12 de octubre de 2017 00:00

Profesores indignados por abuso a escolares en Guayaquil

mario faustos / el comercio Padres de familia realizaron ayer un plantón en los exteriores de la unidad educativa, en el norte de Guayaquil.

Padres de familia realizaron el 11 de octubre un plantón en los exteriores de la unidad educativa, en el norte de Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

Dentro de la escuela todo lucía normal el miércoles, 11 de octubre del 2017. Fue un día más de clases y desde muy temprano los niños entraron a sus salones. En el patio, algunos practicaban deportes.

Afuera, el grito desesperado de un grupo de padres contrastaba con la tranquila jornada matutina. Con carteles reclamaban justicia para sus hijos.

El baño de ese plantel público del norte de Guayaquil se convirtió en un sitio de horror para al menos cuatro alumnos de entre 7 y 8 años de edad, que asistían a clases en la jornada vespertina. Allí presuntamente fueron víctimas de abuso sexual, un caso que ahora investiga la Fiscalía del Guayas.

“Mi hijo me contó que fue al baño con los amiguitos y había un profesor adentro lavándose las manos. Después entraron otros dos profesores, cerraron la puerta y, niño por niño, los fueron amarrando”, relató aún consternado Jorge (nombre protegido).

“A mi niño le bajaron los pantalones, la ropa interior y le tocaron sus partes íntimas. En ese momento entró otro estudiante, más grande. Abrió la puerta y fue cuando soltaron a todos los niños. Si no ocurría eso, no sé qué hubiera pasado”, contó el padre.

Las denuncias se presentaron la semana pasada, en la Unidad de Flagrancia del norte de la ciudad. Por ahora hay cuatro, pero los padres dicen que hay más de diez niños afectados. Desde el viernes, uno de los docentes implicados está bajo prisión preventiva; en su celular hallaron material pornográfico. Otro de los sospechosos huyó y un tercero aún no es identificado.

Por los testimonios recopilados hasta ahora, el fiscal César Peña explica que investigan el presunto delito de violación, tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La sanción va de 19 a 22 años de prisión.

Como parte de la indagación, Peña indicó que harán varias diligencias, como la reconstrucción de los hechos, nuevas evaluaciones a los niños en la cámara de Gesell y entrevistas a otros educadores del plantel. También harán valoraciones psicológicas a los niños de al menos dos salones en busca de más casos. Pero hasta ayer no había ninguna diligencia solicitada por la Fiscalía.

Hace 15 días, Martha (nombre protegido) notó que el comportamiento de su hijo de siete años cambió drásticamente. No llevaba tareas a casa, sus cuadernos estaban en blanco y golpeaba a sus compañeros de salón.

“Supe que algo no estaba bien. Después de mucho insistir, senté a mi hijo en mis piernas y me contó todo. Me dijo que era un profesor que le hacía cosas horribles: le ponía el pene en la boca, se lo ponía atrás, le daba de tomar orinas, le tomaba fotos y le daba unos caramelos que eran malos y lo hacían marear”, relató.

Ella fue la primera en alertar de lo que sucedía y asegura que lo informó a las autoridades del plantel. Después de oír a su hijo recuerda que ha visitado insistentemente la escuela, en busca de respuestas y sanciones para los acusados. Pero encontró trabas y silencio.

“Le dije a la rectora y a las maestras que iba denunciar al maestro, porque mi hijo corría peligro si ese hombre seguía ahí (…). Me dijeron que el colegio también lo denunciaría ante el distrito, pero cuando fui al distrito no sabían nada del caso”, recuerda.

El miércoles por la mañana, mientras Martha elevaba su voz de protesta en el plantón, la subsecretaria de Educación de la Zona 8, Éricka Laínez, informaba que abrieron sumarios administrativos contra los docentes implicados. Y que investigan la actuación de la rectora. La unidad educativa está intervenida por el Ministerio de Educación para garantizar que todas las áreas funcionen correctamente, según Laínez. “También se brindará atención psicológica a los niños”.

En junio, el Ministerio de Educación emitió el instructivo para atender casos de violencia sexual, cometidos o detectados en planteles educativos. El documento también incluye procesos para la investigación y sanción. La semana pasada, durante el allanamiento a la escuela, las autoridades impidieron el paso de la Policía y la Fiscalía, según los padres de familia. Los agentes treparon por las rejas de la puerta principal para hacer la diligencia.

Laínez asegura que lo hicieron para no vulnerar los derechos de los estudiantes. “Había niños en el patio -cuando llegaron para la diligencia-”, y aclara que fue un mal entendido y que otorgaron a las autoridades todos los datos sobre los acusados.

En los últimos días, la jornada para los cuatro niños ha sido distinta. Han dejado las clases para acompañar a sus padres a la Fiscalía y a estudios jurídicos en busca de ayuda.

Hernán Ulloa, defensor de los padres, dice que al presunto delito de violación se suman agravantes, como aprovecharse de una situación de superioridad docente, haber afectado a niño y usar sustancias que alteren el conocimiento o la voluntad de la víctima. “Por todo esto, la pena podría sumarse a 30 o 32 años”, advierte.

El hijo de Martha le contó que el maestro lo amenazó de muerte si confesaba algo. Los exámenes médicos del niño descartaron lesiones por penetración anal y eso es, en parte, un alivio para ella. “Gracias a Dios no hubo un daño de ese tipo, pero el daño psicológico que le hizo a mi hijo no se lo quitará nadie”.

En contexto

En junio, el Ministerio de Educación emitió el instructivo para atender casos de violencia sexual, cometidos o detectados en los planteles educativos. Según esta cartera, 340 docentes han sido investigados por abusos sexuales en los últimos cuatro años.

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