31 de March de 2010 00:00

La Procuraduría del Estado rechazó el fallo contra Ecuador en caso Chevron

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Redacción NegociosA través de un comunicado, la Procuraduría General del Estado señaló la noche de ayer que el fallo de un tribunal internacional en contra de Ecuador, que ordena una compensación a favor de la petrolera Chevron, desconoce el valor jurídico de sentencias dictadas por cortes ecuatorianas.

En este sentido, la defensa del Estado ecuatoriano rechazó el fallo de un Tribunal de Arbitraje constituido bajo el Reglamento de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), con sede en La Haya, el cual dictó un laudo que ordena al Ecuador pagar una compensación a las compañías Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company.  

La decisión adoptada por el Tribunal determina que el Ecuador no cumplió con su obligación de otorgar “medios efectivos para presentar sus reclamos y ejercer sus derechos”, prevista en el Tratado Bilateral de Inversión entre Ecuador y Estados Unidos de América.

Según la Procuraduría, “Chevron pretendía que este Tribunal determinara que las cortes ecuatorianas son corruptas y parcializadas y que, por lo tanto, se había producido una denegación de justicia bajo el Derecho Internacional”.

Sin embargo, el Tribunal concluyó que el Estado es responsable, bajo lo previsto en el Tratado, no por esas alegaciones de corrupción, sino por la lentitud de sus cortes en resolver reclamos que habían sido iniciados por Texaco en los años 90, compañía que fue adquirida con posterioridad (en el 2001) por Chevron.  

Estos casos estuvieron pendientes de resolver aproximadamente por 15 años (en primera y segunda instancia), sin que Chevron hubiera hecho esfuerzo alguno por impulsarlos.

El comunicado de la Procuraduría señala que la decisión emitida por el Tribunal no resuelve totalmente la controversia. “Es un laudo parcial sobre el fondo, en el cual se dispone que habrá una fase posterior para determinar el valor que debe ser descontado de la compensación a la que tendría derecho la compañía”.

De ahí que es inexacto afirmar que se haya ordenado al Ecuador pagar una compensación de USD 700 millones. “El valor que sea finalmente fijado en un laudo posterior, podrá ser disminuido hasta en un porcentaje aproximado al 87% del total, tomando en cuenta la legislación tributaria aplicable los contratos vigente a la época de su ejecución”.

Este caso se inició en diciembre de 2006, argumentando que varios juicios que había planteado Texaco en los años 90, por la aplicación de ciertos derechos nacidos de contratos que tenía la compañía con el Estado ecuatoriano, no habían sido resueltos oportunamente y que por lo tanto tenía derecho a una compensación.

El procurador General del Estado, Diego García Carrión, al tiempo de rechazar la decisión del tribunal arbitral, señaló que “en este momento  la defensa del Estado se encuentra analizando las opciones que le franquean el Derecho nacional e internacional, frente al laudo dictado por el Tribunal, para lo cual utilizará todos los mecanismos legales aplicables al caso.  

Este nuevo esfuerzo por doblegar al Estado ecuatoriano en su firme compromiso de respetar la independencia de su sistema judicial en general, y la independencia de la corte de Lago Agrio, no logrará su objetivo”.

El Procurador recordó en sus declaraciones que si bien la controversia en este caso no tiene relación directa con el juicio de Lago Agrio, es evidente que ésta es una muy bien orquestada estrategia de la compañía para evadir su responsabilidad ante una eventual decisión adversa (a la que ha hecho referencia en repetidas ocasiones la compañía) de las cortes ecuatorianas por su potencial responsabilidad en la destrucción del medio ambiente en el Oriente ecuatoriano.

El Procurador destacó además que el Tribunal, desde su particular punto de vista, omite en su fallo el tomar en cuenta las decisiones de los tribunales competentes del sistema judicial nacional en los casos materia del reclamo –un comportamiento contrario a elementales principios del Derecho Internacional–, lo que seguramente será apreciado con mucha cautela por otros países de la región, que al igual que el Ecuador, vienen realizando esfuerzos cuantiosos para modernizar sus sistemas de administración de justicia.

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