23 de junio de 2017 00:00

Las propuestas productivas deben estar listas en 90 días

El vicepresidente Jorge Glas y el presidente Lenín Moreno durante la firma del decreto para crear el nuevo órgano. Representantes de los sectores público y privado participan. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El vicepresidente Jorge Glas y el presidente Lenín Moreno durante la firma del decreto para crear el nuevo órgano. Representantes de los sectores público y privado participan. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Carolina Enríquez

El Consejo Consultivo Productivo y Tributario tiene 90 días para entregar al presidente Lenín Moreno un primer documento de propuestas para convertir al sector privado en el motor de la economía.

Así establece el Decreto 50, firmado el jueves 22 de junio del 2017 y a través del cual se creó este organismo.

El Consejo está operativo desde el jueves y está compuesto por un comité ejecutivo conformado por seis representantes del sector privado y seis del público.

El organismo tiene 15 días para convocar a empresarios de diversos sectores - que aún están por definirse- a mesas de diálogo. Se espera que, al menos, 50 empresarios participen en esas consultas.

Actualmente está estructurada la parte ‘macro’ del órgano, explicó Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y quien es parte del Consejo.

Para la próxima semana se espera una reunión entre los miembros de los sectores público y privado para establecer los aspectos operativos del nuevo organismo.

Pero en cuanto a los planes de trabajo los gremios productivos ya tienen posturas concretas al Consejo.

El CEE plantea, por ejemplo, que dentro del órgano se definan mecanismos y procesos para atraer inversiones, impulsar la productividad y el crecimiento económico, y generar sostenibilidad fiscal, innovación, entre otros.

Buena parte de esa hoja de ruta está contemplada dentro de los 15 ejes de trabajo del Consejo que definió el Ejecutivo en el Decreto.
Si bien hay apertura para el diálogo y el análisis de propuestas, el gremio pidió al Gobierno que cualquier decisión para el sector productivo se revise dentro del ente y que se traten temas de carácter estructural para el país.

Los exportadores, por su parte, presentaron cinco ejes, entre los cuales están: definición de una agenda comercial, operatividad aduanera y logística. El sector considera que es clave fortalecer la dolarización, pero sin restricciones.

Esto último marca un quiebre con otras organizaciones que participan en el Consejo como la Confederación Nacional de Empresas de la Economía Popular y Solidaria (Conaeps). Su presidenta, Lucía Calderón, es partícipe de limitar la importación para evitar un impacto en la balanza de pagos y en la economía.

La Cámara Nacional de Pequeñas Empresas (Canape), que también tiene un representante en el nuevo órgano, planteó hace dos semanas una medida similar.

El gremio recalcó ayer la posibilidad de establecer alguna opción a las salvaguardias generales que estuvieron vigentes hasta el 31 de mayo.

El Gobierno no se ha pronunciado directamente sobre el tema, sin embargo, ayer el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, recalcó que se debe cuidar la dolarización y “ponerle ojo” a las importaciones de artículos suntuarios, mas no a bienes de capital y materias primas.

Para el funcionario, hay que impulsar las exportaciones y la inversión extranjera a través de políticas públicas que brinden seguridad jurídica y “de ser posible” una moratoria tributaria.
Este y otros temas impositivos estarán entre las prioridades del Consejo, que contará con la participación del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Una de las propuestas del colectivo ProponLe es que una vez que se analicen estos temas se presente una sola reforma tributaria, a fines de año y con el carácter de económico urgente. La revisión del anticipo al Impuesto a la Renta y al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) es clave.

El director del SRI, Leonardo Orlando, señaló que en el marco del Consejo se revisarán las propuestas, pero indicó que por ahora no se tiene ningún proyecto adelantado. Será el presidente Moreno quien tenga la última palabra.

El Mandatario, según establece el Decreto, también podrá presidir las sesiones del órgano si así lo decide.

Y de existir propuestas que incidan en aspectos legales o de reformas podrá acudir también a las reuniones el presidente de la Asamblea.

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