11 de enero de 2018 00:00

Profesor condenado en el caso Principito evadió control y se fugó

Allegados al menor, afuera de la Corte Provincial de Pichincha durante una audiencia. Foto: Alfredo Lagla, Archivo/ EL COMERCIO

Allegados al menor, afuera de la Corte Provincial de Pichincha durante una audiencia. Foto: Alfredo Lagla, Archivo/ EL COMERCIO

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Sara Ortiz

Lucas aún tiene miedo de su antiguo profesor de deportes. Siente culpa, es tímido y le dificulta concentrarse en clases. Él no siempre fue así. Hasta sus cinco años era un niño alegre, comunicativo y expresivo. Pero el abuso sexual del que fue víctima en el 2014, dentro de su escuela, lo cambió.

Desde ese momento empezó la transformación del pequeño. Sus padres dedicaron su tiempo en buscar abogados, psicólogos y pasar gran parte del día en consultorios, juzgados en busca de justicia.

Cuatro años después, el martes, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió un nuevo fallo, pues inadmitió el recurso de casación que presentó el acusado José Valdivieso Larco.

Para Gissela Vaca, abogada de la familia, esta resolución confirma la sentencia de 22 años de cárcel que le fue impuesta en las primeras instancias. Sin embargo, la condena no se empezará a aplicar hasta que el hombre sea capturado.

La forma cómo evadió la justicia es ahora investigada. Vaca cree que fue “más que extraño”, pues el profesor, a cambio de no cumplir una prisión preventiva, debía presentarse cada lunes en el edifico de los Tribunales Penales de Pichincha, en el norte de Quito.

A finales del 2016, Vaca supo que Valdivieso llevaba meses incumpliendo la medida cautelar y lo que más le preocupó fue que el Tribunal nunca había alertado sobre aquello.

Recién en octubre del 2017, la Corte Provincial conoció de este hecho y ordenó el arresto.

En casos de delitos sexuales, el Consejo de la Judicatura ha sancionado a los jueces que no ordenan la prisión de personas acusadas. En estos delitos graves no aplica la sustitución de la prisión, pues para el Código Integral Penal “prima el interés del menor de edad”.

De hecho, el año pasado, un juez de la Unidad Penal de Calderón fue suspendido durante 90 días tras no haber ordenado el arresto de un sospechoso de haber cometido violación.

En ese entonces, la Judicatura dijo que permitir la libertad del procesado “vulneraba los derechos de la víctima y, adicionalmente, ponía en riesgo la presencia del acusado en el juicio penal respectivo”.

Para la familia de Principito, la fuga del profesor no fue una sorpresa. Siempre solicitó que se le ordenara la prisión, pues justamente tenía miedo que tras la sentencia se fugara.
Ahora, con el fallo que les da la razón solo esperan que su hijo supere ese suceso.

Este Diario buscó la versión de dos abogados del maestro procesado judicialmente, pero habían abandonado el caso.
Actualmente el niño sigue en terapia psicológica. Este tratamiento de cierta forma le ha ayudado, por ejemplo, a dormir. Sin embargo, los primeros años fueron más duros.

Principito empezó a tener miedo, se sentía inseguro de sí mismo y se volvió agresivo. El chico alegre y feliz se convirtió en uno niño triste. Su familia supo que algo malo le pasaba cuando manifestó un comportamiento sexual inapropiado con un amigo de su edad.
Sus padres se preocuparon e intentaron hacer que les contara lo que le pasaba. El papá, con quien más confianza tenía el niño, fue el primero en descubrir el abuso.

En ese momento empezaron los trámites legales. Pero para llagar a conseguir una sentencia favorable, los padres tuvieron que llevar su caso hasta la prensa y las redes sociales.

La decisión de hacer pública la violación de su hijo se dio después de que el juez Jaime Vayas Machado decidiera sobreseer al profesor. Ese fallo lo tomó el 8 de octubre del 2015.

Esa no fue la única irregularidad que se dio en el proceso. El juez que había liberado de culpa a Valdivieso había salido de su cargo sin haber redactado el fallo por escrito. Sin ese documento, los padres de Lucas no podían apelar o pedir que se revise la decisión.
Luego, el caso pasó a manos de otro juez, quien tampoco les entregó por escrito la decisión del sobreseimiento.

Aún sin la resolución escrita, la familia del pequeño apeló en la Corte Provincial de Pichincha, en donde los jueces Emilio Veintimilla, Mónica Bravo y Anacélida Burbano, resolvieron el 7 de abril del 2016 declarar la nulidad de la audiencia anterior. Es decir, el fallo en donde se resolvió la inocencia del profesor no era válido y el juicio debía repetirse.

A partir de ese momento, a las audiencias acudían amigos y personas que habían conocido del caso en las plataformas de las redes sociales.

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