde que cambió su situación.

Para él es una exageración la disposición del actual Mandatario de disponer que el Servicio de Protección Presidencial proporcione de ser necesario seguridad “a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos”. La decisión se tomó vía Decreto 1369 publicado el jueves pasado. El texto es una reforma al Decreto Ejecutivo 418, de julio de 2010.

Rafael Correa cambió un literal del tercer artículo, que se refiere a las atribuciones del Servicio.

Según la nueva disposición, la protección estatal se podrá ampliar hasta por un año a expresidentes y por seis meses a exvicepresidentes, plazos que “se podrán acortar o extender sobre la base del informe de riesgos que obligatoriamente se elaborará para el efecto”.

Gutiérrez señala que será un nuevo gasto para el Estado ya que los agentes que se encarguen de la protección recibirán, además de un sueldo, recursos para movilización y hospedaje en caso de que el Presidente concrete el viaje a Bélgica que anunció.

El asambleísta independiente Fernando Bustamante, exministro de Gobierno y exlegislador por Alianza País, advierte que cualquier viaje del futuro exmandatario deberá ser autorizado por la Asamblea.

Aunque la Constitución, en el Art. 144, fija que el Presidente saliente solo debe informar sus salidas del país hasta un año después de dejar el cargo.

Bustamante contó que las exautoridades reciben protección luego de ejercer sus actividades en caso de que corran algún riesgo. Él mismo recibió custodia por cerca de un año tras colaborar con el Gobierno.

Pero advierte que el Decreto no establece qué pasa si el presidente y su familia viven en el extranjero. A su criterio, en ese caso la seguridad será responsabilidad del país que lo reciba.

El tema de la protección a autoridades es debatido también en la Asamblea Nacional, en el III Libro del Código Orgánico de Entidades de Seguridad, que hoy tampoco norma la protección de exautoridades. Ahí se establece que habrá un cuerpo civil a cargo de la seguridad de los mandatarios. Dora Aguirre, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía y Seguridad, a cargo del tratamiento del texto, comentó que la protección de exmandatarios podría incluirse en el articulado. Dijo que hay 1 200 efectivos, entre policías y militares, destinados a la protección del Presidente y otras autoridades del Estado. La remuneración a estos uniformados “cuesta unos USD 17,2 millones”.

Para el presidente de Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, se debe garantizar la protección de una autoridad, así esté en el exterior.

Diego Fuentes, viceministro del Interior, hizo una puntualización al respecto. Comentó que cuando altas autoridades vienen al país hay operativos conjuntos entre fuerzas públicas de la nación de origen y la sede que lo acoge.

El funcionario aclaró que la seguridad del Presidente y del Vicepresidente está en manos del Servicio de Protección Presidencial que es coordinado por las FF.AA. Acotó que el resto de autoridades (ministros, jueces o funcionarios que dejaron el cargo, pero que pueden enfrentar cualquier peligro) son protegidos por la Subdirección operativa de seguridad y protección.

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