17 de febrero de 2017 00:00

16 procesos judiciales de Petroecuador están bajo reserva

En el Complejo Judicial del norte de Quito, se desarrolla la audiencia del caso Petroecuador. En la sala, los abogados y miembros de la Fiscalía exponen el caso Capaya. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO

En estos expedientes, la Fiscalía ya ha imputado cargos contra sospechosos, los jueces los han llamado a juicio o los han sentenciado. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO

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Javier Ortega

Los 24 procesos judiciales abiertos por los casos de corrupción en Petroecuador están en Quito y Guayaquil. Nueve meses después de que estallara este escándalo, tras las revelaciones de los Papeles de Panamá, las investigaciones han avanzado en ocho casos.

En estos expedientes, la Fiscalía ya ha imputado cargos contra sospechosos, los jueces los han llamado a juicio o los han sentenciado, como ocurrió el jueves 16 de febrero del 2017 dentro del proceso abierto por cohecho.

Este es el único caso en el que hay una condena, aunque los abogados anunciaron que apelarán la decisión de los jueces.
En cambio, los otros 16 expedientes todavía están bajo reserva, según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado.

Es decir, en estos hechos los investigadores aún recopilan indicios para acusar a los sospechosos y todo se maneja bajo confidencialidad, según lo establece el artículo 180 del Código Penal.

La Fiscalía dice que hay avances en las investigaciones. Cita, por ejemplo, que al momento hay 109 investigados, 32 procesados, 21 allanamientos, 17 asistencias penales, 645 diligencias y nueve detenidos.

Pero tras la sentencia del miércoles se conoció que de los 16 sentenciados, solamente seis están en el Ecuador: Álex Bravo (exgerente de Petroecuador), Paquita de Mora, Sonia Calero y tres familiares de Bravo. El resto está prófugo y en ese grupo se encuentra el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli.

Cuando se conoció el caso Petroecuador, la Fiscalía ya fue cuestionada por una presunta falta de agilidad en las investigaciones. En esos días Byron Pacheco (Avanza) cuestionó al fiscal general Galo Chiriboga y el jueves 16 de febrero del 2017 volvió a hacerlo. “En este caso se debió haber actuado a pasos acelerados y con mayor agilidad”.
Pacheco asegura que el Fiscalía tenía los elementos suficientes para procesar a Pareja.

La tarde del jueves, el legislador Christian Viteri, (exAP, hoy independiente), también aseguró que hay “mucha lentitud en todos los procesos”.

Advierte que desde septiembre se han detectado casos con indicios de responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito y dice que no se han abierto instrucciones fiscales.

“Una vez que la Contraloría emite su informe, debe hacerse de forma inmediata (la imputación de los responsables)”.

En tanto, el jurista Wilson Velasteguí considera que la Fiscalía está aún en los plazos permitidos. “Una investigación previa puede tener un tiempo largo de duración, de uno a dos años”, dice el jurista.

Y aclara que la Fiscalía todavía no debe contar con indicios suficientes para imputar a más personas. “Incluso la Contraloría recién lleva adelante los exámenes especiales; hay que tomar en cuenta que para iniciar una instrucción fiscal se necesita contar con el informe de Contraloría. Si la Fiscalía no lo tiene, se van a demorar”.

Según el COIP (art. 585), en los delitos sancionados con cárcel de hasta cinco años, la investigación reservada durará hasta un año. Y en los que son penados con más de cinco años puede tomar dos años.

En octubre del año pasado, la asambleísta Mae Montaño pidió enjuiciar a Chiriboga. Y el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Mauro Andino, consideraba que la Fiscalía actuó “de forma lenta” en la investigación en contra del exministro de Hidrocarburos.

La tarde del 16 de febrero, la Fiscalía sostuvo que por pedido de esta institución se han retenido más de USD 10 millones en cuentas bancarias que fueron abiertas en Panamá e indicó que no habrá “más impunidad”. Además, menciona el decomiso de 19 bienes inmuebles (USD 7,2 millones), siete vehículos (USD 319 921). También aparece la incautación interna de 650 euros y USD 361 690.

Durante esa semana, además, ha asegurado que la Asistencia Penal de Panamá ha sido “prueba determinante”, para condenar a las 16 personas.

En el documento se establecerían las conexiones entre Carlos Pareja y Álex Bravo. De hecho, en la investigación por cohecho, el fiscal Juan Carlos Zúñiga aseguró que Bravo ejecutaba las órdenes de Pareja y que era parte de una “organización” que se “benefició de dineros ilícitos a cambio de otorgar contratos a empresarios”.
Zúñiga sostuvo que Bravo activó y manejó con sus parientes cinco compañías ‘offshore’ en Panamá. Estas son Girbra, Pidmg, Escart, RGH Investments y Capaya.

Los procesados

El caso Petroecuador ha originado investigaciones en contra de funcionarios públicos, empleados privados y contratistas petroleros. Existen expedientes que se iniciaron por enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, delincuencia organizada, lavado, cohecho, entre otros delitos.

Bravo y Pareja aparecen en más de un caso. Las personas procesadas por diversos delitos pueden acumular las penas hasta 40 años como máximo, según el Código Penal.

¿Qué pasará con los fugitivos? El fiscal general Galo Chiriboga recordó que los delitos en contra de la administración pública (peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y concusión) son imprescriptibles.

Eso consta en el artículo 233 de la Constitución. Allí se dice que los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas.

Por ahora hay más expedientes abiertos y para mediados de marzo está previsto que concluya la instrucción fiscal por delincuencia organizada.

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