12 de January de 2010 00:00

La Procuraduría dio un aval para las garantías

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Redacción Quito

La  Procuraduría General del Estado, mediante el oficio 17308, emitió un informe favorable para la suscripción de los términos de los proyectos del contrato para la construcción del nuevo aeropuerto de Quito.

Pero en el mismo documento, con fecha 16 de junio de 2005 y firmado por el entonces procurador, José María Borja, se solicita también que se acojan seis observaciones del contrato.

Fechas claves
En 2000 , en la presidencia de Gustavo Noboa se expidió el decreto ejecutivo 885, en el cual el Gobierno autoriza al Municipio de Quito la construcción, administración y mantenimiento  del nuevo aeropuerto  de Quito.
El  Ministerio  del Ambiente aseguró que la emisión de la licencia ambiental del proyecto   corresponde  a esta Secretaría de Estado. El  proyecto  recibió un permiso ambiental  del Municipio, el  26 de diciembre de 2005. 
La Resolución  de las garantías municipales   fueron aprobadas  en la sesión extraordinaria del 17 de junio de  2005. Los 17 implicados en las investigaciones por las garantías presentaron sus alegatos el 7 de mayo de 2009.

Los documentos que recibieron observaciones fueron los de concesión,  de construcción, de novación al acuerdo maestro de cesión y consentimiento. Los literales 5 y 6 son recomendaciones relacionadas con las garantías municipales. Una de ellas manifiesta que “es preciso anotar que los términos y condiciones de los distintos contratos a suscribirse para las finalidades puntualizadas son de competencia exclusiva de las partes que intervienen”.

Andrés Vallejo, ex vicealcalde de Quito,  afirmó que este documento de Procuraduría  avaló la firma del  Consentimiento y Garantía  Municipal firmado en marzo de 2006.  Este texto es señalado por Vallejo como defensa al dictamen emitido por el  Fiscal de Pichincha, Marco Freire, donde se lo señala como presunto autor de peculado, junto a Paco Moncayo, ex alcalde de Quito y a otros  ex funcionarios municipales y  miembros de Quiport, concesionaria del aeropuerto.

El dictamen del fiscal señala que el Municipio no está en capacidad legal de firmar ninguna garantía financiera para proyectos de ninguna índole. Por lo que el documento suscrito en Nueva York en marzo de 2006 sería ilegal. “Solo el Gobierno Nacional, y  únicamente en casos excepcionales, está en capacidad de firmar”.

Sin embargo, Vallejo dijo que  le sorprende que se lo acuse de peculado cuando la garantía fue, en último caso, solo una promesa de cumplir posteriormente con ciertas condiciones que viabilicen el proyecto y que no comprometan recursos públicos.

El ex vicealcalde mencionó que una de esas garantías era la reubicación de las antenas de la radiodifusora HCJB. “Esta obra ya se ejecutó, es decir se cumplió”.

Philippe Baril, presidente de la concesionaria Quiport, ratificó que las garantías no son financieras sino más bien fueron garantías de cumplimiento de “una serie de obras que  correspondían realizar al Municipio. “Es decir no son garantías financieras”.

Ante esto, el fiscal Freire afirmó que existen suficientes datos relevantes sobre la existencia de delito, pues no se pueden otorgar garantías de ningún tipo. “Pues desde el punto de vista legal toda clase de garantía es real”.

Freire también mencionó que la investigación de la Contraloría, aunque no es vinculante, demuestra “fehacientemente que el Municipio entregó a Quiport la garantía financiera”.

El informe de Contraloría hace referencia sobre la naturaleza de las tasas aeroportuarias que se cobran en el actual aeropuerto de Quito. Hasta  2009, este dinero era recaudado por Quiport y eran consideradas como tarifas y las únicas garantías que tenían los prestamistas para recuperar la inversión del aeropuerto.

Baril señaló que la única manera de hacer efectiva la garantía de cumplimiento sería si el  Municipio quiere hacerse cargo del nuevo aeropuerto, antes de que concluya la concesión. En ese caso el Cabildo debería pagar lo que costó la nueva terminal aérea.   “No hay   garantía sobre el repago del aeropuerto y, pues eso era cubierto por  las tasas aeroportuarias”.

Dos funcionarios de Quiport también son señalados como cómplices de peculado dentro del pronunciamiento del Fiscal. Por ello, Baril señaló que serán defendidos porque no existen argumentos sólidos para realizar esas acusaciones. Además, aclaró que todavía se espera el pronunciamiento de la Tercera Sala de lo Penal de Pichincha, para saber si el caso continúa o no.

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