El exhorto de la Procuradora General de la Nación guatemalteca, Annabella Morfín, al presidente de su país, Jimmy Morales, a reconsiderar la intención de expulsar al titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, se dio después de que la Corte Constitucional frenara la orden del Jefe de Estado. Foto: EFE
La Procuradora General de la Nación guatemalteca, Annabella Morfín, exhortó el domingo 27 de agosto del 2017 al presidente de su país, Jimmy Morales, a reconsiderar la intención de expulsar al titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.
En este sentido, pidió al mandatario “cumplir con las resoluciones emanadas por los órganos jurisdiccionales”, en relación al amparo de la Corte Constitucional que deja en suspenso provisional la expulsión del colombiano Velásquez.
Morfin, apelando a su calidad de representante de la “unidad nacional” y teniendo en cuenta las repercusiones “políticas, sociales, económicas y jurídicas” nacionales e internacionales que provoca esta situación, solicitó al presidente Morales que reconsidere su decisión de declarar non grato al comisionado.
Por ello, en un comunicado le pidió esperar a que la ONU resuelva los planteamientos realizados, en referencia al criterio del Gobierno de que la Cicig se debe circunscribir a cumplir estrictamente con su mandato.
La decisión de Morales de declarar non grato al titular de la Cicig ha provocado manifestaciones en las calles de Guatemala, además de la renuncia de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y de varios de sus viceministros, así como del comisionado para la Competitividad, Enrique Godoy, y de la vicecanciller Ana María Diéguez.
Asimismo, y por motivos que se desconocen, Morales destituyó el domingo a su canciller, Carlos Raúl Morales, y al vicecanciller Carlos Ramiro Martínez, quienes habían recibido la orden presidencial de cumplir con los procesos para que Velásquez abandonase Guatemala.
La Procuradora pide además a todos los funcionarios que sigan en sus puestos para resguardar los intereses nacionales, a los medios de comunicación que informen de manera responsable y a la población que mantenga la calma y la confianza en el Estado.