Mery Verduga, presidenta del Comité de Ética de AP, el miércoles, 8 de noviembre, en el ECU911 de Quito. Foto: Diego Puente / EL COMERCIO
Un expediente se abrió en contra de los nueve integrantes de Alianza País (AP), que el 31 de octubre pasado removieron al presidente del movimiento, Lenín Moreno. La Comisión de Ética les dio 48 horas para que los aludidos argumenten la decisión.
Entre los nueve militantes están la secretaria ejecutiva de AP, Gabriela Rivadeneira; Ricardo Patiño, segundo vicepresidente de la agrupación, que fue promovido a presidente, tras la decisión de una parte de la Dirección Nacional de remover a Moreno del cargo. Y también siete directores provinciales que estuvieron en la sesión del 31 de octubre.
Este miércoles, 8 de noviembre, Rivadeneira dijo que actuó con base al estatuto interno y ratificó que “se ha expresado una falta de interés del presidente Lenín Moreno en la dirigencia de Alianza País”.
Patiño, por su parte, tenía previsto dirigirse a las bases ayer por la noche, en el espacio País en Movimiento.
Mery Verduga, presidenta de la Comisión de Ética de AP, confirmó que se enviaron las notificaciones a los dirigentes para que presenten sus descargos y con base a eso seguir el debido proceso.
La Comisión se reunió en Quito durante toda la mañana en un local cercano a la Asamblea. La pugna interna que enfrenta AP hizo que no pudieran ocupar las instalaciones del movimiento en el norte de la capital. Tampoco un local de un Comité de la Revolución Ciudadana (CRC), que previamente había sido elegido para la instalación de la reunión.
Verduga espera que los nueve interpelados expliquen por qué consideran que el presidente Lenín Moreno no ha mostrado coherencia con el proyecto político. Luego se tomarán otro par de días para resolver las posibles sanciones, si ameritara el caso.
En la reunión de la Comisión también estuvieron José Tenesaca y Mónica Guevara.
Faltó a la cita Édgar Córdova, quien renunció a su cargo con anterioridad. Argumentó que fue por “complicaciones en su salud” y evitó ahondar en detalles sobre la polémica interna del movimiento.
“Mi médico me pidió que no hable de estos temas porque la presión se me sube. Estoy muy mal con la hipertensión. He decidido dedicarme a los negocios familiares”, dijo.
Tampoco llegó Jorge Torres, exgobernador de Galápagos, quien criticó que no se le haya informado sobre el orden del día. Aunque los integrantes que se reunieron aseguraron que fue invitado, pero no llegó al encuentro.
Antes de la convocatoria de ayer, ninguno de los cinco miembros de la Comisión se había sentado a discutir casos de indisciplina o infracciones, porque las denuncias que se presentaban supuestamente llegaban incompletas.
Verduga reconoce que desde mayo pasado, cuando fueron posesionados por la Directiva Nacional, no se dio paso a ninguna sanción de consideración.
En el Código de Ética de Alianza País se establecen dos tipos de infracciones: leves y graves. La primera se puede sancionar con amonestación por escrito o la suspensión de los derechos de los adherentes por un tiempo máximo de hasta seis meses.
El segundo tipo se sanciona con la suspensión de los derechos del adherente desde los seis meses hasta los dos años y, en último caso, la separación definitiva del infractor de la organización política.
Verduga aclaró que ella sigue siendo la presidenta de la Comisión. En este sentido, ella restó importancia a la notificación que recibió la semana pasada, de la misma dirección nacional que cesó a Lenín Moreno, informando que también fue destituida.
Según la gobernadora de Santo Domingo de los Tsáchilas, el documento no tenía firma de responsabilidad. Tampoco se le dio el derecho a la defensa, como se establece en el estatuto del movimiento.
Ella señaló que por esas razones la resolución resulta ilegal. Esta medida en su contra, añadió, no será tomada en cuenta para procesar a los compañeros que decidieron sancionarla previamente. “Nos apegaremos al estatuto”.
La Comisión Nacional de Ética y Disciplina de Alianza País (AP) debe reunirse cada mes para conocer las denuncias que llegan sobre las infracciones cometidas por sus militantes.En estas citas se analizan y se resuelven las quejas que se presentan ante esa instancia o las que remiten las direcciones provinciales.
Ayer también se desarrolló en Quito una reunión entre los gobernadores y el secretario de la Gestión Política, Miguel Carvajal. Ahí se les pidió a todos conversar con las bases en las provincias, profundizar la explicación de la consulta popular y hablar del plan del gobierno Toda una Vida.
Pugna en el Legislativo
Solo un día después de que 47 legisladores firmaran un manifiesto de respaldo a Lenín Moreno y a la consulta popular, un nuevo incidente se registró entre varios de los aliados que firmaron la lista.
Verónica Arias, legisladora y dirigente del movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE), exigió la renuncia de Daniel Mendoza de una de las coordinaciones.
Según ella, el manabita tergiversó las declaraciones de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) cuando firmaron un respaldo al presidente Moreno y a la convocatoria de una consulta popular.
Pero por la tarde, otra integrante del bloque de aliados, Silvia Salgado, salió en defensa de Mendoza. “La bancada AP-Aliados conformamos 22 asambleístas. Respaldo al trabajo coordinación de Daniel Mendoza”, escribió en su cuenta de Tuiter.
En contexto
La pugna en AP fracturó a la dirección nacional. Un frente reconoce como su titular a Ricardo Patiño, mientras otro, a Lenín Moreno. El Presidente pidió a la Comisión de Ética que se revise el comportamiento de la directiva que lo desconoció como titular.