23 de November de 2009 00:00

La propiedad del agro

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Editorial Diario El Comercio

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Lo que está ocurriendo en una tradicional finca de la Sierra centro del país es una situación que debiera llevar a la reflexión inmediata y serena a las autoridades del Régimen, a los propietarios de las tierras agrícolas y a los dirigentes campesinos.

Apoyados en los anuncios oficiales de que en un plazo de dos años se entregarán las tierras improductivas a organizaciones indígenas y rurales para que las trabajen, generen riqueza económica y contribuyan a una mayor oferta de productos alimenticios a la población ecuatoriana, ciertos líderes y movimientos locales estimulan a las comunidades a presionar a los dueños de predios y, en algunos casos, a ocupar esos espacios hasta que los propietarios decidan venderlos.

Se entienden las intenciones del Gobierno para redistribuir la tenencia de la tierra, conseguir mayor equidad social y desarrollar el potencial productivo de miles de hectáreas hoy mal aprovechadas, pero la obligación del Régimen  es muy grande si se toma en cuenta que la falta de control sobre la acción de ciertos dirigentes puede causar más de un grave conflicto.

Sin pretender echar sobre los hombros de las autoridades políticas la responsabilidad por lo que sucede en aquellas zonas, es importante que aquellas, en el menor plazo, establezcan con claridad y firmeza los límites de dichos anuncios y se controle a quienes pretenden rebasarlos o usufructuar de ellos.

Cualquier decisión del Estado para mejorar las condiciones de vida de la población más pobre y lograr más equidad en la tenencia de la tierra debe enfocarse sobre un análisis riguroso y justo de la situación actual, para evitar que la demagogia populista y la repetición de viejas prácticas clientelares afecten a la paz social en el agro ecuatoriano.

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