12 de marzo de 2017 19:09

Prohíben salir del país a funcionarios por incendio en Guatemala

Decenas de guatemaltecos demandaron la renuncia del presidente Jimmy Morales y justicia por las 38 menores que han muerto a causa del incendio registrado el pasado miércoles en una casa hogar en el municipio de San José Pinula. Foto: EFE

Decenas de guatemaltecos demandaron la renuncia del presidente Jimmy Morales y justicia por las 38 menores que han muerto a causa del incendio registrado el pasado miércoles en una casa hogar en el municipio de San José Pinula. Foto: EFE

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Agencia DPA

La Fiscalía de Guatemala ordenó que se prohíba salir del país a varios funcionarios por el incendio del miércoles 8 de marzo del 2017 en un hogar refugio, que ya deja 40 víctimas, mientras en la capital se registraron nuevas protestas para reclamar justicia.

"Se han hecho requerimientos de arraigo (prohibición para salir del país), como parte de las medidas precautorias que exige la investigación, que se cumple a doble marcha", dijo el secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), Rottman Pérez, según indicó hoy el diario Prensa Libre.

Uno de los funcionarios sobre los que la Fiscalía solicitó esta medida es Carlos Rodas, secretario presidencial de Bienestar Social, ente bajo cuyo control funciona el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde ocurrió la tragedia.

Rodas, quien al principio dijo que no tenía intención de renunciar por considerar no tener responsabilidad, ya presentó su dimisión al presidente Jimmy Morales, quien la aceptó y le pidió permanecer disponible a la investigación.

La Fiscalía no dio los nombres de otros funcionarios contra quienes se pidió igual tipo de medidas. Un total de 19 menores de entre 14 y 17 años, todas mujeres, murieron en el lugar aparentemente cuando protestaron quemando colchonetas dentro de un aula en la que fueron encerradas un día después de haber participado en una fuga masiva.

En una entrevista con la cadena CNN en español la noche del viernes, Morales reconoció que las menores permanecían en dicha sala bajo llave. Otras 21 de ellas fallecieron en los hospitales Roosevelet y San Juan de Dios, una de ellas este domingo, debido a las graves quemaduras sufridas, aunque aún hay siete adolescentes en estado delicado, informaron las autoridades de ambos nosocomios.

Cuatro menores fueron trasladadas a un hospital especializado para niños quemados en Galveston, Texas, Estados Unidos, con el apoyo de la organización internacional Shriners.

Un grupo de empresarios patrocinó el alquiler de los aviones en que se les transportó. El sábado prosiguieron las protestas en demanda de justicia ante lo ocurrido, cuando cientos de manifestantes se congregaron frente al Palacio Nacional de la Cultura, sede del Ejecutivo.

Activistas y estudiantes que participan en las protestas dijeron que seguirán manifestándose para que las muertes no queden impunes. Morales convocó a los otros poderes de Estado para asumir un compromiso por reformas en el sistema de atención a la niñez desprotegida e institucionalizada, cuya necesidad calificó como "claras y urgentes".

El mandatario reconoció que la tragedia es una "responsabilidad de Estado", aunque descartó que se trate de un "crimen de Estado". El albergue tenía capacidad para 400 jóvenes de ambos sexos, pero en el lugar estaban hacinados más de 700. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) señaló que el centro, creado en 2010, tiene un amplio historial sobre abusos sexuales sufridos contra menores y otros maltratos.

En 2013 hubo una muerte por violencia, de acuerdo con los registros oficiales.

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